Vincular a los jueces con los terroristas, una idea con trabas
Por un lado, los magistrados gozan de independencia para evitar la injerencia de los poderes. Por otro, el presidente quiere atacar la corrupción
El espectáculo de impunidad que ha atestiguado el país en los últimos años, con jueces y fiscales que liberan a cabecillas, es motivo de preocupación.
Desde la Fiscalía, el caso Metástasis desnudó los nexos del narcotráfico con la justicia. De la causa principal podrían derivar otros procesos penales para más involucrados, como ya ha anunciado la fiscal general.
(También puede leer: Caso Metástasis: La política, un terreno fácil y al alcance del narcotráfico)
Desde el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa anunció que considerará a los operadores de justicia que colaboren con los criminales como parte de las organizaciones que pretenden sembrar el terror en las calles y en las cárceles.
Para el penalista Jorge Luis Sánchez, la aplicación de la iniciativa presidencial no tiene, hoy por hoy, una base legal.
Explica que en derecho, cada persona es responsable de sus actos y estos, para que constituyan un delito, deben adecuarse a lo que está tipificado. “El tipo penal de terrorismo no abarca actuaciones judiciales”.
El delito de terrorismo está tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona con privación de libertad de 10 a 13 años a la persona que “individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación (…)”.
“Si un operativo de la justicia coadyuva dentro de la organización criminal, cabe un delito de delincuencia organizada, como ha sostenido la fiscal Diana Salazar en el caso Metástasis”.
Vemos una justicia en donde la corrupción ha hecho metástasis. La depuración es necesaria y si para eso hay que procesarlos penalmente, es necesario hacerlo.
El exjuez Luis Alberto Fernández, con más de 22 años de trayectoria, explica con una frase su punto de vista: “Para grandes males, grandes soluciones”.
Él es de la idea que el presidente Daniel Noboa promueva reformas penales para endurecer el tratamiento de las infracciones de los operadores de justicia. “El sistema está profundamente podrido. No solo los jueces que están (procesados) en el caso Metástasis; son muchos más que venden sus fallos, que ayudan a que la población conviva con personas sumamente peligrosas”. Fernández recuerda que más de 90 % de los magistrados actuales fueron elegidos durante el gobierno correísta.
Este Diario se contactó con la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces para conocer su criterio, pero no hubo respuesta. En sus redes sociales, el organismo ha recogido la opinión del Grupo Iberoamericano que es parte de la Unión Internacional de Magistrados. Este colectivo alerta que hay intentos de intimidar a las autoridades y atacar su independencia, en especial cuando la fiscal Diana Salazar pide a la ciudadanía estar alerta de las actuaciones judiciales.
Desde el Colegio de Abogados de Pichincha, su presidente Paúl Ocaña ya se manifestó a favor de promover una ley de abogados que permita sanciones (aplicando desde multas económicas hasta la pérdida del derecho al ejercicio profesional), para aquellos abogados privados que se dedican a hacer del soborno su práctica de litigación.
- Acto. Otra iniciativa del presidente Daniel Noboa anunciada, pero aún no aplicada, es la exhibición pública de jueces y fiscales que liberan delincuentes.
Vincular a los jueces con un grupo terrorista es complejo, pero cabe en el tipo penal de delincuencia organizada. Hay que ver qué reformas promueve (el presidente).
¿Te gustó esta noticia? ¡Suscríbete aquí!
