El regreso a clases, sin infraestructura ni seguridad

Las dificultades están latentes. La pugna entre una Alcaldía de Guayaquil rígida y un Ministerio de Educación insistente convirtió el regreso a clases presenciales en un debate sobre el estado de las escuelas públicas. Padres y docentes están preocupados por la falta de agua potable y de baterías sanitarias.

Para la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, “el regreso a las clases presenciales no se refleja en el avance de la calidad educativa”. En realidad, según Vargas, “la pandemia ha evidenciado la verdadera situación del sistema” tanto en infraestructura como en la falta de capacidad de respuesta para la “fatiga pandemia” de los chicos. Según data recogida por la UNE, el 53 % de las baterías sanitarias de las unidades educativas fiscales urbanas del país no están en condiciones para su uso: faltan baldosas, puertas, partes de retretes o no son limpiados. En las unidades fiscales rurales, la problemática es mayor. El 36 % no tiene agua potable y tampoco tiene sistema de alcantarillado.

El colegio Otto Arosemena Gómez, ubicado en la 29 y la C, al sur de Guayaquil, es uno de los casos de instituciones en decadencia. Según el docente Raúl Herrera, la Unidad Educativa del Milenio quiso acogerse al retorno progresivo a clases presenciales. Pero su Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE), requisito para el regreso, no fue aprobado por las profundas deficiencias que enfrenta. “Hay alcantarillas colapsadas, baños destruidos, fugas de agua, infraestructura destruida y se robaron los servicios higiénicos”, dice Herrera y añade que ha sido principalmente por la falta de seguridad.

Para enfrentar estas    deficiencias, el 30 de agosto de 2021 el Ministerio de Educación presentó la campaña ‘Apadrina una escuela’, que tiene como objetivo coordinar acciones de la sociedad civil, sector público, empresa privada y cooperación internacional para “mejorar las condiciones de la educación en el país”. Entonces, la ministra María Brown reconoció que solo 2.136 de 12.383 instituciones educativas se encuentran en buen estado. Además, indicó que para la reparación de unidades se requiere $647 millones en cuatro años.

En entrevista con EXPRESO, el subsecretario de Administración Escolar, Juan Gabriel Casañaz, señaló que hasta enero de 2022 solo 123 de todas las instituciones educativas fiscales del país no están en condiciones para el retorno. “La cifra puede fluctuar, puede haber un deslave o inundación y perdemos una escuela”, dijo. Este Diario solicitó el ingreso al colegio Otto Arosemena Gómez, pero fue negado, según indicó Educación, por acogerse a las medidas del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y disposiciones de la Alcaldía de Guayaquil.

Por su parte, una de las madres de familia de este colegio, quien prefirió mantener el anonimato, señala que la autoridad de la institución “quiere que el colegio sea repotenciado” y que “no iba a esperar a que el Ministerio (de Educación) meta mano”. Por ello, aseguró que el rector “quiere que cada padre de familia ponga de $ 1 o $ 2 para poder recoger, mínimo, $ 5.000 y hacer adecuaciones”. Sin embargo, Casañaz señala que “en ningún momento el Ministerio, a través de Apadrina, ha recibido recursos”.

Hace hincapié en que, por ejemplo, si la comunidad desea colaborar con la pintura, no se solicita efectivo, sino que    “la entreguen directamente a la escuela”. También indica: “estamos haciendo un control permanente de la situación en nuestras instituciones”. Pero al consultarle sobre las acciones ante los casos de cobros indebidos, el funcionario responde que “se verifica, se presentan las denuncias ante las autoridades competentes y, en ciertos casos, se lleva un proceso administrativo”. Además, en el tema de seguridad en las escuelas y colegios públicos del país, Casañaz indica que “muchas (instituciones educativas) han sido vandalizadas, pero es importante considerar la magnitud”. Esto como referencia a que en Ecuador hay 12.323 unidades y que “sería prácticamente imposible que la Cartera de Estado pueda dotar, de al menos un guardia, a todas las instituciones”.

Los problemas antes mencionados son consecuencia, según Vargas, de la falta de presupuesto. “No tener los recursos perjudica en todo”, dice, y añade que “no hay para infraestructura y toca buscar padrinos, es decir, pedir caridad a los padres de familia”. Sin embargo, el subsecretario Casañaz explica que el Ministerio ya tiene asignado el presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura educativa. Según la autoridad, para el 2022 se destinarán $ 30 millones para el mantenimiento físico de las unidades educativas en gasto corriente. Además, indica que cuentan con $ 110 millones para proyectos de inversión.

Sobre las escuelas y colegios en malas condiciones, Casañaz indica que es difícil decir cuántas, de las 123 unidades, serían recuperadas este año. Señala que hasta diciembre se hizo el levantamiento de información sobre el estado de la infraestructura para “implementar los mantenimientos”. Sin embargo, indica que “no podría decir que hasta fin de año el 100 % estará rehabilitado porque hay situaciones diferentes”.

El 3 de enero pasado, la ministra Brown anunció que “ las actividades presenciales se mantendrán en las instituciones educativas con el Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE) aprobado”. Esto, a pesar de los casos de profesores contagiados en la red pública de educación. Luego, la Cartera de Estado destinó la semana del 10 al 14 de enero “para recibir las dosis contra la COVID-19”.    Educación tenía previsto el regreso progresivo a las clases presenciales para el 17 de enero. Pero, debido al incremento de contagios por coronavirus en el país, el COE nacional decidió la suspensión del retorno por una semana más.

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Con temor a denunciar

EXPRESO conversó con profesores y padres de familia sobre el estado de las unidades educativas. Casi todos pidieron la reserva de su identidad por temor a represalias. Una profesora de la Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez, en Monte Sinaí, denuncia que su institución no puede mantener medidas de bioseguridad porque “no tenemos lavamanos, no tenemos agua”. Por su parte, una de las madres de familia del colegio Otto Arosemena Gómez, indica: “nuestro colegio no cuenta con servicios básicos como luz, agua, sanitarios”.