La regularización migratoria, medida que llega con atraso
Por decreto se abrió un nuevo proceso. La medida estaba postergada desde 2022. Extranjeros observan con temor un nuevo éxodo
El pasado 23 de agosto, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 370, que otorgará amnistía migratoria a la población venezolana que cumpla con ciertos requisitos para acceder a la Visa de Residencia Temporal de Excepción VIRTE II, un documento emitido en 2022 y que tenía una validez de dos años.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 191.548 ciudadanos accedieron a esa visa, la cual está por caducar. De no haberse tomado una medida, esa misma cantidad de personas habría quedado como indocumentada en Ecuador.
Este número se sumaría a los cerca de 300.000 migrantes de ese país que, según estimaciones de organizaciones sociales de ayuda a esta población, se encuentran en situación irregular.
El proceso debía iniciarse en diciembre de 2023, pero con la declaratoria de muerte cruzada por parte del expresidente Guillermo Lasso se gestionaron las elecciones anticipadas y el tema pasó a un segundo plano.
Desde 2018, se han ejecutado tres procesos de regularización. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, esta vez se aceptará la cédula venezolana con hasta cinco años de haber caducado. La principal razón es que en Ecuador no hay una delegación diplomática de Venezuela que pueda asistir a sus ciudadanos, debido a que se rompieron relaciones en abril pasado.
Betzabet Jaramillo, presidenta de la fundación Yo Te Apoyo, enfatiza que el mandato es muy útil porque ofrece una solución para quienes estaban en peligro de quedar en condición irregular, o para aquellos que tenían familiares con los papeles listos, pero no alcanzaron a obtener la VIRTE. No obstante, advierte que dadas la crisis política y de seguridad en su país muchos de sus compatriotas quedarán sin la ayuda oportuna.
“Agradezco el proceso porque favorece la inclusión, pero justo ahora es insuficiente porque desde las últimas elecciones, quienes salen, no lo hacen por turismo o por oportunidades, sino para salvar sus vidas. Con Diosdado Cabello como ministro del Interior, persiguen a todos, sean políticos o no, y ya hemos visto detenciones injustificadas, incluso de menores de edad. Si esto hubiera ocurrido el año pasado, otro sería el panorama”.
Una de las alternativas que plantea es abrir una especie de censo o registro especial para aplicar como refugiados, aunque comprende la situación que atraviesa Ecuador con sus propios problemas de seguridad y economía.
Jaramillo destaca que, según estudios realizados por su organización con asistencia internacional, un 30% de los migrantes quedaría fuera de la regulación bajo el decreto 370.
Por su parte, el Gobierno ecuatoriano ha informado que será el Ministerio del Interior, mediante las alertas generadas por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), en coordinación con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, quien determinará el riesgo o amenaza a la seguridad y estructura del Estado que pueda representar un solicitante de visa.
Sobre este tema, el experto en seguridad Daniel Pontón considera que el quiebre de relaciones diplomáticas no es un impedimento para identificar a quienes, bajo el pretexto de aspirantes a asilo o solicitantes de la VIRTE, no tengan buenas intenciones de trabajar o aportar al desarrollo de Ecuador.
“Se deberá suplir esto con otras fuentes, antecedentes legales y administrativos en Ecuador, tiempo de permanencia en el país, entrevistas y perfilamiento. Se debe definir un protocolo muy estricto. No lo veo tan difícil. Se puede lograr”.
Uno de sus argumentos es que el decreto ejecutivo establece que podrán acceder a este beneficio quienes hayan ingresado antes del 15 de agosto de 2023. Por ende, las instituciones nacionales ya deberían tener identificados a los posibles solicitantes de la visa.
Requisitos para aplicar a la VIRTE
Solicitar el formulario de solicitud de visa, el mismo que será gratuito. También pagar el costo de la visa y la orden de cedulación. Presentar la cédula y pasaporte. El proceso de regularización tendrá un plazo de ocho meses, desde el pasado 23 de agosto. Interior y Cancillería deben emitir los reglamentos para cumplir con el proceso. La visa será de un período de dos años.
