Una remoción masiva, el vaticinio en el Consejo de Participación Ciudadana
Consejeros defienden la eventual salida de la presidencia de Sofía Almeida. En la Asamblea se habla de juicio político contra la nueva mayoría
Va camino a convertirse en un cuento de nunca acabar. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no se descarta que la eventual remoción de la presidenta Sofía Almeida no sea la única y la última. La nueva mayoría está decidida a deshacerse de todos quienes consideran obstáculos para el funcionamiento de la entidad.
Ayer, el movimiento de las consejerías fue intenso, pese a que el trabajo en el CPCCS se mantiene virtual. Los equipos jurídicos, de ambos bandos, analizaban los argumentos y escenarios que se podrían producir cuando se reanude la sesión y se vuelva a abordar la salida de Almeida de la presidencia.
La funcionaria sostiene que el pleno del organismo no tiene entre sus competencias la remoción del presidente o el vicepresidente del CPCCS. “No pueden ejecutar una acción ilegal, sería hasta un delito de usurpación y arrogación de funciones que puede acarrear acciones legales contra ustedes”, dijo Almeida.
Pero para el consejero Francisco Bravo, la remoción de la presidenta Almeida es un hecho, más allá de sus advertencias. Repite un aforismo común para estos casos: en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Es decir, que el pleno la eligió y el pleno le puede quitar el apoyo, aunque eso no significa que perderá su calidad de consejera, algo que solo puede hacer la Asamblea Nacional a través de un juicio político.
De ser este el caso, asumiría la presidencia el vicepresidente del CPCCS, David Rosero, quien ha sido un aliado incondicional de Almeida, al punto de que advirtió que enviará a la Fiscalía General del Estado y al Legislativo el pedido de remoción y la votación de apoyo a la propuesta de Bravo.
¿Qué esperan que cambie? “No es que Rosero va a llegar y hacer lo que le da la gana, seguir o emular a Almeida. Él no va a boicotear el trabajo del Consejo de Participación que se paga con fondos públicos. Y si lo hace, el Código Orgánico Administrativo (COA) también establece un procedimiento”, argumentó Bravo.
Por ahora, el vicepresidente Rosero ya suma una ‘mancha’ para la nueva mayoría. Suspendió sin justificación aparente la sesión que fue declarada como permanente y en la que se debía tratar la pérdida del cargo de Almeida.
En horas de la tarde de ayer, la presidenta Almeida hizo una convocatoria para una sesión extraordinaria que se prevé desarrollar la tarde de hoy sábado a través de plataformas telemáticas, que es como ha venido trabajando el organismo desde el inicio de la pandemia.
Aunque los temas de coyuntura son otros, el único punto del orden del día se refiere a recibir a Julio César Acosta, que acude como representante de una empresa salera de la provincia de Manabí.
Un contraataque se gesta desde Asamblea
Los integrantes del bloque ‘rebelde’ de Pachakutik se reunieron la noche del jueves y resolvieron impulsar un juicio político en contra de los consejeros de Participación que votaron por incluir en el orden del día la posible remoción de Almeida.
El asambleísta Mario Ruiz le dijo a este Diario que para hoy está previsto buscar acercamientos y mantener reuniones con otros bloques legislativos, con el objetivo de alcanzar la firmas de respaldo para el inicio de la fiscalización.
El proponente será Salvador Maita, asambleísta por Loja, que en varias ocasiones ha denunciado un supuesto intento del Gobierno de tomarse el Consejo de Participación para la selección de autoridades.
Este bloque, que en diciembre anunció su independencia del resto de la bancada de Pachakutik, espera tener hasta el lunes las firmas de apoyo para iniciar el enjuiciamiento a Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa.
