La resistencia es indigena

El movimiento indígena y los sindicatos de trabajadores de Ecuador dijeron que mantienen activas las protestas y continuarán en las calles en todo el país hasta que el presidente Lenín Moreno desista de las medidas fiscales. Incluso adelantan que radicalizarán las acciones decretando un estado de excepción indígena.

“Ante la brutalidad de las fuerzas militares, y en ejercicio de nuestro derecho a ejercer justicia, declaramos estado de excepción en los territorios indígenas. Militares y policías que se acerquen a nuestros territorios serán retenidos y sometidos a justicia indígena”, resaltó la Conaie en un comunicado oficial.

La amenaza se cumplió. Ayer, un grupo de 43 militares fue retenido cerca de Alausí, Chimborazo. Ellos, según los líderes comunales, no fueron maltratados pero su liberación depende de negociaciones con el Gobierno central.

No es la única medida de resistencia. Ayer, grupos indígenas cerraron calles y alteraron el orden público en varias provincias de la Amazonía y la Sierra centro. Un grupo numeroso de representantes de los pueblos y comunidades tiene como propósito llegar a Quito en las próximas horas para marchar hasta sitios como Carondelet. El Centro Histórico permanece cerrado y con paso restringido para evitar nuevas expresiones violentas.

Según los representantes de pueblos indígenas, hay movilizaciones en diferentes puntos. Los reportes en los sitios daban cuenta de, por ejemplo, bloqueos en la troncal amazónica desde el kilómetro 50 vía Puyo. En la comunidad Shuar Tsurakú. Así se repetían actos durante la jornada de ayer.

La respuesta militar no se hizo esperar. Ecuador, por orden del Ejecutivo, está dentro de un estado de excepción que durará cerca de dos meses. Personal de la Brigada de Fuerzas Especiales N.° 9 Patria realizó, por ejemplo, actividades de seguridad, control de sectores estratégicos y mantenimiento del orden y la libre circulación de las principales vías desde el sector de Panzaleo, E35, hasta Machachi, en Pichincha. Ejercicios similares se hicieron en Tungurahua y Chimborazo.

Los soldados, según la comunicación oficial, garantizaban la libre circulación.

En Cañar, de su parte, el Grupo de Artillería Lanzadores Múltiples N. ° 80 Calderón despejó “la mayor cantidad de vías en el cantón Cañar”. Aquí también trabajó la policía nacional y agentes de Tránsito.

Los reportes mostraron, además, diferentes acciones en provincias de la Costa. En Guayas, por ejemplo, el personal uniformado resguardó el mercado mayorista Montebello, “para garantizar la distribución y expendio de productos de primera necesidad hacia la ciudadanía, para contribuir y proteger los derechos, libertades y garantías”.

Los colectivos sociales tomaron esas respuestas como amenazas y hasta responsabilizaron al gobierno de Lenín Moreno de lo que pueda suceder a las personas que están obstaculizando las vías.

La protesta comenzó el jueves con la decisión de los transportistas de suspender el servicio para presionar al Gobierno a derogar su decisión de poner fin a los subsidios al diésel y la gasolina extra, a la que se fueron sumando movimientos sociales, indígenas y estudiantes.

Sin embargo, el sindicato desistió la noche del viernes de su protesta y retomaba paulatinamente ayer y hoy la operación de sus unidades de buses y taxis, pese a no tener ningún acuerdo con el Gobierno, según sus líderes.

“Continuamos con la protesta en cada uno de nuestros territorios. No nos va a debilitar el alza de paro de los transportistas (...), el movimiento indígena está en movilización indefinida en todo el país”, dijo Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

“Con cárcel o sin cárcel la decisión está firme”, agregó vía telefónica a Reuters, al informar que varias carreteras a lo largo del país están bloqueadas por comunidades indígenas. Las protestas del jueves se tornaron violentas en varios ciudades del país, registrando disturbios y destrozos de bienes públicos, lo que obligó a Moreno a declarar un estado de excepción por 60 días y a detener a unas 379 personas hasta la noche del viernes, entre ellos líderes de los transportistas.

El mandatario ha dicho que no desistirá de su decisión de poner fin a los subsidios, que han estado vigentes por décadas, y que está abierto al diálogo para evaluar medidas de compensación para los sectores que se vean más afectados.

El Gobierno anunció que estudia una revisión de las tarifas para el transporte en todas sus modalidades, pero que no será proporcional a los nuevos precios de los combustibles. Aún así se mantiene el paro nacional del 9 de octubre.