Los resultados del estado de excepción se reflejan en su opacidad

En su última entrevista televisada, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, enfatizó que “no se puede comparar cómo vamos en esta lucha con el conflicto interno a solamente con lo que pasa por un fin de semana”.

Esto luego del asesinato de la alcaldesa del cantón manabita San Vicente, Briggite García; además de un tiroteo en Quito; un ataque armado contra el alcalde de Balzar, Galo Meza; y el incremento de casos de secuestro y extorsión.

Sin embargo, horas después de su intervención hubo una revuelta en las cárceles y en lo que va del fin de semana han ocurrido un secuestro múltiple en un hotel de Puerto López que terminó en una masacre, la muerte violenta de una familia en Durán y un tiroteo en Manta, donde falleció incluso un militar en servicio activo.

Para el experto en seguridad Diego Pérez, los decretos 110 y   111, que establecen un estado de excepción y la declaratoria de la guerra interna, “son una pastilla para el dolor... Alivia pero no cura, porque el problema sigue ahí”.

La finalidad de la medida impuesta desde enero pasado, según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, era que las organizaciones criminales sean reconocidas como grupos terroristas, convirtiéndose ahora en un objetivo militar.

Según la institución castrense, hasta las 06:00 del viernes 29 de marzo se habían realizado 219.445 operativos, en los que se detuvo a 16.933 ciudadanos; pero de estos, apenas 280 son señalados como terroristas.

Estos resultados no habían sido publicados desde el pasado 10 de marzo, poco después de que Diario EXPRESO evidenciara que la efectividad de esos controles era del 2,9 %, pues en la Fiscalía se habían iniciado apenas 181 denuncias o pedidos de investigación por terrorismo. Y en el Consejo de la Judicatura se habían iniciado 76 causas por el mismo delito desde la declaratoria.

Frente a esa realidad, este Diario le solicitó al Ministerio de Finanzas que detalle cuánto se ha destinado para la puesta en marcha del estado de excepción y el conflicto armado interno.

Dicho pedido buscaba conocer cuánto significaba para el Estado ecuatoriano asignar recursos que provienen del ciudadano para la movilización de militares, alimentación de uniformados, gastos de gasolina, si se ha comprado armamento y más acciones de la guerra interna.

Y tras dos semanas de insistencia para la entrega de esta información, recibimos datos del presupuesto general del Estado. La entidad se limitó a decir que existen 3.029 millones de dólares para el área de seguridad. Y que de ese rubro, hasta el 11 de marzo se han utilizado 448 millones de dólares para las entidades que conforman el    sector de la seguridad en el país.

Una respuesta muy inquietante para el experto penal Johan Paúl Egred, porque además de no responder lo solicitado, hay silencios sobre el plan Fénix y se desconocen los lineamientos a seguir en políticas públicas hasta el fin del periodo de Daniel Noboa.

“En lo público debe regir la eficiencia del gasto público. En seguridad tiene que reflejarse en la disminución permanente de los índices de violencia, o al menos en la contención. Y como eso no ha sucedido, no se está siendo ni eficaz ni eficiente”.

Pero Egred dice que eso no es lo más grave del tema, sino el hecho de que no se puede establecer al menos un indicador que determine si se avanza en la ruta correcta, porque desde el inicio del régimen se mantienen en reserva las metas a alcanzar en periodos inmediatos, medianos y de largo plazo. “Si nos lanzan puras cifras sin indicadores ni metas planificadas y realidades que no cambian, no sirve de nada”, advierte.

• Sobre la atención en las crisis de seguridad

El presidente Daniel Noboa dispuso la creación de un comité de manejo de crisis de seguridad a través del Decreto Ejecutivo 213. Este nuevo mandato estipula que será “un órgano directivo de alto nivel, encargado de coordinar y unir acciones interinstitucionales de la Función Ejecutiva en momentos de crisis de seguridad, para articular la respuesta y la toma de decisiones inmediatas que permitan solucionar la crisis”.

En ese mismo documento se definió a las crisis de seguridad como “conflictos internos o externos,    guerras civiles, motines y graves alteraciones al orden de los centros de privación de libertad; insurgencias o irrupciones extranjeras y ataques terroristas perpetrados por grupos locales o internacionales, que puedan causar pánico, muerte, destrucción y una sensación de inseguridad generalizada en la población”. Y se incluyó nuevos aspectos o amenazas que deriven de ataques cibernéticos, robo de datos, sabotaje de infraestructura crítica o desinformación en línea, “que pueden tener un impacto significativo en la seguridad nacional y la estabilidad social”.

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