El reto de dos urbes frente a la inseguridad

“¡Ya no más, que vamos llenos...!”. Lo que parecía el reclamo de un grupo de pasajeros al conductor de un bus, por el aparente miedo al contagio de la COVID-19; fue más bien un termómetro del temor que hay a otra pandemia que agobia, particularmente a las dos ciudades más pobladas del país: la delincuencia común y el crimen organizado.

Quito y Guayaquil, que entre ambas agrupan a más del 31 % de la población nacional (aproximadamente 17’5 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC), se debaten en una histórica lucha contra el microtráfico, que ya sofoca a barrios enteros y coloca al Puerto Principal en cifras alarmantes de homicidios intencionales: 591 de enero a septiembre de este año, 262 más que todo el 2020, según cifras del Ministerio de Gobierno. Una cifra que podría subir estrepitosamente con las muertes violentas de octubre y lo que va de este mes. La mañana de ayer se reportaron 51 asesinatos, en una nueva masacre al interior de la Penitenciaría del Litoral.

La inseguridad es uno de los mayores problemas que enfrenta la urbe, cuyo aporte económico representa más del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por lo que constituye un motor del crecimiento del Ecuador, a decir de las últimas cifras que publicó el Ministerio de Finanzas en 2019, antes de la pandemia. Del total de recaudaciones tributarias a nivel nacional, de entre enero y agosto de 2018, Guayaquil aportó con el 27,44 %, es decir, con 2.680 millones de dólares.

Su crecimiento económico se estancó con la llegada de la COVID, que llevó a la paralización de actividades y al cierre de cientos de negocios por los confinamientos. Para entonces, la Cámara de Comercio de Guayaquil consideró una caída de $ 591 millones en ventas, principalmente del comercio.

Los más afectados fueron los restaurantes, la recreación y diversión, el turismo y alojamiento (hoteles), por las restricciones que se tomaron ante la llegada de un ‘enemigo invisible’.

Pero la vacunación, la eliminación de aforos como parte de esas restricciones permitieron a la ciudad encaminarse hacia la reactivación económica que, a mayo de 2021, ya reflejaba una mejoría en sus ventas acumuladas, en $ 16 millones, según la Cámara de Comercio. Un 16 % más en relación a 2020, que fue de $ 14 millones.

En el primer trimestre de 2021, Guayaquil tenía una población económicamente activa (PEA) de 1,2 millones de personas. Los que estaban en el desempleo sumaban 1,1 millones y 304.619 ciudadanos en el subempleo, según el INEC.

Pero, a pesar de esa reactivación económica, la urbe porteña se ubica como la tercera ciudad de Ecuador con mayor pobreza, con el 8,90% de su población. Las carencias saltan a la vista en sectores como Monte Sinaí, Ciudad de Dios, en el norte de la ciudad.

No obstante, lejos de esa penumbra se abrieron nuevos espacios como la calle Panamá, en el centro de la urbe, que desde el 6 de septiembre fue peatonalizada para brindar un ambiente de esparcimiento a las familias. Es un círculo turístico que une a la emblemática 9 de Octubre, Las Peñas, el Malecón 2000, donde se reactivó además la Policía Turística para dar más confianza a los visitantes.

Se han dado ferias gastronómicas como Raíces, que permitieron la reapertura de locales y también la diversión nocturna en la zona rosa de un Guayaquil dinámico, donde sus habitantes lo que más claman es seguridad; para lo cual el Municipio asegura que ha invertido $ 24 millones, en compra de vehículos, cámaras de seguridad, alimentación de policías, entre otras cosas. Y es que el 90 % de las muertes son atribuidas al tráfico de drogas por ‘ajustes de cuentas’ entre bandas delictivas.

Eso, en medio de una delincuencia común que también se aprovecha y crece sin tregua, a pesar de la presencia militar en las calles y más de 3.500 agentes de Grupos Especiales de la Policía Nacional. Una situación que llevó al presidente Guillermo Lasso a decretar, el pasado 19 de octubre, el estado de excepción por “grave conmoción interna”, durante 60 días; y a un mes de las operaciones que ejecutaba la Unidad de Intervención policial en 257 puntos de consumo de drogas, detectados en Guayaquil. Uno de los sectores priorizados fue el Circuito Guasmo 1, al sur, que a esa fecha registraba 85 asesinatos.

El exministro de Gobierno, Mauricio Gándara, no ve otra salida a ese problema si no existen políticas extremas, como la legalización del consumo de drogas, algo que el “país no estaría en capacidad de enfrentar”. A la par, observa otra situación que ha puesto a la ciudad en jaque en los últimos meses: la crisis carcelaria. “No creo que Ecuador pueda salir del problema tal como está, sin la asistencia de cuerpos policiales de países amigos como Francia, Alemania, con asistencia técnica, lo de aquí es un fracaso, es un negocio interno permanente (en la cárcel)”, particularmente la Penitenciaría del Litoral, donde todos los días suenan alertas, como la de ayer.

Para Quito, los retos en su seguridad no son iguales a los de Guayaquil, aunque sus realidades sociales no son tan diferentes. Si bien en este año hay un repunte en los robos, sus principales problemas son de tipo social: consumo de licor, riñas, mendicidad y asaltos.

Desde el Municipio, la clave es la intervención del espacio público. Una acción concreta que se realiza desde octubre es iluminar 40 calles y parques que, según las llamadas de emergencia, registran asaltos, robos o problemas de convivencia. “Estas articulaciones estamos haciendo para reducir los espacios inseguros, mientras más iluminado es un lugar más seguro es”, indica Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad del municipio capitalino.

En la avenida Cardenal de la Torre, en el sur, la colocación de luminarias ha servido para que los jóvenes hagan deporte en la noche. “Cortaron el césped y volvieron a pintar el parque. Y cuando cambiaron los focos quemados dejó de llegar un grupo de chicos que se drogaba”, dice Guadalupe Velásquez, moradora de El Calzado.

Este barrio, ubicado en el Distrito Eloy Alfaro, es el segundo más poblado. El 96 % de sus habitantes tiene una vivienda adecuada, el 100 % cuenta con agua, electricidad y saneamiento. El 56 % posee Internet y el centro de salud más cercano está, en promedio, a 350 metros, indica el portal Ciudades Incluyentes, un proyecto de la Unión Europea, el que mide los indicadores sociales, económicos y de seguridad.

La realidad de Quito, en datos, demuestra que incluso en los barrios más pobres como La Bota, el 71 % de la población tiene una vivienda adecuada.

Para Valarezo, estos indicadores demuestran que “el tejido social no se ha deteriorado tan drásticamente”, pese a la pandemia, la crisis económica, como la falta de empleo.

Los datos del Ministerio de Gobierno indican que en Quito los problemas de inseguridad son sobre todo los robos y los conflictos ciudadanos.

Según las denuncias, el día que más robos a personas hay son los viernes, entre las 12:00 y las 18:00. En cambio, los días que más riñas se reportan son los sábados de 18:00 hasta la medianoche, cuando aumentan las llamadas de emergencia por fiestas y el consumo de licor en parques o la vía pública.

Si bien las muertes violentas han aumentado, igual que en Guayaquil, la principal motivación son los problemas sociales. Es decir, la mayoría de homicidios se dan por riñas. En cambio en Guayaquil, las muertes están asociadas a la criminalidad y más específicamente al tráfico de drogas.

Para Patricio Coba, coordinador de la Asamblea de Quito, la clave para mejorar la seguridad es a través de la participación de los ciudadanos. “Quienes más saben cómo está su barrio y cuáles son sus necesidades son los habitantes”, indica el dirigente.

La Asamblea de Quito es la organización civil más importante, ya que reúne a los 81 presidentes de las parroquias, elegidos por sus moradores.

Su rol en la política pública de la ciudad es importante, ya que los presupuestos, la planificación anual, la ejecución de obras y el cumplimiento de metas deben ser expuestos ante los líderes. “En seguridad necesitamos mejorar las UPC, pero también tener centros culturales, lugares para los jóvenes, debemos tener mingas para arreglar parques”, dice Coba.

Cumbayá es un ejemplo de apropiación urbana y participación de su comunidad.

A partir de la pandemia, mientras decenas de restaurantes agonizaban, nació el colectivo Laboratorio Urbano. Es un grupo conformado por dueños de negocios como restaurantes, cafeterías, bares y artistas que lograron hacer peatonales varias calles de esa parroquia. Sacaron las sillas y mesas; colocaron música y arte y vieron como la gente comenzó a llegar.

Cada fin de semana hay música en el espacio público, se ofrece juegos para niños, la gente puede llegar en bicicleta o con sus mascotas. La plaza central está iluminada y bien cuidada porque la empresa privada apoya en su mantenimiento. En los últimos tres meses más de 30 negocios se han abierto y la misma idea ya se reproduce en otros barrios como La Mariscal.

Entrevista 

Andrés de la Vega

Participó en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030. Es docente de Jurisprudencia de la PUCE y consultor en seguridad integral.

"Los municipios deben planificar sus ciudades"

Son las urbes más pobladas. En la una está el comercio y en la otra el poder político. Frente a los desafíos de la inseguridad sus factores sociales marcan la diferencia.

¿Cuál es la ciudad más excluyente con el ciudadano?

Guayaquil, y es porque no hay una buena planificación urbana, hay muchas invasiones. No se cumple el derecho a la ciudad que consagra la Constitución, es decir a tener un hábitat en donde existan servicios básicos, seguridad, transporte público. Esto configura ecosistemas de mayor y menor violencia.

¿Cómo se relacionan los factores sociales con la inseguridad de estas urbes?

Debemos analizar las vulnerabilidades y las amenazas. Por un lado están la pobreza, el desempleo, urbes mal planificadas. ¿Cuáles son las amenazas? Las economías criminales como el narcotráfico. Los ecosistemas de vulnerabilidad social son el caldo de cultivo para la inseguridad.

¿Cómo debería abordarse este tema desde el gobierno?

Desde el gobierno central hay un error que es haber fusionado la gestión de seguridad y la gestión política. Esto ha producido que se desatienda a la Policía. La experiencia internacional dice que debe existir un control civil sobre la Policía. Recién el miércoles 10 de octubre pusieron un viceministro del Interior. Y, tercero, evaluar constantemente la gestión policial mediante estadísticas.

¿Y desde la iniciativa privada y desde los municipios?

Los GAD deben entender que para mejorar la seguridad se debe planificar. Ellos deben cofinanciar los servicios de seguridad como las UPC. Deberían incentivar la apropiación de la ciudadanía de su barrio. Hay que tener parques y hacer que cosas buenas pasen allí. Por ejemplo, que un parque sea mantenido por los comercios que están alrededor. Se deben aproximar a las pandillas con iniciativas de inclusión.

¿Qué políticas han dado buenos resultados?

Mejorar las condiciones de vida de la población. Si la gente tiene trabajo ya no pasa a integrar esas economías ilegales.

Para varios colectivos la solución es permitir el porte de armas. ¿Qué opina?

Todos los estudios, de países, de la ONU, de otras organizaciones, demuestran que cuando hay libre porte de armas hay más violencia.