violación a la intimidad
Revisar el teléfono de tu pareja puede tener serias consecuencias legales debido a la violación de la privacidad que implica.CANVA

Revisar el celular de tu pareja puede ser ilegal: conoce por qué

Microdosis legal. Cada persona tiene derecho a preservar ciertos aspectos de su vida de forma privada

Una práctica invasiva. La violación de la privacidad al revisar el teléfono de tu pareja puede traer consecuencias legales serias. Además de erosionar la confianza y generar resentimiento en la relación, este acto puede llevar a una persona a afrontar hasta la cárcel.

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La desconfianza puede llevar a uno de los miembros de la pareja a considerar revisar el teléfono móvil de su compañero en busca de evidencia que calme sus dudas. Sin embargo, esta acción debe evitarse para no menoscabar los derechos de la otra persona.

¿Qué dice la ley ecuatoriana sobre la violación a la intimidad?

El artículo 178 de del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece claramente las acciones que constituyen violación a la intimidad, incluyendo el acceso, interceptación, reproducción o difusión de datos personales, comunicaciones privadas o reservadas, entre otros.

Según esta disposición legal, quienes realicen estas acciones sin el consentimiento o autorización legal correspondiente pueden enfrentar penas privativas de libertad que van desde uno hasta tres años.

La intimidad es un derecho protegido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos

En lugar de recurrir a métodos invasivos que vulneren la privacidad del otro, es crucial abordar las preocupaciones y conflictos en la relación a través del diálogo abierto y la comunicación honesta.

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Pero esas no podrían ser las únicas razones por las que, al acceder al dispositivo móvil de otra persona, se pueda ser penalmente sancionado. Por ejemplo, acceder al correo electrónico de un colega sin su permiso para revisar conversaciones privadas o revisar el historial de navegación de un familiar sin su conocimiento podrían ser consideradas violaciones a la intimidad según lo establecido en la ley.

Incluso la destrucción o alteración de datos informáticos sin autorización también está sujeta a sanciones que van desde los tres hasta los cinco años de prisión.

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