La revocatoria del mandato: el poder se entrega y se puede quitar

Segundo César Armijos tiene 59 años y lleva 25 en el taxismo. Entre 2016 y 2018, fue presidente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxis de Loja. Consultado, responde que es una buena noticia para Quito que se haya activado la posibilidad de revocar el mandato al alcalde Pabel Muñoz. “Es un mecanismo para demostrarle la inconformidad del ciudadano”.

Esa opinión, desde el extremo sur del Ecuador, no sería relevante para los quiteños, si no fuera porque él inició el trámite para el proceso de revocatoria del mandato de José Bolívar Castillo, quien tuvo que dejar la alcaldía en junio de 2018.

¿Desde cuándo existe la posibilidad de revocar el mandato?

La figura está vigente en Ecuador desde la Constitución de 1998. El 25 de mayo de 1997, en consulta popular, se aprobó la opción de revocar el mandato entregado a alcaldes, prefectos y diputados. En Montecristi, en 2008, se disminuyó el porcentaje de firmas requerido para iniciar el trámite y se incluyó al presidente entre las autoridades a las que podía dirigirse este mecanismo.

El 14 de marzo del 2025, el Tribunal Contencioso Electoral le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) entregar los formularios al colectivo Cuida tu voto, que deberá recoger más de 200.000 firmas. Es el 10 % del padrón electoral, para avanzar en el trámite de revocatoria del mandato al alcalde de Quito.

¿Politización?

Hace una semana, el alcalde Pabel Muñoz reaccionó sosteniendo que no puede ser sancionado dos veces por la misma causa, por la que incluso pagó una multa de alrededor de 9.000 dólares. “El pedido huele a persecución y cálculo político electoral”, subrayó.

Las visiones sobre la revocatoria

¿Que el proceso se active en medio de las elecciones presidenciales le resta validez? El abogado y catedrático universitario, Efrén Guerrero, no lo ve así. “Ser político es estar expuesto a la presión de una serie de actores, no tengo claro quiénes impulsan el proceso de revocatoria, pero el alcalde es un funcionario elegido por la segunda ciudad más poblada del país. No debería denostarlos por activar un mecanismo, cae en los típicos vicios del sistema”.

Para Luisa Maldonado, exconcejal y dirigente comunitaria, la revocatoria es un mecanismo válido que se puede activar cuando las autoridades incumplen su plan de trabajo, como dice la Constitución. Sin embargo, está en desacuerdo con que se lo aplique en este momento. La también excandidata a la alcaldía se mueve en el mundo del cooperativismo y fundó la Asociación de Cooperativas Múltiples de Quito Solidaridad.

“Históricamente, Quito ha sido una ciudad de progreso, no en vano se la llama ‘luz de América’; antes, sus autoridades asesoraban a otras ciudades del país. Pero, desde la alcaldía de (Mauricio) Rodas, tenemos un retraso enorme, integré ese Concejo. Luego vino la fallida administración de (Jorge) Yunda y la de (Santiago) Guarderas. Eso nos ha dejado inestabilidad”.

Maldonado recuerda que hubo una propuesta de un grupo de concejales para destituir a Rodas, pero a la mayoría, incluidos a la oposición, les pareció una locura. “Concluimos que eso le haría daño a la ciudad y le dimos una última oportunidad para corregir arbitrariedades”.

En Loja

César Armijos, desde Loja, anota que el pueblo entrega el poder a un mandatario y pedir la revocatoria es una acción legítima. “Ayuda a generar un precedente, para que ninguna autoridad que llegue a un cargo, por el voto popular, crea que su criterio está sobre la ley”.

Él recuerda que, como dirigentes de “la fuerza amarilla”, se molestaron porque la alcaldía supuestamente permitió que “516 carros operen sin el debido proceso. Y porque, si bien el municipio asumió las competencias de tránsito, implementó un sistema de fotorradares, con rangos que no les parecían adecuados y no se oyó su propuesta”.

¿Cómo se les ocurrió optar por ese mecanismo? Antes del primer año en funciones del entonces alcalde, un grupo había presentado la solicitud de revocatoria, pero no fue aprobada. Armijos asegura que lograron recoger el número de firmas necesario porque “fue una iniciativa ciudadana, no de políticos. Aunque se nos dijo asalariados y que el presidente (Lenín) Moreno estuvo involucrado”.

Siete años después, Armijos no se arrepiente. Aunque dice conocer que el Municipio de Loja aún se defiende de una demanda de la empresa que manejaba los fotorradares, cree que Pabel Muñoz, como otros políticos, habla de persecución, como “una forma de pataleo”.

Muy diferente es la visión de José Bolívar Castillo, quien ha sido tres veces legislador y cuatro veces alcalde de Loja. “No me revocaron el mandato a mí, sino a Loja e hicieron pedazos al municipio. Esa figura que hemos importado de instituciones europeas es un problema, lleva a que quienes pierden la elección se unan para ver la forma de sacar al ganador”.

Castillo sostiene que se gastaron más de 3 millones de dólares en el plebiscito que dio paso a su revocatoria. Y ahora, “Loja está en una situación deplorable”. Según opina, estos procesos no son “persecución política, es politiquería barata”.

Un recurso de la democracia

El abogado Efrén Guerrero resalta que la revocatoria es un mecanismo político, previsto en la Constitución. Está en el ordenamiento legal, al igual que otros como la muerte cruzada, que invocó Guillermo Lasso, o los juicios políticos a ministros. “Si existe, es válido, aunque no le guste al actor político”. Además, dice que el alcalde tendrá que “soportar democráticamente el proceso y demostrar su gestión. Se requiere reformar el sistema de gobernanza, trabajar el estatuto de autonomía, con alcaldías menores, con capacidad operativa y presupuesto”.

"El sistema de participación no funciona"

Rocío Bastidas, presidenta del Cabildo Cívico de Quito, comenta que activar una revocatoria del mandato sirve más allá del resultado, para que los funcionarios y alcaldes se den cuenta de que son observados. No lo dice con pesimismo frente a la iniciativa de Néstor Marroquín. Apoyó a ‘Quito Sin Minería’, a favor del Yasuní, por eso opina que recoger firmas es durísimo.

En esa línea, Luisa Maldonado sostiene que en una ciudad como Quito, la comunidad tiene varias opciones para hacerse escuchar, como la silla vacía o ser parte de la asamblea de la ciudad, conformada por dirigentes barriales.

Bastidas contesta que esos mecanismos del sistema de participación suenan bien, pero que no funcionan. La Asamblea de Quito “está cooptada por miembros de la organización política a la que pertenece el alcalde”. Y afirma que ha participado de la silla vacía, “unas seis veces, desde la alcaldía de Augusto Barrera y nuestras propuestas no han tenido eco. Además Pabel Muñoz ha logrado hacer mayoría en el Concejo. Llegó con el 25 % de votos y sus prácticas son clientelares”.

La también dirigente de La Floresta apunta que los ciudadanos han colocado medidas de protección, por las que la Alcaldía tuvo que asumir que tanto los jardines como el parqueadero del Hotel Quito son patrimoniales; medias de protección para que se ordene al Municipio descontaminar el río Machángara; y para que se preserve el humedal del valle de Uravía, en donde se buscaba colocar una planta de tratamiento de aguas residuales.

Al Cabildo de Quito se le quitó el espacio en Radio Municipal por ser una voz crítica a la gestión, recuerda Rocío Bastidas.

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