Revolución Ciudadana solicita dos comparecencias por juicio político contra Salazar

La bancada Revolución Ciudadana (RC, correísmo) dijo este 7 de agosto de 2024 que solicitó la comparecencia del procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, y de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, como parte del proceso de juicio político en contra de la fiscal General del Estado, Diana Salazar.

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El bloque correísta busca que el procurador informe sobre la suspensión de los juicios políticos y la reactivación de esos procesos de interpelación. Mientras que a la ministra Núñez se le preguntará sobre la actuación de la Cartera de Estado ante casos de funcionarias con embarazo de riesgo como el de Salazar.

Estos requerimientos son parte de las acciones de la bancada de la RC para insistir en el enjuiciamiento político en contra de la fiscal. Los parlamentarios quieren conocer "¿qué procede?, ¿por cuánto tiempo se debe esperar?, ¿cómo actúa?" el Ministerio de Trabajo con funcionarias públicas en el mismo estado de gravidez.

Los asambleístas aseguran que los cuestionamientos a ambos funcionarios son parte de sus acciones para "fiscalizar las acciones y omisiones" de los servidores públicos. 

Interés por el estado del embarazo de la fiscal

El correísmo retoma así las acciones contra la funcionaria, después de que el pasado 11 de julio se conoció que la asambleísta del bloque, Gissella Garzón, solicitó al presidente del Parlamento, Henry Kronfle, que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) haga seguimiento al juicio político en contra de la máxima representante del Ministerio Público para conocer hasta cuándo se detendría el proceso. El trámite para la interpelación se detuvo el 17 de mayo.

En ese entonces, según un memorando del 30 de junio, la Asamblea informaba a Garzón que "no ha existido ningún cambio y se continúa ejecutando lo resuelto por el CAL", que dispuso suspender el proceso en su contra porque la fiscal tiene un embarazo de alto riesgo.

Días después, la fiscal Salazar denunció el 11 de julio a la asambleísta Garzón, por la presunta divulgación del diagnóstico del embarazo de la funcionaria, el cual habría conocido el Consejo de Administración Legislativa. La parlamentaria catalogó a la acción legal como "absurda" y señaló que responderá por la vía pertinente.

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