Ricardo Morales dice que lo sacaron del concurso para la Defensoría de forma ilegal
Un excandidato señala que sus derechos han sido vulnerados por parte del Consejo de Participación Ciudadana
Ricardo Morales Vela, quien fuera descalificado del concurso para ser el nuevo titular de la Defensoría Pública General, hizo público su descontento por las últimas decisiones que ha tomado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), organismo que está a cargo del proceso.
“En mi calidad de postulante en el concurso para la designación del Defensor Público General presenté observaciones al informe final elaborado por la comisión ciudadana y solicité al pleno del Consejo de Participación Ciudadana no aprobarlo por vulnerar derechos, garantías y normas contempladas en el ordenamiento jurídico”, indica a través de un comunicado este 13 de junio de 2024.
El jurista, quien fuera subsecretario de Justicia de Rafael Correa y excomisionado de pacificación de cárceles de Guillermo Lasso, señala que la comisión ciudadana, cuya presidenta es Gabriela Cadena, se tomó atribuciones que no tiene para sacarlo del proceso de selección. “Resolvió descalificarme sin motivación alguna. Soy un profesional con 28 años de carrera en el sector de la justicia y trayectoria intachable en la Función Judicial; sin investigaciones penales o de otra naturaleza ni sumarios, responsabilidades administrativas, civiles o penales”.
Ricardo Morales Vela
Morales dice que no tiene un impedimento legal para ejercer el cargo de defensor, como había alegado la Comisión ciudadana de selección para nombrar al defensor público. “La Ley Orgánica de servicio público los no es aplicable al defensor público general, quien está excluido de la carrera de la Función Judicial; además como precedente existe un caso análogo del exvocal del Consejo de la Judicatura y sentencias constitucionales que la comisión ciudadana desconoció”.
Asegura que su descalificación del concurso fue ilegal, arbitraria y vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que pidió al Consejo de Participación que deje se sin efecto y proceda a la designación del defensor público.
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