“El que roba para pagar droga necesita tratamiento, no cárcel”
Diego Tipán: abogado en Derechos Humanos. El subsecretario de Seguridad del Ministerio de Gobierno fue asesor en el Ministerio de Justicia
El sistema penitenciario bordea los 40.000 presos. Al menos uno de cuatro está en prisión por delitos relacionados con drogas. Para reducir el hacinamiento, se propone un modelo de cortes de drogas o justicia terapéutica.
- Corte de drogas, ¿qué es?
- Es un modelo de justicia terapéutica. En algunos lugares se llaman cortes de droga, pero más allá del nombre, este mecanismo busca transformar el sistema de justicia. Por ejemplo, si una persona roba y detrás del robo, se ve que lo hizo porque tiene un problema de consumo de drogas y fue para financiar ese consumo, hay que solventar el problema inicial. Si deja de consumir, no robará.
- Es decir, ¿que no vaya a la cárcel y que se someta a tratamiento de desintoxicación?
- Si termina en la cárcel, las posibilidades de tener un ambiente propicio para ser rehabilitado en el consumo de droga van a ser mucho más complejas. La cárcel es un ambiente adverso. Lo que va a suceder es que cuando termine su condena, tendrá un problema más grave del que tenía: habrá generado nexos para perfeccionar su relación con el microtráfico o narcotráfico.
No se aplica a todo el mundo. Hay un análisis de riesgo. Se evalúa a la persona y se valora si puede rehabilitarse o no
- ¿Esta propuesta es viable en un país donde incluso los delitos menores (como robos) pueden derivar en un crimen?
- Claro que es viable. En países donde se ha implementado, se ha analizado el costo-beneficio: cuánto cuesta la cárcel versus cuánto cuesta la justicia terapéutica. Varios estudios arrojan que por cada dólar invertido en justicia terapéutica, le ahorran al sistema de justicia criminal hasta 10 dólares.
- Las cifras suenan bien, pero ¿cómo se le explica a un ciudadano, atemorizado por la delincuencia, que percibe que hay impunidad generalizada, que quienes cometan delitos no irán a la cárcel si son adictos?
- El modelo que hemos escogido es la rehabilitación, ese es el fin de la pena. Debemos preguntarnos cuál es el mejor modelo de rehabilitación: el de la cárcel o el de justicia terapéutica.
- ¿Y cómo se puede saber si el adicto se rehabilitará o si se está liberando a un delincuente?
- La persona que ha cometido el delito, que tiene el problema de consumo, llega ante un juez que hace un análisis del caso a través de un equipo multidisciplinario. El juez decide si es posible o no aplicar la justicia terapéutica. Cuando el juez y el equipo dicen que sí, empiezan a asistir a la persona. Se suspende el proceso y se establecen condiciones. No va a la cárcel pero debe empezar un tratamiento médico o psicológico, con la familia o uno relacionado con la inclusión educativa o de empleo, dependiendo de su edad. El juez monitorea eso, a diferencia de lo que hace ahora que es oficiar a instituciones.
- ¿Quién analiza? ¿Qué equipo?
- Un médico, un psicólogo, un trabajador social. Pero también el juez. Actualmente, el juez oficia a las instituciones y depende de que la persona quiera ir a tratamiento. Ahí es donde se cae este sistema. Ahora, el juez haría un seguimiento semanal y se involucra directamente. Ya no es la máquina de sentencias, sino alguien que se sienta a ver cuál es el progreso y si existe posibilidad de rehabilitación. Puede incidir en la persona, porque el juez está negociando la libertad del adicto.
La población penitenciaria es de 40.000 personas y el 93 % son hombres. Uno de cada cuatro están por drogas
- ¿Esto funciona? ¿Hay cifras?
- La propuesta es de organizaciones de la sociedad que desde 2011 implementan estos proyectos que ya funcionan en EE. UU., Costa Rica y Chile. En California, de cada 10 que ingresaron al modelo, 8 no volvieron a consumir ni a involucrarse en delitos. En Chile, 7 de cada 10.
- Si se intenta desde 2011, ¿por qué no se ha aplicado?
- De 2011 a 2013, el mayor problema que se presentó fue entender este modelo de justicia terapéutica. Se pensó que se iba a juzgar específicamente el tema de drogas, es decir el narcotráfico, el microtráfico.
- ¿Habrá aceptación en nuestro país, habiendo políticos que asocian el microtráfico con las redes del narco, que vinculan a los chicos de barrio que venden con mafias y no con jóvenes que necesitan ayuda?
- Siempre el proceso político es complejo. Sin embargo, debemos preguntarnos si el modelo actual funciona. La respuesta es que no. Si queremos resultados distintos, debemos tener acciones diferentes.
El Contexto
Del resultado de un plan piloto (que costaría $ 2,5 millones) que se aplicaría para consumidores de droga que cometan delitos, dependerá la aplicación de la justicia terapéutica. Es clave la voluntad del Consejo de la Judicatura, señala el subsecretario de seguridad, Diego Tipán.
