Los robos ahogan y preocupan en Quito
A pie, en bus, en la calle o en sus casas, los ciudadanos no tienen tranquilidad. En el Distrito Manuela Sáenz es donde hay más delitos
De los 2.647 homicidios intencionales que se han registrado en el país en lo que va de este año, cerca de 100 han ocurrido en Pichincha.
De ese número, casi 90 muertes se produjeron en el Distrito Metropolitano de Quito y las restantes en cantones y parroquias.
Según las cifras de decesos de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased), de enero al 24 de julio de este año, de los 2.300 crímenes que se registraron en el país, 2.092 fueron por asesinato, 51 femicidios, 141 homicidios y 16 sicariatos. Pichincha es la sexta provincia en número de muertes violentas, después de Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro.
Es que la capital no registra los niveles de violencia ni muertes que aquejan a otras ciudades y que han motivado declaratorias de estados de excepción o integraciones de fuerzas de tarea conjunta, como en Guayas y Esmeraldas.
Pero en Quito hay otros motivos de preocupación y alarma. Los ciudadanos se quejan por la inseguridad, situación de la que achacan al Gobierno y al Municipio, y le endosan también la deuda a la Policía. Calles, espacios públicos, domicilios y buses son los sitios preferidos por los antisociales para cometer delitos. Algunos se camuflan entre los transeúntes. Son hombres, mujeres, niños y familias los sospechosos de ilícitos, según ha evidenciado la Policía.
En el sector de la avenida Amazonas (norte de Quito) no hay caseta de las colocadas en las veredas y que comercializan artesanías y otros artículos que no haya sido visitada por ladrones.
Angelita Maldonado lamenta que la inseguridad se haya apoderado del sector durante el día y que al caer la tarde sea la venta de drogas la que amenace a quienes viven o transitan por ahí.
A ella le robaron toda la mercadería: ropa de muñecas, muñecas, implementos para celulares y otros objetos, antes de la pandemia. A partir de ahí resolvió llevarse todos los productos a su casa y evitar más pérdidas. Ella pide más presencia policial en el sector, porque afirma que lo único que se ve es que policías en motos pasan persiguiendo a antisociales.
Una ciudadana dedicada al reciclaje de plásticos, cartones y papel que pidió la reserva de su nombre contó que a ella y a su familia los delincuentes no les hacen nada porque ya saben que no tienen dinero. Pero comenta que ha visto cómo por la zona de La Mariscal han asaltado a personas de toda edad. Dice que siente impotencia porque como actúan entre tres o cuatro, no puede socorrer a los afectados. Ella se queja porque el sector donde desarrolla su trabajo con autorización municipal se ha vuelto cada vez más inseguro.
Elsa Arequipa, de 34 años, vive en el barrio San Martín, en el sur de Quito. A ella le quisieron robar el celular en la puerta de su casa. Para ello le apuntaron con un arma. El robo no se concretó, pero el susto fue grande, indica.
La profesora cree que hay mucho que hacer en el tema, como endurecer las sanciones, porque las leyes tienen que ser más radicales contra la delincuencia.
Antonieta, una profesional de 40 años, fue una de las víctimas de los robos en los buses. Ella cuenta que un día tuvo que esforzarse para salir de la unidad. Ni bien se bajó, notó que el bolsillo exterior y su cartera estaban abiertos. Buscó sin éxito su monedero. Con él se fueron los 20 dólares que guardaba ahí.
Los robos constituyen uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos. Es que de los 219.491 casos de robos a personas, domicilios, bienes, accesorios, autopartes, carros, motos y unidades económicas que ocurren en el país, casi un cuarto pasan en la capital.
El robo a personas es el que más denuncias acumula en la Fiscalía, con 91.607 en los últimos cuatro años. En el mismo periodo, de esa cantidad, cerca de un cuarto de esos delitos tienen a Quito como su escenario: 53.982. Y casi la mitad son robos a personas: 21.753.
Ordenanza
En Quito se han impulsado acciones para reducir la inseguridad. Una de ellas es la aprobación de la ordenanza que prohíbe el porte y tenencia de armas blancas.
