La Roca: el desafío de mejorar y copiar el limitado control estatal
La preferida de las autoridades por la supervisión que pueden aplicar. Queda poco espacio para nuevos internos
La cárcel de máxima seguridad de Ecuador conocida como La Roca tiene capacidad para albergar a 158 personas privadas de libertad (PPL), pero ya está por llegar a la mitad de su capacidad total.
Según lo que ha informado el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), hasta el 19 de julio se ha encerrado a 71 individuos, pero justificaron que no se puede dar un listado con sus nombres ni por qué se los asignó a ese lugar, pues se trata de información reservada.
Este reclusorio volvió a ser usado en enero de 2024, a pesar de no tener habilitada la totalidad de su infraestructura, tras la explosión de un dron en septiembre de 2023 que destruyó gran parte del techo.
Para ese entonces, se evacuó a la decena de convictos que permanecían ahí. Entre ellos, los seis colombianos investigados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a quienes posteriormente se los descubrió colgados sin vida en la Penitenciaría del Litoral.
En la actualidad, en esa prisión hay políticos señalados y sentenciados por corrupción, como el exvicepresidente de la República Jorge Glas, que acumula dos sentencias. La primera es una condena de seis años de cárcel por asociación ilícita, en el caso Odebrecht, y la segunda es de ocho años por cohecho, en el caso Sobornos.
También está allí Daniel Salcedo, que tiene sentencia por lavado de activos, peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a centros de rehabilitación social. Él además fue procesado por los casos Metástasis, Purga y Plaga.
Así mismo, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura; Pablo Muentes, exlegislador del PSC; entre otros (revisar infografía).
El abogado penalista Efrén Guerrero enfatiza que la definición de peligrosidad depende directamente del SNAI, que es una instancia del Ejecutivo desde el mandato del presidente Guillermo Lasso.
“Tiene que ser analizado por el Ejecutivo de una manera técnica, porque las PPL están en custodia del Estado y este es responsables de su vida y seguridad... A mí me preocupa que se está volviendo un tema del Gobierno y de los políticos. No como parte de una política nacional de seguridad”, cuestionó.
En tanto que Rafael Padilla, experto en seguridad tecnológica y asesor para temas penitenciarios en Colombia, sostiene que al tratarse de personajes que de alguna manera han tenido conexión con el narcotráfico para cometer delitos en medio de la política, es necesario tomar medidas fuertes y aplicarlas donde sí hay control del Estado.
“El castigo más efectivo es que estén con comunicación controlada y que estén completamente aislados. Si estos locales tienen las características para prevenir ese vínculo con el exterior, me parecen apropiados”.
La Roca, que es parte del complejo carcelario de Guayaquil, se sitúa en el kilómetro 13 de la vía a Daule. Ahí también está la Cárcel Regional, la de Mujeres, el Centro de Detención Provisional (CDP) y la Penitenciaría del Litoral.
Es la única prisión del país que tiene celdas unipersonales y es la más pequeña del conjunto penitenciario de la ciudad. El régimen es permanecer 23 horas en la celda y una hora en el patio o para atención médica.
El limitado control estatal en las prisiones
Ambos expertos lamentan que esas restricciones sean solo para un minúsculo grupo de reclusos, cuando debería aplicarse el mismo régimen con el resto de la población carcelaria en Ecuador, que supera las 32.000 personas.
Según se ha podido conocer, el funcionamiento en La Roca es que los PPL pasan 23 horas en su celda y solo tengan una hora al día para atención médica o para salir al patio.
Situación contraria a la del resto de penales, en los que no existe al menos un programa de rehabilitación y reinserción a la sociedad. No tienen rutinas de trabajo o ejercicio y son dominadas por las extorsiones.
