El rol que ‘juega’ la Asamblea contra las nuevas autoridades

La Asamblea Nacional ha desempeñado un rol relevante para que las autoridades seleccionadas comiencen a ejercer sus funciones en los cargos designados.

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El supuesto rol se habría evidenciado en la investigación que desarrolla la Fiscalía General del Estado en el caso Ligados, en donde la explotación del celular y dispositivos de Augusto Verduga, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), permitió acceder a chats en los que se mencionan presuntas actividades que coincidirían con las fechas en las que debían efectuarse acciones legislativas como la posesión del superintendente de Bancos.

De acuerdo con Fiscalía, en algunos chats se observarían diálogos entre Verduga, quien tendría el alias de ‘MonicaErtl’ con Andrés Arauz, que sería el usuario ‘AN’. 

En sus conversaciones mencionan acciones para evitar que el Legislativo posesione al nuevo superintendente de Bancos, que coincidiría con el retraso para entregarle oficialmente el cargo a Roberto Romero Von Buchwald en enero. En los mensajes hablan de “VV” y “Viviana”, que se presume sería la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz.

La polémica por la Superintendencia de Bancos

En ese entonces, una nueva mayoría conformada por la Liga Azul se armó en el Consejo el 22 de enero, la cual decidió que Raúl González debía ser posesionado como superintendente. En los chats se pide que VV “aguante” para que no se otorgue ese cargo. 

Sin embargo, el 24, la Fiscalía allanó las oficinas como parte de las indagaciones por el caso Ligados. También comenzó la campaña de la primera vuelta y Esther Cuesta reemplazó a Veloz, como titular de la Función Legislativa.

La posesión de Dunia Martínez que se truncó

Anteriormente, otro hecho en el que también se vio la incidencia del Legislativo fue en la posesión de Dunia Martínez, quien fue designada como titular del Consejo de la Judicatura. El CPCCS la designó el 8 de julio de 2024 y el entonces titular del Parlamento, Henry Kronfle, convocó a la posesión para el 11, pero la Comisión de Fiscalización, dirigida por la correísta Pamela Aguirre, le exhortó para que suspenda la sesión el 10 de ese mes.

Aunque el Consejo de Participación tiene a su cargo la designación de autoridades, el formalismo para que la persona seleccionada inicie sus funciones lo da el Legislativo. 

¿Por qué ocurren los retrasos?

“Hay un vacío legal y no se le puso un plazo a la ley para que proceda con estas posesiones, pues no hay un paso adicional entre la designación y la posesión. Esto ha dado oportunidad para que la Asamblea pueda jugar con los tiempos según las conveniencias políticas”, dice Andrés Lozano, director de Gobernanza Participativa.

Si bien el Parlamento no organiza concursos o no elige a las autoridades, las posesiona y “estos retrasos o adelanto depende particularmente del CAL (Consejo de Administración Legislativa), que es quien arma las órdenes del día”, explica Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

“Si ya recibe la designación de la autoridad, debería posesionarla automáticamente para que entre en funciones, de lo contrario genera que se prorrogue. Pero esos retrasos, no solo de esta Asamblea sino de otras, han sido jugados de forma estratégica. Afectan al orden constituido y al debilitamiento institucional”.

La posesión no debería ser discrecional. “El Legislativo tiene la obligación y no puede hacer ningún tipo de objeción a la designación de autoridades ya que es un acto mandatorio, pero esto se da por la inconformidad política con las actuaciones previas del CPCCS, a través de votaciones del CAL, que se rehúsa a hacer el agendamiento de la posesión”, menciona el analista político y experto constitucionalista, Esteban Ron.

Las eventuales soluciones contra los retrasos

¿Cómo evitar este tipo de maniobras? Una opción es “poner cláusulas de no ponibilidad que establece el plazo para la posesión”, mediante una reforma en la Ley de la Función Legislativa, indica Ron.

Otra alternativa es “eliminar ese formalismo de la posesión y que las funciones de las autoridades corran desde el día de su designación. Sin embargo, la posibilidad debería ser que las fuerzas políticas tengan la decencia de posesionarlas”, opina Lozano. 

El criterio es compartido por Alarcón. “Deberían respetar la Constitución y la ley. En el país, la gran cantidad de cosas es pasan es porque incumplen con los mandatos establecidos en la normativa vigente”.

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