Romo: "El Gobierno no está protegiendo a Paúl Granda ni a nadie"

Que el Gobierno no protege a Paúl Granda al certificar que tiene "rango de ministro", aseguró este 27 de octubre la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una entrevista en la que se refirió al caso de delincuencia organizada al que la Fiscalía pretendía vincular al expresidente del Directorio del IESS y en el que se investiga a los hermanos Bucaram Pulley y a Daniel Salcedo.

"No, no está protegiendo a nadie. La Corte Nacional tiene que decidir si es que tiene fuero, es una consulta que ha sido elevada a la Corte Nacional. El Gobierno no le puede dar fuero a nadie. No es que el Gobierno dice 'venga que yo le doy'", dijo Romo al medio digital La Historia en referencia al documento enviado por Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, y por Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete, al juez Ronald Guerrero y en el que se aseguraba que Granda siempre tuvo "rango de ministro", y que fue publicado por EXPRESO el pasado 23 de octubre.

"Es un documento que Juan Sebastián Roldán como secretario de Gabinete expidió a pedido de los interesados, o del interesado en este caso, y él lo que dijo fue: 'el señor Paúl Granda fue ministro de esto, de esto y de esto y como tal miembro de gabinete', todo se ajusta exactamente a la verdad. ¿Fue ministro? Sí ¿Estuvo en el gabinete? Sí. Aquí está el documento, los jueces tienen que hacer su trabajo", enfatizó la ministra.

La Fiscalía pidió el pasado 13 de octubre que se vincule a Paúl Granda, expresidente del Directorio del IESS, y a Susana Mera, exgerenta del hospital Los Ceibos, al caso de delincuencia organizada que se sigue en contra de los hermanos Bucaram Pulley, Daniel Salcedo y exdirectivos del hospital Teodoro Maldonado Carbo por la venta irregular de insumos médicos a hospitales. Sin embargo, por pedido de la defensa de Granda, la audiencia se suspendió tras asegurar que el exfuncionario gozaba de fuero de corte. El juez Guerrero pidió que se solicite a la Presidencia una certificación sobre el tema.

"Ni hemos hecho un homenaje a nadie, ni hemos protegido a nadie, ni evitamos que la Justicia haga su trabajo ni el presidente le manda a los jueces un mensaje directo o indirecto en un pronunciamiento público. Simplemente se les preguntó a Juan Sebastián como secretario de Gabinete y a Johana Pesántez como secretaria jurídica y han contestado con fundamentos de ley y los jueces harán su trabajo", aseguró Romo.

La ministra también aseguró que sí le ha preguntado a Granda sobre lo que sabe de este caso y que él se ha reafirmado en lo que ya ha dicho antes: no conoce ni se ha reunido con Daniel Salcedo.

"Él no conoce a Salcedo. Esto es lo que él ha dicho ante los jueces, es lo que ha dicho permanentemente, que no se ha reunido con este señor. Yo no conozco ningún detalle (del caso), no creo tampoco que se haya reunido con Jacobo. No tengo ningún motivo para creer que Paúl no esté diciendo la verdad", añadió.

Romo además sostuvo que "una reunión por sí sola tampoco significa que una persona pueda ser acusada de cometer un delito", en relación a la supuesta reunión que habría tenido Granda con Daniel Salcedo en su suite 7 del piso 8 de Torres Colón 1 y cuyo registro tiene la Fiscalía como una de sus pruebas para vincularlo.

"Si es que son responsables los miembros del Consejo Directivo, que sean responsables los tres no solo uno. Si es que hay un órgano que es el consejo directivo, un órgano administrativo, y del directivo solamente a uno, como abogada sí me causa algo de duda, pero confiamos en que la Justicia haga su trabajo", enfatizó y desmitió que la policía se haya negado a hacer un allanamiento en Cuenca, de donde es Granda, por este mismo caso. 

María Paula Romo también se refirió a los pedidos que ha hecho Jacobo Bucaram para su estancia en la Cárcel 4 y que han sido catalogados como "privilegios". La ministra aseguró que no entendía porqué los jueces de la Corte Nacional lo enviaron a ese centro de rehabilitación cuando "no debería estar" ahí.

"Es una cárcel que se crea inicialmente para policías. De hecho, la casa en la que está pertenece a una fundación de la policía que se le entregó como comodato al ministerio de cárceles. La Dirección General de Inteligencia está preparando una apreciación para volver a ser puesta en conocimiento de los jueces por todas estas cosas, por el amedrentamiento a funcionarios de esa cárcel, porque ha hecho una serie de pedidos que son completamente improcedentes", sostuvo.

"No deberían darle ninguna comodidad, tendría que recibir el mismo trato que el resto de privados de libertad. Nadie debería tener privilegios y no conozco que los tenga", indicó.