Romo está en funciones desde agosto de 2018. Actualmente enfrenta la arremetida de un sector que quiere llevarla a juicio político.

Romo: “Las muertes violentas en las calles estan ligadas con lo de las carceles”

La Ministra dialogó con EXPRESO para revisar temas como índices delictivos, la crisis carcelaria y el plan de seguridad.

La corresponsabilidad entre el Gobierno, los municipios y la sociedad civil es indispensable para mejorar la seguridad ciudadana. Es el criterio de la ministra María Paula Romo, quien en diálogo con EXPRESO revisa temas como los índices delictivos, la crisis carcelaria y por qué el Gobierno no puede sumarse integralmente al plan de seguridad propuesto por el Municipio de Guayaquil.

- ¿Cuánto se han incrementado los niveles de inseguridad en el país? ¿Le preocupa la situación?

- En términos generales, a pesar de que vivimos en uno de los continentes con más violencia en el mundo, los datos de inseguridad en el Ecuador no son los más altos. Tenemos un buen trabajo de la Policía y control sobre muchos de estos delitos. Tenemos tres provincias, Guayas, Los Ríos y Manabí, donde hay más muertes violentas que en el resto del país. Las tres concentran el 53 %. Aquí vemos una particularidad: casi el total de esas muertes son de personas con antecedentes penales y sus victimarios, en su mayoría, también lo tienen.

- ¿Qué refleja esto?

- Estamos viendo que hay una disputa por controlar el territorio, que hay una guerra entre organizaciones criminales que también tiene relación con lo que pasa dentro de las cárceles. Dentro y fuera de ellas son las mismas organizaciones criminales las que están peleando para quedarse con el territorio.

- ¿Están identificadas esas organizaciones delictivas?

- Así es. Hay más o menos 16 dentro de las cárceles, pero la mayor violencia se desata entre dos de ellas en el país. Prefiero no darle los nombres. Entonces, tenemos por un lado una disputa de organizaciones criminales, y, por otro, una administración de justicia que responde la mitad de lo que responde en el resto del país.

- ¿Qué está pasando con la administración de justicia?

- En las tres provincias se resuelve solo el 23 % de los casos, mientras que en el resto del país se lo hace en el 54 %. Hay caso de jueces y fiscales que han hecho una interpretación muy curiosa: dicen que antes de extender una boleta de captura contra alguien o de ordenar un allanamiento, tienen que notificar. Por eso, hace unas semanas presenté ante el Consejo de la Judicatura una queja contra fiscales y jueces. He pedido que nos ayude a aclarar esto.

- ¿Y en el resto de delitos cuál es la tendencia?

- Han subido, por ejemplo, el robo a personas, de motos, pero ha bajado el robo a casas y los asaltos y robos en ejes viales. En femicidios, tenemos menos que el año pasado, pero tenemos más violencia callejera. Aquí hay que tomar en cuenta que hay mucha gente viviendo en situación de calle, debajo de un puente, en un parque o una vereda. Eso provoca un tipo de violencia o de delito menor, que nos da una sensación altísima de exposición o inseguridad. Esto no nos pasaba hace unos dos años.

- ¿Está vinculado esto con la migración de venezolanos?

- Sí. Yo trato de no asociarlos con su nacionalidad, sino con su situación de privación.

- ¿El país puede seguir acogiendo y atendiendo toda esa ola migratoria?

- Ecuador ha acogido a estos hermanos en condición lamentable, pero ya hemos llegado a nuestro límite. Por eso el presidente Moreno ha decidido pedir visa. De hecho, la Cancillería debía publicar un acuerdo ministerial en el que se pide visa también a ciudadanos de otros nueve países. Le cito un ejemplo: este año, según Migración, ingresaron al país 2.044 ciudadanos de Camerún, pero solo han salido 20.

- Se quedó la mayoría...

- Hay dos posibilidades: o se quedaron, o desde Ecuador están usando pasos ilegales para llevar a estas personas a Centroamérica, México o Estados Unidos. Ese es el otro riesgo de tener una migración completamente fuera de control, sin reglas. Creemos, y tenemos los datos suficientes que Ecuador se ha convertido en una puerta de entrada para trata, porque precisamente se brinda la facilidad de no pedir ningún requisito.

- ¿El Municipio de Guayaquil ha anunciado la creación de un Cuerpo de Seguridad Ciudadana y la implementación de un Plan de Urgencias y Patrullaje Disuasivo ¿El Gobierno dará su apoyo o trabajará aparte?

- Nosotros tenemos una planificación, pero por supuesto que vamos a coordinar en todo lo que sea necesario y en todo lo que sea posible. La ciudad y la provincia con la asignación más grande de policías en el Ecuador son Guayaquil y Guayas; son 8.200 policías. Sin embargo, hay otros temas que están más allá de estos planteamientos, que son una responsabilidad exclusiva de la Policía, por ejemplo, investigación criminal, inteligencia, Policía Judicial, Unidad Antinarcóticos y trabajo de la Policía a escala internacional, eso no se puede coordinar con otras instancias. Estos temas no son competencia de ningún municipio en el país, y eso no se puede compartir. Pero lo que se pueda apoyar y coordinar, por supuesto, que cuenten con nosotros.

- ¿Son suficientes los policías asignados a la ciudad o hace falta más personal?

- Depende con qué se compare, porque todas las personas quisieran tener un policía en cada esquina. Hay algunos estándares nacionales sobre la cantidad de policías.

- ¿Qué dicen los estándares?

- 2,6 policías por cada mil habitantes, y aquí en Guayaquil se supera, con 2,9. En otras ciudades no se cumple.

- Se ha planteado que ante los altos niveles de inseguridad los ciudadanos deberían portar armas...

- Si me preguntan como autoridad involucrada en el tema de seguridad, eso no ayudaría y se convertiría en un problema. Ahora mismo, en Estados Unidos, que es un país de libre porte de armas, hay cada vez verdaderas masacres en colegios. En América Latina hay 18 asesinados por cada 100.000 habitantes, en Ecuador hay 5,7, que viene a ser un tercio de la cifra de la región, que en buena parte se debe a una política de control de armas.

- ¿Y en las cárceles, el personal de custodio de los presos debería portar armas?

- Sí. Por eso firmé un acuerdo para autorizar a la policía para que tenga francotiradores en las terrazas de las cárceles más peligrosas. Pero aclaro que este tema no es responsabilidad del Ministerio de Gobierno. Lo que estamos haciendo en el marco de la emergencia es apoyar en esta crisis con personal policial en los casos más graves.

- ¿Qué responde a quienes la critican por el uso de un avión policial y que piden su salida?

- Ha sido una semana de unos ataques fuera de toda proporción respecto de un tema que tiene que ver con mi seguridad. Se ha tomado este hecho y se ha pretendido convertirlo en un gran asunto político. Creo que detrás de estos ataques hay un ataque al Gobierno y es parte de una estrategia que yo le atribuyo directamente al correísmo. Parte de la estrategia de este sector político es aprovechar cualquier acontecimiento para decir “toditos hemos sido iguales”, y eso no es verdad.