Romo se las verá con el Pleno

La Comisión de Fiscalización quiere la cabeza de María Paula Romo y acaba de entregar al Pleno de la Asamblea el hacha para la decapitación. Ayer aprobó, con nueve votos a favor, una abstención y uno en contra, el juicio político a la ministra de Gobierno por su actuación durante la crisis política (levantamiento popular y tentativa de golpe de Estado) de octubre de 2019. Y como las causales suenan, en realidad, a poca cosa (uso de bombas lacrimógenas caducadas y lanzamiento de gases a las universidades), su informe de 76 páginas carga las tintas sobre las culpas del gobierno. Los violentos y los golpistas no pudieron recibir mejor espaldarazo.

Que la policía incurrió en “uso excesivo de la fuerza” y perpetró “detenciones arbitrarias”, dice el informe. Que “el detonante” de toda la violencia fue el decreto gubernamental que suspendía el subsidio de los combustibles, repite en varios párrafos. “Si no hubiera existido ese decreto, nada habría pasado”, dijo Mercedes Serrano, del Partido Socialcristiano, recién adscrito a las filas de la insurrección. Por supuesto que los integrantes de la Comisión tuvieron el cuidado de hacer expreso su “respaldo a la Policía Nacional”: la acusan de actuar como una tropa de gorilas pero la respaldan. Ellos se entienden. El caso es que el contexto de “uso excesivo de la fuerza” parece justificar la pertinencia del juicio político más que los propios cargos levantados contra la ministra.

Primero: uso de gases lacrimógenos caducados. La Comisión rechazó los informes técnicos de los fabricantes (según los cuales el gas caducado no causa daños a la salud) y acogió el criterio de “un investigador argentino y otro venezolano” (tal cual) presentados por uno de los testigos de cargo del correísmo. Ese testigo era activista de uno de los medios comunitarios a los que Leonidas Iza, líder de la revuelta, identifica como “compañeros que estaban colaborando en esta lucha”. A María Paula Romo se la encontró culpable de violar un artículo de ley que no tiene nada que ver con ella: el 120 del Código de Entidades de Seguridad, correspondiente al régimen disciplinario de la Policía.

Segundo: ataque con gases lacrimógenos a las universidades que funcionaban como centros de acogida. Ocurrió una sola vez (la noche del 9 de octubre) y no se repitió por orden expresa de la ministra. María Paula Romo fue encontrada culpable de violar el artículo 335 de la Constitución, que prohíbe el allanamiento de los predios universitarios (cosa que no ocurrió nunca).

En cuanto al tercer cargo (convocatoria tardía al comité de protección de periodistas), la Comisión encontró a la ministra inocente, pues convocar a reuniones de ese comité no se encuentra entre sus funciones.

La Comisión de Fiscalización se reunió ayer a las ocho de la mañana y sesionó hasta el mediodía. Los asambleístas interpelantes (la correísta Amapola Naranjo y los derechistas independientes Roberto Gómez y Lourdes Cuesta) no participaron en la sesión. Tres horas duró la lectura del informe, al cabo de la cual seis asambleístas tomaron la palabra para expresar su postura. Quizá la intervención más vistosa fue la del correísta Esteban Melo: él culpó a la ministra Romo de la inseguridad que se vivió en los barrios de Quito durante los días de la sublevación de octubre. Curioso, por decir lo menos, pues fueron precisamente los agitadores correístas (con Virgilio Hernández a la cabeza) quienes convirtieron los barrios quiteños en tierra de nadie en esos días.

Franco Romero (CREO) y la oficialista Noralma Zambrano defendieron a Romo. “No creo que hayamos podido demostrar que la ministra incumplió funciones”, dijo esta última. A la hora de votar, se abstuvo. Romero se pronunció en contra.

El juicio político contra la ministra de Gobierno continuará en el Pleno, probablemente la próxima semana. Correístas y socialcristianos, juntos como siempre, se enfrentarán con lo que queda de la alianza entre CREO y el oficialismo. Para la censura se necesitan dos tercios de la sala, es decir 91 votos. Nada está dicho.