Salcedo se enfrentará a un segundo juicio por lavado de activos
Un tribunal de Garantías Penales de El Oro convocó a la audiencia de juzgamiento en el proceso que investigó también a su hermano
El próximo mes, Daniel Salcedo Bonilla se enfrentará a un segundo juicio. Él es investigado dentro de un entramado de corrupción que vincula a exfuncionarios y hospitales del sistema público y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El juez Manuel Zhapán Tenesaca, del Tribunal de Garantías Penales de El Oro con sede en Machala, convocó para el próximo 22 y 23 de febrero a la audiencia de juzgamiento, en la que se resolverá la situación jurídica de los hermanos Noé y Daniel Salcedo, además de Jorge San Lucas Vanegas y Jorge Sánchez Montiel, y seis empresas vinculadas a los procesados, quienes fueron investigados por un delito de lavado de activos.
La investigación se generó tras la detención de Noé el pasado 9 de junio en el cantón Huaquillas, zona fronteriza con Perú. El hombre llevaba en una mochila 47.000 dólares en efectivo, de los que no pudo justificar su procedencia, a decir de la Fiscalía. La aprehensión ocurrió un día después de que su hermano Daniel sufrió un accidente aviatorio en el sector El Bendito, en el vecino país, desde donde fue deportado a Ecuador, junto con la modelo Jocelyn Mieles. Ambos fueron sentenciados a cuatro años de cárcel por fraude procesal.
El Tribunal de El Oro dispuso que los hermanos Salcedo, quienes permanecen detenidos en diferentes cárceles del país, asistan al juicio por videoconferencia. Sin embargo, en su providencia Zhapán indicó que salvo razones legales y administrativas justificadas de forma excepcional, se los deberá trasladar con las seguridades del caso en forma física a la audiencia, dotados de implementos de bioseguridad.
Además, se advirtió a los procesados San Lucas Vanegas y Sánchez Montiel que de no comparecer al juicio se revocarán las medidas sustitutivas que mantienen; se ordenará su prisión preventiva y se suspenderá el trámite de la causa hasta que acudan voluntariamente o sean aprehendidos. También podrían enfrentar una investigación por un delito contra la responsabilidad ciudadana, sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años.
Prueba
Más de cien testigos de Fiscalía
Dentro de la prueba solicitada por la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Especializada Antilavados de Activos, se ha solicitado el testimonio de más de cien personas. Entre ellas figuran policías, peritos de la UAFE, Aduanas, Senae, representantes legales y apoderados de la banca pública y privada, además de tres notarías de Guayaquil, empresarios y funcionarios de entidades públicas.
