"Salir de un infierno y entrar a otro": la lucha de Nina Gualinga contra la justicia

La activista indígena ecuatoriana Nina Gualinga denunció este martes 28 de enero las constantes dilaciones que ha registrado en el sistema de justicia su caso por violencia de género, tras una denuncia que interpuso hace cinco años en contra de su expareja.

Gualinga, perteneciente a la comunidad nativa de Sarayaku, del pueblo indígena kichwa, y reconocida defensora de los derechos de la naturaleza, hizo esta denuncia pública en una rueda de prensa en Quito, después de que fue notificada de que la audiencia de juicio por su caso prevista para este martes se había suspendido nuevamente.

"Durante este último año que entramos en la etapa de juicio, la audiencia se ha suspendido 11 veces", recordó la activista, quien explicó que es la segunda denuncia que interpone en 10 años, pues la primera fue archivada porque la Policía no pudo encontrar a su expareja para notificarle.

"Constantemente tengo que volver a prepararme mental, emocional y logísticamente para poder estar en estas audiencias. Constantemente tengo que revivir todo lo que viví y lo que quiero soltar, que fue la razón por la que acudí al sistema de justicia, para poder salir de eso, para poder ser libre de esa violencia", añadió.

Dijo que en lugar de hallar justicia, se encontró con un sistema que no solo le da "las espaldas", sino que también "permite que el agresor continúe con sus maniobras, con sus manipulaciones y con su control".

"Durante todo este tiempo ha continuado violentando la boleta de auxilio y no se ha hecho nada al respecto", señaló.

La historia de Nina

Gualinga contó que para ella fue muy difícil salir de una relación "física y psicológicamente abusiva", por lo que lamenta que tras seis años de recibir "amenazas de muerte, insultos y golpes" que le provocaron una fractura en la espalda, ahora esté inmersa en un proceso judicial que durante cinco años le ha vuelto a recordar lo que vivió. "¿Qué clase de justicia es esta?", cuestionó.

"¿Qué le vamos a decir a las niñas y a las mujeres que se esperanzan en que hay un sistema de justicia que las va a proteger si alguien les hace algo? ¿Qué nos dicen en las escuelas y colegios? ¿Qué nos dicen desde los ministerios, desde el mismo sistema de justicia? Que si alguien te hace daño denuncies, pero denunciar es salir de un infierno y entrar a otro", mencionó.

La activista aseguró también que tiene "serias dudas" sobre la transparencia del proceso, no solo por las constantes suspensiones de las audiencias, sino también por "la forma en la que se han cambiado fiscales". Ahora su caso lo lleva una unidad fiscal de tránsito y no una de violencia de género, indicó.

Además, recordó que el abogado de su expareja está preso por una investigación sobre tráfico de influencias y delincuencia organizada.

"¿Qué tipo de garantías me da esto? ¿Y qué tipo de mensaje da esto al resto de las mujeres en este país? Lo que exijo no es nada extraordinario, es simplemente que el sistema cumpla con su función, que haga su trabajo apegado a las leyes, que revisen la carga probatoria que tenemos, que es extensa, y que con base en eso el tribunal pueda tomar una decisión justa y transparente", dijo la activista.

Mayra Tirira, representante de la organización feminista Surkuna, quien acompaña a Gualinga en este proceso, dijo que su caso es un ejemplo de lo que viven las víctimas de violencia en Ecuador.

"Nosotras acompañamos el año pasado a cerca de 300 mujeres en su búsqueda de justicia, pero a veces acceder solo a una medida de protección es un verdadero desafío", señaló.

Tirira relató que las abogadas de Surkuna están todas las semanas en audiencias y que viven en carne propia las múltiples dilaciones en casos de violencia de género. "Se retrasan una y mil veces por millones de escritos que presentan los agresores, porque el abogado se enfermó, el perito no está o el policía no le pudo notificar", señaló.

Y dijo que son las mismas defensoras de las víctimas las que tienen que ir a buscar a los testigos para llevarlos a las audiencias. "Esto no es administrar justicia, esto no es debida diligencia", denunció.

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