San Lorenzo, dos años después: aparente calma, mismas necesidades sociales
La presencia de uniformados en la zona fronteriza restableció la tranquilidad, tras los ataques de hace 2 años. Pero la población sigue sin servicios básicos completos
Quietud, calma, miedo, temor, preocupación, amenazas, inseguridad, atentados, recuerdos. Son las palabras que más se repiten en San Lorenzo, cantón de Esmeraldas ubicado en la frontera norte del Ecuador, cuando se cumplen dos años del atentado terrorista que destruyó el destacamento policial el 27 de enero de 2018. Le siguieron al menos 10 acciones con explosivos, secuestros y otras actuaciones violentas que cobraron la vida de al menos 10 personas: cuatro infantes de Marina, tres miembros del equipo periodístico de diario El Comercio, la pareja conformada por Óscar y Katty y un militar secuestrado y asesinado en la frontera de Tobar Donoso, en el Carchi.
Víctimas del atentado al destacamento policial, como Leonardo Fuentes, de 26 años, todavía viven asustados. Él fue uno de los pocos heridos de ese incidente ocurrido la madrugada del 27 de enero. En voz baja se dice que fueron alertados y por eso habían abandonado las viviendas antes del incidente. Leonardo dice que al menos él no supo nada.
Vive en el barrio Las Delicias, a un costado del cuartel policial, destruido casi en su totalidad y ahora completamente habilitado. Tiene cinco cicatrices de unos cinco centímetros en un costado de la parte baja de la columna. En su cuerpo aún permanece, según cuenta, un pedazo de zinc alojado cerca de su columna. Su retiro le significaría una afectación que pudiera inmovilizarlo. El objeto le provoca picazón y a veces le duele. Era taxista y ahora trabaja en la construcción. Recibió una ayuda inicial por tres meses y una casa que asegura es incómoda. “No nos sentimos seguros, quedó la sensación de miedo”, comenta.
En otro sector del cantón San Lorenzo, Nancy observa la práctica de fútbol de su hijo de nueve años. El pequeño pertenece desde hace tres años a una de las tantas escuelas de fútbol de la zona. Ella dice que se siente tranquila, que las cosas volvieron a la normalidad, que San Lorenzo ahora está más segura. Junto a su hijo, juegan decenas de niños de distintas edades.
Entre ellos, parte de los 120 que pertenecen a la escuela de fútbol que hace un año se formó en Mataje por iniciativa militar. Ya tiene cinco categorías que incluye una de mujeres con 36 participantes. Víctor, de 13 años, es uno de los alumnos de ese semillero de fútbol. Él no puede recordar los incidentes que en 2018 colocaron a su parroquia en un eje de miedo. La situación ha cambiado mucho, destaca.
El cabo Willy Alcívar es uno de los entrenadores. Recuerda que, si trabajar con niños es complicado, hacerlo con los de Mataje fue más por el miedo en el que están inmersos. Hubo que enseñarles valores, principios, dar charlas motivacionales y no fue fácil.
Esa aparente calma que permite a los niños aprender valores jugando, tiene sus matices. El comandante de Policía, Patricio Carrillo, indica que se redujo el número de muertes violentas, homicidios, asesinatos, secuestros y extorsiones. En un recorrido nocturno por la ciudad, ahora sí hay gente caminando, haciendo deporte o reunida afuera de sus casas. Hace dos años, el toque de queda, vetadas las travesías nocturnas.
Si esto es posible es por la presencia durante dos años de policías y militares en las calles, según Renán Miller, comandante de San Lorenzo. Otro de los factores, asegura, es la labor de inteligencia que trabaja en la detección de focos de violencia o tentativas de delitos. Y también en el acercamiento a la población.
Aunque San Lorenzo sea una zona conflictiva y de mucho riesgo, en donde había sicariatos y extorsiones, las denuncias se han reducido. No así las amenazas. Miller reconoce que todavía existen. Hace tres meses se alertó con panfletos de que se colocarían artefactos explosivos en unidades policiales o militares.
Lo que evidentemente no ha mejorado tanto es la infraestructura y los servicios básicos. Las calles lucen llenas de huecos y baches, están sucias y descuidadas. El propio alcalde, Glen Arroyo, tuvo que declarar la emergencia en los servicios básicos como agua potable y alcantarillado y aprovechó la convocatoria del Gabinete de Seguridad de esta semana para pedir ayuda. Hacen falta recursos para evitar que los habitantes sigan consumiendo agua contaminada, por ejemplo, y para revertir esa sensación que aún acompaña a la población de invisibilidad. Un caldo de cultivo del que se nutre la ilegalidad.
