La sanidad publica deja fuera a los inmigrantes en Europa
Más de la mitad de las 43.000 personas atendidas por la ONG Médicos del Mundo quedaron excluidas de los sistemas sanitarios europeos en 2016.
“Uno, dos, tres, cuatro meses y dos semanas”, calcula finalmente Ahou, una solicitante de asilo de 30 años. Es el tiempo que pasó en Madrid sin que ningún médico controlara su embarazo. Cada vez que iba al centro de salud, no lograba conseguir cita “porque no tenía empadronamiento”. “Incluso sin papeles, tengo derecho a asistencia sanitaria en el hospital más cerca de mi casa”, reclama Ahou. Pero el derecho a la salud, establecido en diferentes compromisos internacionales, no está garantizado para todos por igual en Europa: más de la mitad de las 43.000 personas atendidas por la ONG Médicos del Mundo quedaron excluidas de los sistemas sanitarios europeos en 2016, según un informe publicado a finales de 2017 por la organización.
Médicos del Mundo, que trabaja en más de 80 países, estima en su informe Personas excluidas: el fracaso de la cobertura sanitaria universal en Europa que más de 23.800 personas atendidas por sus especialistas en 13 Estados de la Unión Europea no tuvieron acceso a la asistencia sanitaria o a seguros médicos en 2016. De ellos, 19.000 (el 79 %) eran inmigrantes extracomunitarios, llegados a la UE para “ganarse la vida” o para escapar de la discriminación -por motivos de orientación sexual, ideas políticas o religiosas-, de conflictos armados o familiares, reza el informe; solo en el 2,5 % de los casos las personas migraron para obtener cobertura sanitaria.
Ahou, quien prefiere no decir su verdadero nombre, atravesó sola Malí, Mauritania y Marruecos antes de cruzar a España en patera para huir de un matrimonio forzado. Cuando obtuvo la tarjeta de solicitante de asilo (documento que da acceso a la sanidad pública), el centro de salud le negó la asistencia al alegar que su tarjeta debía estar acompañada con el empadronamiento. La mujer, sin embargo, no consiguió empadronarse en Madrid ninguna de las tres veces que lo intentó porque en la vivienda donde reside ya hay muchas personas registradas, según le dijo el Ayuntamiento. Le negaron una cita cuando le brotó una alergia en la piel, cuando tuvo dolores de estómago y cuando quedó embarazada.
José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo en España, destaca que el gasto sanitario que pueden producir estas personas, desde el punto de vista preventivo, “es absolutamente mínimo”. Hoyo subraya que los excluidos en Europa, que vienen fundamentalmente de Siria (13 %) y Afganistán (11,3 %), “son personas sanas”. “La propia selección del camino las hace ser personas jóvenes y sin enfermedades”, indica.
Pero en los últimos años, en Europa, países como Irlanda o Alemania han limitado el acceso a la atención sanitaria. En España, desde que entró en vigor el Real Decreto de 2012, se limita el acceso a la tarjeta sanitaria a las personas que cotizan y a los extranjeros sin permiso de residencia en casos de urgencia, de embarazo o de ser menores. La mayoría de las comunidades, salvo algunas como La Rioja, emitió posteriormente normativas internas para garantizar la cobertura sanitaria universal, que no siempre se cumplen.
A Ricardo, un brasileño de 23 años infectado con VIH que pide ocultar su identidad, le negaron la asistencia en un hospital madrileño porque no había pasado más de 90 días en España. Como no tenía tarjeta sanitaria, no le asignaban un médico de cabecera que le recetara el medicamento que necesita diariamente. Para no interrumpir su tratamiento, tuvo que esperar durante horas todos los días, durante un mes, en la sala de urgencias del hospital. Como él, el 18 % de los excluidos sanitarios en Europa usa estos servicios para obtener asistencia médica.
Cuatro millones de inmigrantes han llegado a España en dos décadas en avión, en patera o saltando la valla. Más de un millón de personas pidieron asilo en Europa el año pasado. El País cuenta, en un proyecto de 500 días con los diarios The Guardian, Der Spiegel y Le Monde, cómo se adaptan estos nuevos europeos y cómo Europa se adapta a ellos. Una mirada a un fenómenos que está transformando España y el continente
Cada vez que iba a urgencias, Ricardo recibía una factura de 180 euros. Para él, sin permiso de residencia ni trabajo estable, asumir ese coste era imposible, como para nueve de cada 10 pacientes de Médicos del Mundo. Los excluidos son sobre todo personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Cuando Ricardo llegó a España hace siete meses con su pareja, no pensó que iba a ser tan difícil acceder al sistema de salud. “Es Europa”, pensó.
A menudo, estas personas no acceden a la atención médica por las dificultades administrativas, porque no entienden la lengua local, porque se enfrentan a la discriminación o porque temen ser denunciadas por su situación irregular, según el informe de Médicos del Mundo. España y Francia son los países donde la ONG ha encontrado más barreras burocráticas para acceder al sistema sanitario (así lo afirmó un 30 % y un 27 % de las personas encuestadas, respectivamente); en Alemania destacan las barreras económicas, es decir, consultas o seguro de salud demasiado caros (43 %).
“Los países europeos tienen cómo cubrir las prestaciones”
La dificultad para acceder al sistema es, además de una vulneración de los derechos, un riesgo para todos los habitantes de un territorio, advierte Robert Yates, experto en sistemas de salud universal del Royal Institute of International Affairs de Reino Unido.
El académico explica que es de interés común que se traten las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis o el ébola, y que se vacune a los niños. Los países europeos occidentales “son lo suficientemente ricos” para cubrir esas prestaciones, sostiene.
“Sin duda alguna, los servicios de salud financiados públicamente son más eficientes y baratos que los privados al medio y largo plazo”, agrega Yates.
“La pasada crisis económica hizo que los países se vuelvan más egoístas”, sostiene el presidente de Médicos del Mundo. Así, explica Hoyo, algunos países buscan “una supuesta sostenibilidad que a largo plazo no se sostiene”.
“Para que el sistema sea sostenible, dentro tenemos que estar todas y todos”, aclara. Y enfatiza que la inmigración es una riqueza antes que un gasto. “Más para las sociedades envejecidas” como las europeas, zanja.
