Santa Maria replica el cuestionamiento legal

Los directivos de la Universidad Técnica Federico Santa María, campus Guayaquil, respondieron ayer a los cuestionamientos efectuados el miércoles pasado por el Consejo de Educación Superior (CES) en torno a la legalidad en la que ha venido operando este centro de estudios, cuya sede principal se encuentra en Valparaíso (Chile).

Roberto Hanze, presidente de la junta directiva del campus, negó que esta entidad se haya autodenominado universidad. “Somos un campus de una universidad extranjera que funciona hace 20 años en Ecuador con la autorización de los organismos correspondientes: Conesup, Conuep, en diferentes épocas; y del mismo CES en la actualidad. Nunca ningún organismo universitario ha dictado una resolución donde se diga que estamos ilegal en el país”.

Con respecto a la resolución del CES del 20 de abril pasado, que dispuso que la Santa María suspenda definitivamente los exámenes de admisión, inscripciones y nuevas matrículas para estudiantes de primer año o su equivalente, Hanze dijo haber cumplido con el pedido.

“A partir del 21 de abril no hemos matriculado ni un solo estudiante. Los que entraron a primer año son aquellos que se inscribieron y matriculado hasta el 20 de abril”.

Dijo también haber presentado, dentro de los plazos establecidos, el plan solicitado por el CES, en el que se establecen mecanismos para garantizar los derechos de los estudiantes que actualmente están cursando carreras o programas dentro de la institución; así como los derechos de los docentes y personal administrativo.

Pero aclaró que se trata de un plan voluntario (ver cuadro superior) y no de un plan de contingencia como lo llama el CES: “Nunca aceptamos someternos a un plan de contingencia porque este va dirigido a dos casos específicos: si la calidad de enseñanza que se da en la entidad es mala o si las carreras que se están impartiendo no han sido aprobadas por los organismos correspondientes. Nosotros no estamos en ninguna de las dos situaciones”.

Anastacio Gallegos, miembro de la junta directiva del campus, añadió que para entrar a un plan de contingencia, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) debió haber evaluado la entidad, “pero no lo hizo a pesar de que en tres ocasiones se lo pedimos”.

Los directivos informaron que han interpuesto un recurso de reposición (demanda) por considerar que un informe emitido por la procuradoría del CES no está fundamentado. Una de las cosas que dice el documento es que aún cuando se apruebe el plan de la Santa María, el CES tiene la facultad de declarar la nulidad de todo. “La nulidad de un acto solo lo puede declarar un juez. No ha existido una acción judicial pidiendo la nulidad de lo que hemos hecho en 20 años”, dijo Hanze.