Sarzosa: En 10 días estará lista la demanda de la Conaie contra el Estado
La defensa de la Conaie dice que tiene casi listos los documentos para acudir ante la CIDH. Jaime Vargas rindió su versión en un caso de subversión
Entre Jaime Vargas, presidente de la Conaie, y el dirigente indígena Leonidas Iza suman nueve investigaciones previas relacionadas con los hechos violentos de octubre. A Vargas le abrieron cinco expedientes y a Iza cuatro.
Al menos eso asegura Lenín Sarzosa, uno de los miembros del equipo jurídico de la agrupación indígena para quien se trata de “persecución política”.
Sarzosa fue uno de los que ayer acompañó a Vargas en una versión a la que fue citado por la Fiscalía. Ese organismo investiga posible subversión, originada en su llamado a conformar un “ejército propio”.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue citado para el próximo 17 de febrero para que rinda versión en la Fiscalía Provincial en un caso abierto en esa dependencia.
El 19 de octubre de 2019, en un encuentro con sus bases, Vargas señaló: “Tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”.
Sarzosa afirma que esas declaraciones fueron tergiversadas por los medios, que a lo que se refería el dirigente era a las guardias indígenas que se han constituido desde hace mucho tiempo para protección y seguridad de las comunidades.
Este jueves, Vargas fue a la Fiscalía General acompañado de un grupo de dirigentes. En ese lugar estuvo menos de cinco minutos porque a donde debía acudir es la Fiscalía especializada en Personas y Garantías, a tres cuadras del lugar.
Hacia allá se dirigió escoltado, no por la guardia indígena, sino por policías que habían acudido a prestar seguridad en la Fiscalía General.
Más tiempo le tomó caminar hasta el edificio Eteco que dar su versión sin juramento. A su salida reiteró lo que ha señalado desde hace cuatro meses: malinterpretaron su declaración.
“También tenemos nuestros grupos de seguridad que protegen a la comunidad, las fronteras entre pueblos y nacionalidades”, aseguró. Insistió que hay persecución política del Gobierno.
Una muestra de ello, manifestó, es que en el país hay más de 500 líderes de distintas comunidades que están siendo citados a través de la Fiscalía a dar versiones. “Esos 500 tendrán que ir a la cárcel, pero ¿quién responde de los 11 asesinados, nadie?”, se preguntó.
Nosotros, como Conaie, hasta el momento, tenemos registradas nueve víctimas.
El delito por el que se investiga a Vargas y otros está contemplado en el artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sanción es entre cinco y siete años a quien promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas, destinadas a subvertir el orden público.
El abogado Sarzosa menciona que es el quinto caso abierto a Vargas, quien ya dio versiones en expedientes por probable terrorismo, delito de odio, instigación a la discordia e incitación.
“Nos llama la atención que la Fiscalía no tiene la misma celeridad por otras causas, como por la ola de grupos ciudadanos que piden que vuelvan los grupos volantes del socialcristianismo”, se quejó.
A diferencia de Vargas, el defensor indicó que la Conaie reconoce nueve muertos en el contexto de las protestas de octubre. De ellos se recopila toda la información: historias clínicas, certificados de defunción y otros elementos para adjuntar a la demanda que presentarán en contra del Estado en 10 días. Los abogados de la Conaie se han reunido con víctimas y sus familiares.
Está seguro que podrán demostrar que en octubre hubo violación de Derechos Humanos y uso excesivo de la fuerza.
Marcelo Hallo, excandidato a prefecto de Pichincha, es uno de los denunciantes. Él impulsa una denuncia en contra de Vargas por presunta instigación que se habría registrado durante las protestas. Ya reconoció su firma.