El secretismo que envuelve a la compra de las vacunas

El país cerró el 2020 con la noticia de que el Gobierno había desembolsado a Pfizer 4 millones de dólares por el pago de 50.000 dosis de la vacuna para combatir la COVID-19 y como parte de un adelanto de otras 4 millones de dosis más que llegarán a finales de marzo. Sin embargo, el ministro Juan Carlos Zevallos señaló que no podía dar más detalles ni transparentar en cuánto había adquirido el país cada dosis por políticas de confidencialidad.

Por estas mismas políticas, el país desconoce los términos del acuerdo, cómo y qué se negocia con Moderna, Jhonson & Jhonson, AstraZeneca y otras farmacéuticas y bajo qué condiciones Pfizer accedió a darle a Ecuador 36.000 vacunas más pese a que, según Zevallos, el camino para conseguir eso estaba lleno de trabas debido a “una demanda brutal” que hay a nivel mundial. Se espera que las primeras 86.000 dosis empiecen a llegar esta semana.

Pero este manto lleno de secretismo no solo envuelve a las negociaciones que realiza Ecuador, que el año pasado quiso abanderar la transparencia tras la aparición de casos de corrupción en el sistema de salud en varios países de América Latina y Europa, gremios de médicos y organizaciones de la sociedad civil han reclamado por la falta de apertura para conocer el contenido de estos contratos e instado a las autoridades a que los hagan públicos.

“El país no ha conocido de manera transparente, como debería hacerse, cuáles han sido las negociaciones que se han hecho con las transnacionales. ¿Por qué se escoge una vacuna y no otra? Eso debió ser público”, dijo el martes pasado Carolina Corcho, de la Federación Médica colombiana.

En México, Médicos sin Fronteras y Amnistía Internacional también han reclamado transparencia a la administración de Andrés Manuel López Obrador tras conocer que clasificó los acuerdos con las farmacéuticas. “Sin una acción decisiva de los gobiernos exigiendo más transparencia a las empresas, el acceso equitativo a las vacunas COVID-19 está en peligro. La opinión pública tiene derecho a saber qué hay en estos acuerdos: no hay lugar para los secretos durante una pandemia, hay demasiado en juego”, dijo Miriam Alía, de Médicos Sin Fronteras (MSF), en un comunicado difundido en noviembre.

Pero esta práctica no es nueva. La epidemióloga Andrea Gómez explica que esta clase de acuerdos de confidencialidad no solo se ha hecho con las vacunas, sino con todo “tipo de medicamentos que uno se pueda imaginar” y que son un requisito fundamental que han puesto las farmacéuticas a los países para que puedan entrar en las listas de espera.

El principal problema, señala, es que esto ha provocado que determinados países puedan darse el lujo de ofrecer cosas que otros no pueden, con el objetivo de acaparar la mayor cantidad de vacunas.

Para Rodrigo Henríquez, docente investigador de la Universidad de las Américas, un mecanismo que ha servido para frenar este tipo de prácticas es la creación de bancos de precios entre países o la formación de grupos o alianzas para hacer compras en bloque. Un ejemplo de ello es la iniciativa Covax, en la que también se ha embarcado Ecuador.

“La idea es hacer un frente común para negociar con la industria en mejores condiciones. Lamentablemente muchos países han optado por negociar de forma independiente”, señala.

“La OMS ya ha lanzado una crítica en la que llama a los países desarrollados a dejar de negociar individualmente porque eso afecta a las posibilidades de los países más pobres para acceder a vacunas y que haya mejores precios”, precisa.

Ambos especialistas mencionan que es importante que se transparenten las condiciones y los contratos, ya que eso impediría que las empresas pongan sobre la mesa condiciones que muchos gobiernos no pueden cumplir. “Hay países, como Perú, que han tenido que retrasar las negociaciones porque al parecer se estaban exigiendo algunas cláusulas con las que el Gobierno no estaba de acuerdo. Y eso de alguna manera los va poniendo en la cola o se va posponiendo el acceso de esos países a la vacuna”, explica Henríquez.

La ministra de Relaciones Exteriores de Perú dijo que en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra se firmó un preacuerdo que tenía cláusulas que “requerían un examen más profundo para identificar su compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que pueda asumir el Estado más allá de los costos del contrato”.

Pero hay más ejemplos. En octubre del año pasado, el Financial Times publicó que, como parte de un acuerdo de producción de vacunas entre AstraZeneca y una institución de salud pública brasileña, la compañía se había otorgado “el poder de declarar el fin de la pandemia a partir de julio de 2021”, con el fin de, a partir de esa fecha, cobrar más por cada dosis de vacuna.

“Israel está negociando, incluso, cláusulas como que la empresa tenga acceso a datos como edad, sexo y si el paciente tiene una enfermedad cardíaca para desarrollar otro tipo de investigaciones en el país y eso le da ventaja”, cuenta la doctora Gómez.

Los pocos detalles que se saben de las negociaciones y precios a nivel mundial han salido a la luz por filtraciones o “errores” de funcionarios que han tenido acceso a ellos.

Ese fue el caso de la ministra belga de Presupuestos, Eva De Bleeker, quien en diciembre colgó por error en Twitter una lista confidencial de los precios de las vacunas que la Comisión Europea estaba negociando.

Según esa lista, el precio de la vacuna de AstraZeneca-Oxford sería de 1,99 dólares, la de Johnson & Johnson costaría 8,50 dólares y la de Sanofi-GSK estaría a 8,44 dólares. Las más caras serían la de Pfizer ($13,40) y la de Moderna ($18).

“La transparencia le permitiría a los gobiernos escoger. Si me dicen que tengo dos vacunas de eficacia similar, a mí me interesaría conocer cuál es el precio real porque quiero optimizar recursos. Si es que yo puedo comprar una vacuna que con la misma cantidad de dinero me va a permitir vacunar a más personas para obtener el mismo beneficio, esa es la mejor decisión”, asegura Henríquez.

El doctor señala que muy pronto países como Ecuador deberán dar detalles de esos acuerdos, pues la “legislación de transparencia para el uso de recursos públicos” lo obliga.

EN DETALLE

Liberar las patentes. Una de las propuestas para bajar los precios de las vacunas, asegura el doctor Henríquez, es que se liberen las patentes para permitir “la fabricación de manera más acelerada y sin tantas barreras en diferentes partes del mundo”. Sin embargo, eso no pasará hasta, al menos, la segunda mitad del 2021.

“Es muy probable que con vacunas como AstraZeneca y otras pase eso, que se vayan desarrollando y empiecen a fabricarse en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, es muy probable que Brasil se convierta en uno de los polos de fabricación y distribución de vacunas para Sudamérica. Que la India haga lo mismo para el caso de algunos países de Asia”, menciona.

El epidemiólogo cree que las iniciativas como Covax también deberían pelear, además de por precios bajos, por liberar patentes para que más países tengan la posibilidad de fabricar vacunas e inmunizar más rápido a la población.