Secuestros en Guayaquil: la nueva sentencia de muerte que el Gobierno no puede frenar
El puerto principal es el escenario de historias macabras, que se vuelven más comunes. La clase media, entre los blancos
En los últimos dos años, los secuestros en Guayaquil han escalado como parte de una ola de violencia atribuida tanto a la delincuencia común como al crimen organizado. Lo que antes se consideraba un delito extorsivo con posibilidad de resolverse mediante el pago de un rescate, hoy se ha convertido en una sentencia de muerte para muchas víctimas.
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El blanco de las bandas criminales, muchas veces integradas por menores de edad, en su mayoría, son personas de clase media o de menor poder adquisitivo, de acuerdo con los casos que se han registrado, que han conmocionado a la ciudadanía. Pues se ha revelado la brutalidad con la que operan los secuestradores, quienes incluso asesinan a las víctimas pese a recibir el rescate o las someten a torturas extremas.
Historias de terror en Guayaquil
Un ejemplo de esta cruel realidad es el caso de Joel Ernesto Villacís Villamar, un guardia de seguridad de 29 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 11 de diciembre en el distribuidor de tráfico de la autopista Narcisa de Jesús-Pascuales. Villacís había sido secuestrado un día antes mientras se dirigía en motocicleta hacia el sector de Las Orquídeas. Los captores exigieron un rescate de 5.000 dólares, de los cuales los familiares lograron reunir 1.000 y depositarlos esa misma noche. Sin embargo, al día siguiente, el cuerpo de Joel fue hallado con las manos atadas y varias heridas de bala en el torso. Los secuestradores habían incumplido su promesa de liberarlo.
Otro caso desgarrador ocurrió con Segundo Borbor Suárez, un adulto mayor de 90 años que fue secuestrado y retenido durante cuatro días en condiciones inhumanas. Cuando la Policía logró liberarlo, Borbor estaba atado, deshidratado y visiblemente golpeado. Aunque fue trasladado a una casa de salud, falleció poco después debido a un infarto agudo de miocardio y un trauma craneoencefálico.
La brutalidad no conoce límites
La crueldad de los secuestradores ha alcanzado niveles alarmantes, como evidencia el caso de Marcos Elías León Maruri, de 65 años, quien fue secuestrado junto a su nieto por un grupo de diez individuos. Pese a las negociaciones y la intervención policial, Marcos fue encontrado muerto cuatro días después, con evidentes signos de tortura, manos y pies atados, y un dedo amputado. La causa de su muerte fue asfixia por sofocación, según el protocolo de autopsia. “Los secuestradores buscaban presionar a los familiares, exigiendo 100.000 dólares”, reveló una fuente policial. Aunque uno de los implicados fue detenido, los daños causados son irreparables.
La Policía Nacional de Panamá informó este 30 de mayo sobre la captura de alias Negro Tulio, de nacionalidad ecuatoriana y -presuntamente- actor intelectual del asesinato de un fiscal anticorrupción de Guayaquil, Ecuador.
— Diario Expreso (@Expresoec) May 30, 2024
Los detalles: https://t.co/d7h0Yvbexi pic.twitter.com/E3QyOd7LYH
Cifras que alarman en Ecuador
El incremento de secuestros en Guayaquil es alarmante. Desde el 1 de enero al 1 de noviembre de 2024, la Fiscalía General del Estado registró 1.118 denuncias, de las cuales 466 fueron por secuestro simple y 652 por secuestro extorsivo. Estas cifras superan los 1.067 casos reportados durante todo 2023. Además, las provincias de Guayas y Los Ríos lideran las estadísticas de este delito.
La Política Nacional ha logrado liberar a 1.030 personas en lo que va del año. Sin embargo, las cifras reflejan que el esfuerzo de las autoridades no ha sido suficiente para contener esta crisis, que no solo pone en riesgo la seguridad de los habitantes, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos.
Un panorama desolador
La espiral de violencia en Guayaquil sigue cobrando vidas y sembrando el miedo entre sus habitantes. Mientras las autoridades trabajan en la desarticulación de bandas criminales, la ciudad enfrenta una realidad donde los secuestros ya no son solo un delito, sino una suerte de ejecución extrajudicial perpetrada por el crimen organizado. La pregunta que queda es: ¿cuántas vidas más se perderán antes de que el Estado actúe con la contundencia necesaria para frenar esta tragedia?
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