Indultado
Beneficio. Un hombre de 52 años que sufre de Parkinson fue beneficiado del perdón de la pena.Cortesía

Un segundo reo se beneficia del indulto por enfermedad catastrófica tras crisis carcelaria

La Defensoría Pública gestiona la salida de la cárcel de Loja de un condenado a casi siete años por tráfico de drogas que tiene párkinson

José, un reo del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Loja, quien padece una enfermedad catastrófica (Parkinson), se convirtió en el segundo privado de la libertad que se benefició del indulto presidencial decretado por Guillermo Lasso, a raíz de la crisis penitenciaria que enfrenta el país. La Defensoría Pública informó que su gestión permitió la liberación del preso de 52 años.

La diligencia se desarrolló en la Unidad Judicial de Loja, informó la Defensoría. En ella se presentó el informe de factibilidad emitido por Héctor Paredes. En él se incluyó la certificación del médico familiar del Puesto de Salud del reclusorio en donde se informa sobre las dolencias del beneficiado. 

El 9 de noviembre de 2020 el indultado empezó a cumplir una sentencia ejecutoriada, de seis años ocho meses tras recibir una condena por un delito relacionado con tráfico ilícito de drogas. 

La jueza Gladys del Carmen Sarango acogió el pedido de indulto al comprobar que en el caso se cumplían los requisitos requeridos. La Defensoría destacó que ese es el segundo indulto que consigue luego de que el 26 de noviembre Luis fue el primer preso que recibió el perdón de la pena.

ANTONIO VARGAS (5466881)

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La semana pasada el presidente Lasso anunció indultará a los reclusos inmersos en infracciones de tránsito menores y a quienes sufran de enfermedades terminales. El objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles del país.

En un comunicado emitido por el Ejecutivo se señaló que en los dos casos la "decisión consiste en el perdón total de las penas privativas de la libertad y no extingue la obligación de reparación integral que cada uno de los receptores del indulto tengan a su cargo".

La última masacre ocurrida en la cárcel de Guayaquil, en la que fueron asesinados presos sin sentencia, detenidos por pensiones y otras infracciones menores, fue uno de los detonantes de la resolución presidencial.