La seguridad de José Serrano ha costado más de seis millones

El 22 de mayo, el exministro del Interior y asambleísta de Alianza PAIS José Serrano remitió una carta al presidente Lenín Moreno con copia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Al final de la misiva responsabilizó al gobierno y al subdirector de Inteligencia de la Policía, Renato González, por “las consecuencias que estas acciones y omisiones deliberadas generen actualmente o en el futuro, a mi persona y mi familia, al ponernos a merced del crimen organizado y narcotráfico que conjuntamente con la Policía Nacional combatí”.

Serrano se refiere a un anuncio de Inteligencia de sustituir la seguridad que tienen él y su familia. En la carta no menciona si es que existe la intención del retiro definitivo del dispositivo de seguridad, en concordancia con la austeridad dispuesta por el presidente.

Lo que sí describió son elevados niveles de riesgo de él y su familia. Evidenció amenazas que dice ha recibido mientras fue ministro. Atribuye eso a su combate a la delincuencia transnacional, crimen organizado, narcotráfico y otras. También cree que es por su trabajo fiscalizador en la Asamblea donde asegura hizo denuncias contra funcionarios del gobierno por actos de corrupción en el sistema penitenciario con los que se habría querido beneficiar a delincuentes como el fallecido Telmo Castro, César Vernaza o Colón Pico.

Afirma que pocos días después de sus denuncias un general de Policía le comunicó que “será sustituido en su totalidad el escaso equipo encargado de mi seguridad y de mi familia, situación que se repite reiteradamente”. La última sería del 22 de mayo. Insiste que hay informes que establecen el alto riesgo de vulnerabilidad de él y su familia. Relata ocho denuncias presentadas en Fiscalía.

Según información a la que accedió EXPRESO, actualmente Serrano, cuatro años después de dejar el Ministerio, cuenta con casi una decena de policías para seguridad de él y familiares cercanos. Desde el 2011 que empezó como ministro tras la salida de su antecesor Gustavo Jalkh, Serrano ha tenido entre una docena y más de 60 miembros en su seguridad. Es el único de los exministros de esa cartera que tiene seguridad al momento. Mauricio Gándara, ministro en 2005, tuvo por un año un policía y un chofer, sin vehículo oficial.

Para Jalkh hubo seguridad por unos seis meses, tras su salida. Reitera que ese tema se hace por análisis de riesgo. Pero máximo lo mantienen con protección un año, añade.

Mauro Toscanini tuvo seguridad por un tiempo. “Eran dos miembros del GIR. La movilización de ellos era en mi vehículo particular. La alimentación corría por mi cuenta, para no cargar dichos gastos al presupuesto institucional”, destaca.

Toscanini estuvo en la época de conflictos por la narcoguerrilla en la frontera norte (Guacho), la lucha contra el narcotráfico entre otras cosas. Por el número, en casi 10 años, el Estado ha pagado más de seis millones de dólares en los sueldos de los efectivos policiales asignados a Serrano. En 2013, por ejemplo, la protección a Serrano y miembros de su familia involucró a casi medio centenar de uniformados. En sueldos se pagó más de 780.000 dólares anuales.

En 2015 fueron más de 60 y eso representó más de un millón de dólares en salarios de los policías. En 2019 los sueldos del personal asignado a él representaron poco más de 110.000 dólares y en lo que va de 2020 casi 230.000 dólares.

En un acuerdo ministerial de noviembre de 2018, la ministra María Paula Romo establece dispositivos de seguridad para ‘otras personas’ en razón de su perfil, análisis de riesgo y por la función. El número depende de una tabla.

Hay un reglamento que dice que en el nivel alto serán tres, en el medio dos y en el bajo ninguno. Pero el nivel máximo se refiere a presidente o vicepresidente (no se define número), luego el muy alto 13, alto ocho, el medio tres y el bajo uno. Un miembro de Inteligencia señaló que todo se orienta a una optimización del talento humano, de acuerdo con los decretos de austeridad y sin dedicatoria, pero que siempre han tenido inconvenientes con el asambleísta “que no acepta que sus funciones concluyeron hace más de tres años”.