Seguridad: fórmulas de los candidatos evitan la política del estado de excepción

El próximo mandatario deberá enfrentar a por lo menos 22 organizaciones criminales, identificadas por este Gobierno como terroristas, desde enero de este 2024. Esas bandas cuentan con al menos 50.000 personas reclutadas para traficar drogas, extorsionar, secuestrar y participar de sicariatos.

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Eso, según cálculos del investigador en temas de violencia Fernando Carrión, quien ha sostenido que hay miles de jóvenes marginados, sin oportunidades para estudiar o conseguir trabajo. Citado por el semanario de análisis mexicano, Proceso, el profesor de la Flacso apuntó que ese dato abarca a todas las organizaciones criminales de Ecuador: las grandes, vinculadas a los carteles mexicanos de la droga, como las pandillas que trabajan para esos grupos en Esmeraldas, Manabí y Guayas.

Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, a inicios del siglo XX había estructuras delictivas de alcance local, pandillas, sin gran participación en el crimen organizado transnacional. A Colombia y México les proveían de transporte de drogas ilícitas hacia Centroamérica y de precursores químicos para la producción de cocaína en el sur de Colombia.

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Pero eso cambió a finales del 2019, según el Observatorio. Desde 2020, el cartel de Sinaloa y las redes balcánicas buscan establecer negocios vinculados al narcotráfico. Eso ha disparado la violencia criminal por disputa territorial, también el lavado de activos para financiar las operaciones ilícitas, tráfico de armas largas, estrategias de intimidación a nivel local, y la aparición de tácticas de corrupción a funcionarios públicos.

Esto harían los candidatos presidenciales en materia de seguridad

En ese contexto, EXPRESO consultó a los 16 candidatos presidenciales, de forma directa o a través de sus equipos: ¿Cuáles son las tres decisiones que tomará para combatir el crimen organizado y el narcotráfico? Explique. Nueve de ellos respondieron. Casi todos hablan de potenciar a las fuerzas del orden, en sus labores de inteligencia, también con equipos tecnológicos. Incluso hay propuestas para crear escuadrones de pacificación y de una fuerza conjunta antiextorsión. Así como de controlar los puertos.

Una candidata señaló que destruirá las conexiones entre el crimen organizado y la política, aunque no explicó exactamente cómo lo hará. Un presidenciable mencionó que eliminará el uso progresivo de la fuerza para “dar de baja a los delincuentes armados”. También se dijo que es necesario hacer más control migratorio.

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Los candidatos también ven urgente reforzar el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para cortar con el lavado de activos, monitorear patrimonios de autoridades y terminar con las fuentes de financiamiento del crimen organizado.

Pese a que en general todos hablan de fortalecer a la Policía, también se habla de depurar a esa institución así como a las Fuerzas Armadas, la justicia, inclusive se hace referencia a funcionarios judiciales y las relaciones con el sistema penitenciario. Y se pide la participación de ciudadanos, con la posibilidad de denunciar.

Un binomio considera que se debe trabajar en una diplomacia de la guerra, uniendo fuerzas con otros países. Otros además hablaron de la cooperación internacional.

Ninguno de los nueve candidatos anunció que seguiría con la fórmula de Guillermo Lasso y Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado: decretar estados de excepción. Insight Crime, fundación que estudia las amenazas a la seguridad en la región, se refirió al tema hace unos días. Concluyó que hay pocos resultados.

El crimen organizado, un problema de múltiples dimensiones

Según la fundación, más que nada la declaratoria muestra a la población que un Gobierno toma medidas drásticas y refuerza su imagen de políticas mano dura. El 3 de octubre, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto 410 y decretó estado de excepción por 60 días, en ocho provincias, incluyendo Quito, en Pichincha.

Continuamente, el Gobierno señala que se han reducido, por ejemplo, los asesinatos, hasta octubre en 17.5% en relación con el 2023. Pero se reportan crímenes, inclusive de colegiales uniformados.

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Según Carla Álvarez, docente- investigadora del IAEN, enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico implica ver el problema en múltiples dimensiones, todas complejas. Una de ellas es la corrupción y la infiltración en las fuerzas del orden. Asimismo, dice que hay que trabajar en el control de los puertos y de las avionetas y las pistas, por donde sale la droga y entran otros productos como armas.

Además, para Álvarez hace falta depurar la justicia y fortalecer la UAFE, que debe cumplir con su función, que es perseguir los dineros del narcotráfico. Y contar con tecnología, para monitorear puertos.

“No son acciones superficiales, requieren un tiempo y generarán resistencia”, advierte la especialista en temas de seguridad. Por eso subraya que Ecuador necesita acceder a toda la cooperación internacional posible, ya que este problema debe enfrentarse de manera transnacional. ¿Por qué?

Álvarez detalla que la hoja de coca se produce en Colombia, pero su acopio y logística está en Ecuador y después se va Estados Unidos, pasa por Centroamérica, con dirección a Europa, los Balcanes, Asia... “Imagínense si pudiéramos trabajar para hacer seguimiento de los cargamentos, trabajar con México y con EE.UU. para detener el tráfico de armas; detección balística con Colombia”.

Al hablar de con qué países debería trabajar Ecuador, Álvarez pone un ejemplo: si hay una infestación de ratas en el barrio, ayudaría aliarse con el vecino para poner trampas a los lados. “Los aliados naturales son los cercanos, no se puede seguir dejando de lado a Colombia, Bolivia y Perú, que tienen monitoreo de cultivos, desde hace años”.

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