Seis judiciales suspendidos por anomalías en el sorteo de los recursos del alcalde

Lo que se había regado en redes sociales como pólvora lo confirmó el Consejo de la Judicatura este jueves. En el sorteo de los dos pedidos presentados por la defensa del removido alcalde capitalino, Jorge Yunda, hubo irregularidades.

La confirmación de qué mismo ocurrió se dará al concluir los expedientes administrativos iniciados por la Judicatura.

Por lo pronto, las sospechas de las autoridades llevaron a que el pleno del organismo se reúna de forma urgente y adopte medidas. Entre ellas: la suspensión de los dos jueces que concedieron los recursos a la defensa de Yunda, de forma aparentemente irregular, una denuncia en la Fiscalía por posible interceptación ilegal de datos y otros delitos.

La presidenta del Consejo, María del Carmen Maldonado, indicó que en los dos casos: acción de protección y de medidas cautelares se registraron anomalías. La acción de protección se presentó como una causa de violencia. Eso provocó que, de los 215 jueces a quienes por sorteo les pudo tocar la causa, la posibilidad se redujo a cuatro, uno de ellos María Belén Domínguez, quien concedió parcialmente la acción a Yunda.

El otro caso es el de Carlos Soto, juez civil que el miércoles concedió el pedido de medidas cautelares al alcalde removido. Según las primeras investigaciones, el pedido había sido asignado directamente y sin sorteo.

Maldonado informó que la suspensión de ambos jueces, ayudante judicial, secretaria y otros tres judiciales es para prevenir el conocimiento de cualquier otra causa.

Por su parte, el vocal Juan José Morillo admitió que recibió varias llamadas del alcalde removido.

Desde el 7 de julio la jueza Domínguez ya tiene un reemplazo que ese mismo día admitió a trámite el recurso de apelación de la acción de protección y lo remitió a la Corte de Pichincha. Esa instancia deberá fijar día y hora de audiencia y escuchar a las partes.

Tras conocer la resolución de la Judicatura, el removido alcalde dijo que investiguen lo que tengan que investigar, pero que espera se evidencie la vulneración de derechos en el proceso de remoción. “Cada quien responderá por sus actos, como ciudadanos lo que hacemos es utilizar todos los recursos que permite la ley”, dijo en el canal Ecuavisa.

Para el exjuez de Pichincha, Luis Fernández Piedra, lo ocurrido con los funcionarios judiciales es algo inexplicable “que solo demuestra el estado de putrefacción en el que se encuentra la justicia, desde que le metieron las manos no las han sacado”, añadió.

El exjuez insiste en que la actuación en los sorteos, la rapidez con la que ocurrió, refleja un tratamiento direccionado y preferencial que no se da a los demás usuarios. Cree que todos los juristas se han quedado absortos de cómo actúa la justicia.

el detalle

Resolución. El Tribunal Contencioso Electoral respondió a Jorge Yunda que los puntos solicitados estuvieron lo suficientemente claros y atendidos.