KARINA DEFAS
Seis meses de un embrollado camino para ser juez de la Corte Nacional de Justicia
Entre cuestionamientos, el concurso público de designación de magistrados llega a su instancia final. Juristas opinan sobre la confiabilidad de este proceso
Cuando los miembros del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) expidieron el reglamento del concurso público para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que arrancó el 2 de julio de 2020, establecieron en esa normativa las declaratorias de nulidad o de desierto como formas de dar por terminado ese proceso.
Son esas dos opciones las que, a lo largo de seis meses, distintos organismos y colectivos de la sociedad civil han sugerido para liquidar ese concurso, en el que han visto presuntos errores, inconsistencias e irregularidades.
La Judicatura defiende la transparencia de este proceso, que se encuentra en su recta final y con insuficientes aspirantes para llenar los 16 puestos disponibles.
Las dudas sobre el concurso han salido de expostulantes, organismos y colectivos de la sociedad civil. Hechos cuestionados han sido, por ejemplo, el envío de correos de notificación a los postulantes sobre los resultados de la fase de méritos con igual calificación para todos ellos, aunque el CJ aclaró después que se trataba de un correo de “prueba”.
En octubre de 2020, la interrupción de la comunicación debido a un recalentamiento de los servidores del centro de datos que almacenaba la información del concurso, que llevó en octubre al CJ a cambiar las fechas del cronograma referencial del proceso, también generó críticas contra el organismo y el concurso.
Lo mismo ocurrió cuando se conoció la renuncia de la postulante Ivonne Núñez, una vez notificados los resultados de la etapa de méritos. Ella denunció cambios de puntajes en la valoración de experiencia laboral, así como otras inconsistencias.
Las reacciones sobre el desarrollo del concurso no se hicieron esperar. En noviembre pasado, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) demandó al CJ “dejarlo insubsistente” y exigió que se convoque a uno nuevo sobre la base de procedimientos “que den plena confianza”. La Comisión, que realizaba una veeduría, anunció su retiro del concurso.
Un pedido similar hizo el Observatorio de Derecho y Justicia, por considerarlo un “concurso viciado”. Ese colectivo alertó acerca de “la falta de transparencia sobre los criterios de selección, la asignación arbitraria e injustificada de calificaciones a varios postulantes y las denuncias presentadas por muchos de ellos sobre actos de corrupción en el proceso”.
La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, insiste en que se trata de un proceso claro, que no es comparable con los efectuados en anteriores administraciones.
El organismo ha enfatizado que no declarará desierto el concurso público y asegura que este se desarrolla “con rigor, excelencia y transparencia”.
¿Qué es lo recomendable en estas instancias del proceso? Eso fue lo que EXPRESO consultó con dos entendidos en materia jurídica.
Para el doctor Roberto Gómez Mera, expresidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, el concurso debe continuar hasta su etapa concluyente. “No creo que haya un interés particular en beneficiar o perjudicar a una persona, pero talvez la metodología utilizada (en el proceso) no es la más idónea”, comenta.
El concurso tiene que darse porque hoy no hay otra manera de llenar las vacantes para jueces.
El jurista ve posible dos maneras de sacar adelante este proceso: por la vía constitucional, mediante una acción de protección, a la que tendrían que recurrir quienes se sintieran perjudicados en las calificaciones; o a través de la intervención de una comisión de alto nivel, para que haga una veeduría de las evaluaciones.
En cambio, el doctor Juan Vizueta, exdirector del Consejo de la Judicatura, considera que el concurso en marcha debe ser declarado desierto y que se convoque a uno nuevo “cuando el país esté en mejores condiciones para desarrollarlo con toda la transparencia del caso”.
Las denuncias por la falta de reglas claras y otras falencias obligan a anular el concurso.
Según el también catedrático universitario, la declaratoria de nulidad es lo pertinente, sobre la base de “todas las observaciones y falencias de las que ha estado viciado este proceso”.
La realización de un nuevo concurso para llenar las 16 vacante de jueces de la CNJ no está descartada para la Judicatura, en vista del reducido número de aspirantes que han llegado a las instancias finales. Esto se despejará el 6 de febrero, cuando el proceso llegue a su culminación.
