Al menos seis paises acogen a politicos ecuatorianos fugados
Aunque en su mayoría los investigados han preferido ir a EE. UU., al menos tres escogieron Bolivia y Venezuela. Otros están en Perú, España y Bélgica.
Con el expresidente Rafael Correa a la cabeza, casi una veintena de sus exfuncionarios abandonaron el país en los últimos dos años.
¿La razón? Investigaciones de supuestos actos de corrupción registrados en el ejercicio de sus funciones.
Al menos tres de ellos, investigados por la Fiscalía y sobre quienes pesan órdenes de prisión, se han refugiado en países con autoridades afines al socialismo del siglo XXI, como Bolivia y Venezuela.
Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación, y la exasambleísta correísta Sofía Espín (ambos destituidos por la Asamblea en 2018) le apostaron a Bolivia para pedir refugio. Ochoa es investigado por falsificación y uso doloso de documento falso.
Espín es indagada por una supuesta oferta de tráfico de influencias en el caso de Diana Falcón, exagente de Inteligencia involucrada en el secuestro del activista Fernando Balda.
Falcón aseguró que la ahora exasambleísta la visitó en la cárcel y le pidió que se retracte de las declaraciones de que Correa conocía la operación para traer a Balda desde Colombia. A cambio, Falcón recibiría asilo en Bélgica y protección de la ONU.
Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de Correa, fue ubicado en Caracas. Estaría en un hotel de la capital venezolana con gastos cubiertos por el régimen de Nicolás Maduro.
El penalista Luigi García observa que “esos países son el reducto de prófugos de la justicia porque tienen gobiernos autoritarios similares que han llevado a la miseria al pueblo”. Opina que lo mínimo que pueden hacer es darles refugio con el ánimo de seguir sosteniendo sus proyectos políticos e ideológicos en la región y lograr la impunidad.
Juan Pablo Albán, experto en derechos humanos, cree que esa acogida es muy decidora de las propias prácticas de corrupción de esos países. Considera que “no son solidarios sino encubridores”.
Para Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el apoyo a los exfuncionarios fugados “muestra claramente que el denominado socialismo del siglo XXI no es una orientación ideológica, sino una estructura de poder arbitrario, de manejo corrupto de fondos públicos y encubrimiento”.
Pero otros que tienen cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana han preferido países como España, como en el caso del exsecretario de la Senain Pablo Romero. Él fue llamado a juicio por el plagio de Balda. También es investigado por presunto peculado.
El expresidente Correa escogió radicarse en Bélgica al poco tiempo de dejar el poder en manos de Lenín Moreno. En su contra pesa una orden de prisión por el caso Balda, en el que también fue llamado a juicio.
Ramiro González, exministro de Industrias de Correa, está en Perú. Tiene expedientes por enriquecimiento, tráfico de influencias y otros delitos. En ese país fueron detenidos y luego liberados Carlos Pareja Cordero y su hijo. Fueron llamados a juicio el 18 de mayo de 2017, por presunto lavado de activos en el caso Petroecuador.
En Estados Unidos se encuentra Carlos Pólit, excontralor del anterior régimen, sentenciado por concusión y llamado a juicio por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Antes que ellos, uno de los primeros en escapar del país fue Pedro Delgado, exgerente del Banco Central y primo de Correa, quien abandonó el país en diciembre de 2012. Correa dijo que solo fue a una boda. Fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito y falsificación de su título de economista.
El exministro Wálter Solís es investigado por peculado y se encontraría también en Estados Unidos.
A su país, Venezuela, regresó en 2016 Alexis Arellano, procesado por asociación ilícita en el caso Odebrecht junto con su compatriota Freddy Salas y el empresario Ricky Dávalos.
