La sentencia de Jorge Glas sigue en el ‘horno’

Ya son 23 días desde que se anunció la sentencia en el caso por asociación ilícita abierto bajo el paraguas de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Esa sentencia todavía no ha sido notificada por escrito a las partes.

El 13 de diciembre de 2017, los nueve procesados, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, conocieron oralmente la resolución de los jueces que los condenaron a seis años de prisión.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la notificación con el fundamento del fallo debe hacerse en los siguientes diez días.

Esta ‘demora’ no preocupa a todos los abogados, aunque de ella depende el siguiente paso: la apelación. Ese recurso será utilizado por cinco sentenciados a seis años de reclusión y por, al menos, uno de los tres condenados a 14 meses de cárcel. Ellos buscan dejar sin efecto la condena por considerar que no se demostró la existencia y materialidad del delito.

Mauricio Garrido, abogado de José Terán (sentenciado a 14 meses), comentó a EXPRESO que es usual que así se demoren. Pero Juan Carlos Quintana, defensor de Carlos Villamarín, está convencido de que la demora “obedece a la dificultad que tiene el tribunal en adecuar en derecho o motivar una sentencia condenatoria sin ninguna prueba que determine la materialidad de la infracción, así como la responsabilidad de las personas”.

Para Eduardo Franco, abogado de Glas, la falta de notificación es “una violación flagrante al debido proceso penal”.

¿Es justificable la demora? El exfiscal Pablo Encalada asegura que cumplir los plazos es humanamente imposible en la mayoría de casos. Y el exjuez Mauro Terán precisa que los plazos se incrementan según las carpetas del expediente. Es decir, los 10 días son solo un punto de partida.

Aunque en este caso también hubo otros elementos. Ayer se incorporó a la Corte el juez Édgar Flores. Él tomó vacaciones desde el 26 de diciembre de 2017 hasta el 3 de enero. Richard Villagómez también solicitó descanso, pero el presidente de la Corte, Carlos Ramírez, no lo autorizó.

Mientras llega la notificación, la situación de Glas no ha variado. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, recordó que tiene recursos pendientes.

Por lo pronto, seguirá gozando de seguridad estatal gracias a un decreto que firmó el 3 de mayo de 2017 el expresidente Rafael Correa. En él, Correa amplió a un año la seguridad para los expresidentes y a seis meses para los exvicepresidentes. Los plazos se acortarán o extenderán sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará, dice el documento.