La sentencia para reactivar juicios políticos complica a Fiscalización
La Comisión de Fiscalización recibe multa del 50% del Salario Básico Unificado por no cumplir sentencia en juicios políticos
El juez de la Unidad Judicial de Quitumbe, Édgar Romero, impuso el pasado viernes 6 de septiembre de 2024 una multa económica de USD 230 a los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por no reactivar tres juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
La sanción se debe al incumplimiento de la sentencia emitida el 22 de agosto por el propio juez, que ordenaba retomar de inmediato estos procesos y reportar los avances en su ejecución.
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Corte de luz masivo
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, fue específicamente multada por no haber dado cumplimiento a la sentencia. Según la providencia emitida el 6 de septiembre, Aguirre debía garantizar la reactivación de los juicios políticos en contra de tres exministros del gobierno anterior, tal como exigía la acción de protección presentada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón. Al respecto, Alarcón enfatizó que la sentencia es de obligatorio cumplimiento y que, en caso de no acatarla, se aplican sanciones como las multas pecuniarias.
Impacto del apagón nacional y la suspensión de la sesión
El cumplimiento de la sentencia se vio afectado por un repentino apagón nacional ocurrido el sábado, que impidió la reunión de la Comisión de Fiscalización prevista para el 7 de septiembre. La sesión, que debía llevarse a cabo de manera virtual, fue suspendida debido al corte masivo de electricidad. La presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, anunció que la reunión se retomará el lunes 9 de septiembre a las 21:00.
Reacciones de los asambleístas
Ante la multa impuesta por el juez Romero, los asambleístas reaccionaron con diferentes opiniones. Inés Alarcón, del oficialismo, subrayó que la sentencia debe cumplirse sin excepciones y que las multas forman parte del proceso legal cuando no se acatan las decisiones de un juez competente. Añadió que el orden de prelación en la Ley Orgánica de la Función Legislativa dictamina que primero se debe tratar el juicio de la Fiscal Diana Salazar y luego los otros temas.
Por su parte, Lenin Rogel, del Partido Social Cristiano, mencionó que, tras el pronunciamiento del Pleno, se debe esperar la decisión de la Corte Constitucional. No obstante, por el tiempo, la Comisión de Fiscalización tomará una postura esta noche.
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