Por sexta vez no se instaló el primer juicio de lesa humanidad seguido contra cinco exmilitares
El llamado a juicio se dio hace casi siete años. Había 11 militares y dos policías investigados. 10 fueron acusados. Ya tres procesados fallecieron
Este jueves 18 de febrero de 2021 debía instalarse en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el juicio por el presunto delito de lesa humanidad en el caso Cajas, Vaca, Jarrín. A la diligencia convocada desde el año anterior acudieron los representantes de la acusación particular, la Fiscalía y la defensa de los procesados por vía telemática.
Sin embargo, no hubo tribunal para el juzgamiento. La Secretaría de la Sala sentó la razón de lo sucedido, explicó Juan Pablo Albán, defensor de los acusadores particulares.
El caso de Luis Vaca, Javier Jarrín y Susana Cajas fue el primero en ser judicializado en el país por posible lesa humanidad. Según las investigaciones de la Fiscalía el 10 de noviembre de 1985 tres miembros de la agrupación subversiva Alfaro Vive Carajo habrían sido detenidos por militares en Esmeraldas. Ellos habrían sido llevados a al batallón Escuela de Inteligencia Militar localizado en Conocoto, en el sur oriente de Quito.
La audiencia preparatoria de juicio se desarrolló entre el miércoles 12 y viernes 14 de marzo del 2014. El exfiscal Galo Chiriboga acusó a 10 sospechosos del presunto delito. Según la teoría del caso Cajas y Jarrín estuvieron arrestados durante 15 días en los que habrían sufrido torturas físicas, sicológicas y sexuales y posteriormente liberados.
Mientras que Vaca habría estado plagiado y permaneció desaparecido por alrededor de tres años, según consta en el expediente. Su liberación se habría producido a mediados de 1988.
En la audiencia preparatoria se presentaron versiones, documentos desclasificados del Ministerio de Defensa, informes periciales de los reconocimientos de los lugares donde fueron detenidas las víctimas, informes psicológicos, entre otros. En la diligencia el exfiscal admitió que en la época de los acontecimientos hubo un aparataje estatal que, a través de la fuerza pública, militar o policial, creó un plan militar de defensa interna para contrarrestar la sublevación existente en el país.
Atribuyó a los procesados el conocimiento de la detención ilegal de las tres supuestas víctimas. Fueron procesados 11 militares y dos policías. De los sospechosos al menos tres han fallecido. Casi todos son de la tercera edad. Al juicio debían comparecer cinco exoficiales militares que habrían integrado la cadena de mando.
Uno de los acusados era el excomandante de la Policía, Édgar Vaca, quien falleció en Estados Unidos. El de este jueves fue el sexto intento por instalar el juicio. Juan Pablo Albán explicó que al momento no hay tribunal de juicio porque el último que estuvo integrado por dos jueces temporales y por Iván Saquicela, quien fue designado presidente de la Corte. El defensor indicó que corresponde que se integre otro tribunal.
Mencionó que según la ley, desde el momento que se recibe el caso para el sorteo del tribunal debe señalarse en 10 días fecha y hora para el juicio y ya han pasado casi siete años.
El defensor exhortó a las autoridades de justicia a que piensen que todos los ciudadanos son iguales y merecen justicia. Dijo que "es absurdo que se sustancien todas las etapas del proceso: instrucción, juicio, apelación y casación en menos de un año en algunos casos y haya causas otras como esta que las víctimas esperan no siete años de la audiencia sino 35 años" desde que se habría cometido el presunto delito.
Xavier Mejía, otro de los defensores en el caso, recordó el juicio está suspendido para un exministro de Defensa que se encuentra en Estados Unidos. Mejía manifestó que con el juzgamiento a los cinco exoficiales la Fiscalía busca probar una sistematicidad de los elementos que configuran el delito de lesa humanidad.
Para Mejía por la cantidad de pruebas que se deben presentar en el juicio hacerlo de forma telemática resultará complicado porque se violentan los principios de contradicción e inmediación.
