Silencio en atención carcelaria activa fiscalización en Asamblea
El SNAI no explica cómo garantizará la alimentación en cárceles. Hay alertas de supuesta violación de derechos
No es sorpresa que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) guarde silencio ante hechos críticos. Esta vez sobre el estado de salud y falta de alimentación en las cárceles del Ecuador.
Esta situación fue alertada a inicios de mayo, en reportes de agentes de seguridad penitenciaria. Solicitaban que se solucione el problema, la falta de pago a Lafattoria, proveedora del servicio de alimentación.
El Gobierno puso el ojo sobre la proveedora y el 2 de mayo presentó una noticia criminis a la Fiscalía para que se la investigue por su presunta implicación en actos ilícitos relacionados al crimen organizado. La Lafattoria advertía con suspender el servicio totalmente y el 2 de junio lo cumplió.
Richard Villagrán, presidente de Lafattoria, dijo que aún mantienen el servicio de un economato en Guayaquil, que en dos meses lo dejarán porque no obtuvieron nueva adjudicación. El Estado adeuda 28 millones con 700 dólares por los servicios, refirió.
“Ni una vez hemos tenido algún tipo de acercamiento con el crimen organizado”, reiteró Villagrán. La empresa interpuso medidas cautelares y acciones de protección para defenderse del Gobierno.
La Defensoría del Pueblo evidenció la falta de alimentos con visitas a cárceles y recibió denuncias el 3 de junio. “El Protocolo de Minesota obliga al Estado a dotar de alimentación a las personas privadas de la libertad”, recordó su titular César Córdova. Su institución exhortó a otras siete el 29 de mayo, incluido al SNAI, para que se garanticen los derechos de los presos. Ninguna se pronunció, la situación es grave, el Gobierno debió prever un plan contingente para romper un contrato, acotó. Le preocupa incluso posibles amotinamientos.
El SNAI respondió a EXPRESO, el 29 de mayo, que se encuentra trabajando en la etapa precontractual para adjudicar el contrato para el servicio de provisión de alimentos en la División Territorial 3. Tras la suspensión de Lafattoria se buscó más detalles de cómo solventará la alimentación, pero ya no hubo respuesta. También se consultó acciones de los ministerios de Finanzas y de la Mujer y Derechos Humanos, tampoco respondieron.
La Comisión de Garantías Constitucionales es la que empezó un proceso de fiscalización la semana anterior por “vulneración de los derechos humanos” de los presos, precisó la presidenta Paola Cabezas, del correísmo.
En una comparecencia, el Ministerio del Interior informó que la situación de las cárceles los está desbordando, al punto de disponer más personal del que se debería tener en las cárceles, según Cabezas. Se prevén 35 comparecencias, con lo que se elaborará un informe final en aproximadamente 45 días.
El Gobierno no ha hecho nada para resolver el tema de la alimentación, de ser necesario se pedirá la intervención de las Naciones Unidas, evaluó.
Inés Alarcón, titular de la Comisión de Seguridad, dijo que se empezará con los procesos de fiscalización en la segunda semana de junio. Añadió que hay un retraso porque Leonardo Berrezueta, vicepresidente, no entrega las preguntas para hacer el requerimiento de información. El parlamentario la acusó de que al ser del oficialismo no da paso para tratar el tema. Berrezueta participará en la mesa de Cabezas.
En el sistema carcelario han existido espantosas omisiones de todo lado, el quebranto de la ley allí es permanente y el Estado no tiene una política que garantice un adecuado control de las cárceles ni el tratamiento humanitario que se necesita, indicó Daniel Pontón, experto en Seguridad.
El incumplimiento de normas internacionales de derechos humanos puede tener sanciones para el Estado, advirtió. Cree que la Asamblea Nacional debería pronunciarse. “De alguna manera está demostrando que el sistema carcelario vale menos que otros temas en el país, es lamentable”, refirió.
Además, señaló que la falta de atención al sistema carcelario no le restará votos a Noboa en su eventual candidatura porque los problemas de los presos no afectan la calidad de vida de la sociedad en general, sino cuando hay inseguridad.
“Al Gobierno le sirve más tener una cárcel controlada, a que se estén cumpliendo los derechos humanos, las cárceles no generan votos”, puntualizó.
Responsables de las cárceles
Esteban Torres, viceministro de Gobernabilidad, dijo el miércoles que cada Cartera de Estado debería responder por sus competencias. Cabezas señaló que el SNAI no es sujeto de control político, pero por estar adscrita al Ejecutivo, la responsabilidad es del mandatario.
Patricio Almeida, representante de familiares de presos, dijo que no hay atención médica e incluso existen cuatro muertes por inanición.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
