El silencio y la fatuidad como políticas de Estado

El cuádruple infanticidio de Taura corre el riesgo de terminar olvidado por las urgencias políticas, que son dramáticas. Sin embargo, más allá de que el caso sigue su procedimiento normal ante los tribunales, hay mucho que debatir sobre lo ocurrido. El empeño de un ministro por usar la presunción de inocencia como cortina de humo, el silencio obstinado de otro, la fatuidad de un presidente… Hay tantas cosas política y éticamente reprochables en el caso de los cuatro niños asesinados de Las Malvinas, que sería un crimen (otro) si se dejara pasar.

Lo que callan los canales oficiales

“La institución reitera la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales”, decía, el domingo 29 de diciembre, un comunicado público de la Fiscalía. Para ese entonces, los cuerpos de los cuatro niños asesinados de Las Malvinas llevaban ya cinco días bajo análisis forense. 

Dos de ellos estaban identificados al menos desde el jueves anterior: uno, por los brackets (correctores dentales); otro, porque sí fue posible, a pesar de la incineración, practicarle una prueba necrodactilar. Ese tipo de evidencias, se entiende, no deja dudas. 

Sin embargo, por alguna razón que permanece inexplicada, los “canales oficiales” a través de los cuales la Fiscalía quiere que nos informemos, guardaban silencio. Lo seguirían haciendo durante dos días más, exactamente hasta el 31 de diciembre, cuando el país, de fiesta, entraba de lleno (oh, coincidencia) en el feriado más largo (y gratuito) de los últimos tiempos. 

El viernes 27, la periodista de Diario EXTRA Anny Bazán, haciendo uso de su excelente lista de contactos con fuentes confiables, incluidos médicos forenses, y después de cumplir todos sus deberes, había publicado exactamente eso: que la evidencia forense (brackets y huellas dactilares) permitía vincular a dos de los cuerpos con dos de los niños desaparecidos.

Fue en respuesta de esa nota de prensa que la Fiscalía emitió su comunicado del domingo. Los “canales oficiales” no sólo guardaban silencio: querían que todo el mundo lo hiciera. El problema con los “canales oficiales” es que corresponden a fuentes interesadas. Y las fuentes interesadas no son confiables. Ahora mismo, por ejemplo, esos “canales oficiales” están escamoteando a los padres de los niños asesinados y al país entero una información de la máxima relevancia: la causa de las muertes. 

“Nos entregaron sus cadáveres la noche del martes 31 de diciembre pero no nos dijeron cómo los mataron”, declaró Luis Arroyo, padre de dos de los niños asesinados. Algo simplemente inaudito luego de ocho días de práctica forense. ¿No es la causa de la muerte el dato más elemental en una investigación de este tipo? ¿Por qué no lo han dado? Algo esconden estos “canales oficiales”.

Las FF. AA. se empañan solas

Hay un puñado de hechos irrefutables. Primero: los militares se los llevaron, a rastras, a patadas, en la paila de una camioneta; los sacaron del cantón; no informaron a sus padres; no los entregaron, como era su obligación, a la Policía especializada en niños y adolescentes; no dieron parte a nadie (y no lo harían durante los siguientes 13 días), todo lo cual configura, más que una detención, un secuestro.

Segundo: los llevaron a Taura y los abandonaron esa misma noche en la vía, a 40 kilómetros de sus casas, desnudos, heridos, el mayor con la cabeza rota. Tercero: el testigo que los vio y les prestó un teléfono para que uno de ellos llamara a su padre (“ven a salvarnos”, le dijo en esa llamada), cuenta que llegaron unos mafiosos en motos y se los llevaron.

Cuarto: los cuatro cuerpos aparecieron cerca de ahí, desmembrados, incinerados, con signos de tortura. Esos son los hechos que se conocen hasta el momento. Ante esos hechos, surge una pregunta elemental: ¿qué relación existe entre el secuestro de los niños y su asesinato, es decir, entre los militares que los abandonaron desnudos en la vía y los mafiosos que luego se los llevaron en sus motos? ¿Es creíble pensar que no existe ninguna? ¿Que los mafiosos andan recogiendo al azar niños que encuentran en la carretera para matarlos y quemarlos? La verdad se establecerá en los tribunales. 

Hasta tanto, queda flotando una realidad incómoda: de los 16 militares que participaron en el operativo, es decir, en el secuestro, no hubo uno solo, hasta donde se sepa, que se negara, que se revelara ante semejante barbaridad y denunciara los hechos. 

¿Qué clase de personas son estas? ¿Qué formación en valores reciben en su instrucción militar? Ha dicho el ministro de Gobierno, José De La Gasca, que nadie debe, a propósito de estos hechos, “empañar la imagen de las Fuerzas Armadas”. No hace falta. La imagen de las Fuerzas Armadas se empaña sola.

¿Ya renunció el ministro de defensa?

El secuestro fue el 8 de diciembre. Durante 13 días nadie dijo nada. Cuando fue imposible seguir callando (a los organismos de derechos humanos de Guayaquil hay que agradecerles el haber dado voz a los padres de los niños), hubo una cadena nacional con la participación del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el de de Gobierno, José De La Gasca; la del Interior, Mónica Palencia, y los jefes de la Policía y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El objetivo de ese mensaje a la nación (en el que De La Gasca y Palencia jugaron el papel de convidados de piedra, ratificando con su silencio cuanto dijeron los otros) fue negar que se tratara de una desaparición forzada. Sólo dos días después salió Loffredo en una radio con la novedad de que había un informe del operativo. 

Un informe que hasta la víspera él no conocía y según el cual los niños habían sido encontrados cometiendo un asalto. Ni una sola prueba en apoyo de esta teoría pudo presentar el Ministerio de Defensa ante los tribunales. Por eso, tres días después, la justicia decidió abrir una investigación por desaparición forzada. Ese es el momento en el que Gian Carlo Loffredo, con un mínimo sentido de la decencia y del respeto por su cargo, debió presentar su renuncia.

¿Qué garantía de auspiciar una investigación imparcial y transparente puede ofrecer él como ministro? ¿Qué grado de confianza pueden profesar por él las familias de las víctimas y el país? Ninguno en absoluto. Cinco días después de conocido el trágico desenlace que desde el inicio él ha tratado de desvirtuar o, peor aún, justificar, Gian Carlo Loffredo continúa sin decir una palabra y, sin embargo, atornillándose en su puesto. Es una vergüenza.

La fatuidad como política de estado

Mientras tanto, otro que permanece silencioso, el presidente Daniel Noboa, se tatuaba un vistoso conjunto de aves Fénix en sus brazos, se hacía fotografiar en la sesión respectiva, aguantando la aguja con los dientes apretados, y posaba ante las cámaras exhibiendo el resultado final de la operación en su entrenado bíceps, mientras componía una estudiada pose de niñato de gimnasio. 

Ocurrió el mismo día en que se supo la noticia del cuádruple asesinato: el martes 31 de diciembre. Nada es gratuito en este gesto: ni la fecha, ni la ocasión, ni la triste coincidencia, ni el motivo del tatuaje. Si el secuestro de los niños ponía el Plan Fénix en el centro de todos los cuestionamientos, él personalmente sería el encargado de reivindicarlo. 

Lo haría sin palabras ni argumentos (que de eso no entiende): con la mera imagen. Esa misma noche asistiría a una celebración de Nochevieja en compañía de su amigo Michelle Sensi Contugi y sus parejas, una fiesta de jet set con sofisticadas indumentarias, y se volvería a fotografiar con ellos, esta vez para las redes sociales de su esposa, la influencer. 

Las críticas no se hicieron esperar: centenares de voces se alzaron de inmediato en las redes sociales para acusarlo de insensibilidad ante la tragedia de esas familias de Las Malvinas que a esa misma hora lloraban a sus niños muertos. 

La pregunta obvia es: ¿en realidad el presidente no se daba cuenta del contraste? No parece verosímil. Resulta más creíble pensar que esa simultaneidad fue fríamente calculada.

El vanidoso exhibicionismo de su sesión de tatuaje no es una pifia o una metedura de pata como se le achacó, sino todo lo contrario: un bien meditado mensaje político que tiene como concepto central la fatuidad. Lo de Daniel Noboa, incluso ante la peor tragedia imaginable, incluso ante el infanticidio, es la reivindicación de la fatuidad como política de Estado.

Para más noticias, visita el siguiente enlace.