El sistema eléctrico que mantiene a Colombia sin restricción de energía

Hace 30 años, Colombia estructuró un sólido sistema eléctrico que ha sido mejorado con el tiempo, aunque todavía no es perfecto. Este sistema permitió evitar racionamientos de energía durante la peor sequía de su historia, ocurrida el año pasado. En contraste, Ecuador enfrentó cortes programados de hasta catorce horas diarias entre el 18 de septiembre y el 19 de diciembre.

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Ecuador podría considerar este modelo colombiano, en el cual la generación hidroeléctrica y termoeléctrica se divide entre actores públicos y privados. Esto resulta relevante ahora que el país cuenta con la Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Generación de Energía.

El consultor Carlos Zarruk Gómez, presidente de la Cámara Colombiana de Energía, y la abogada Adriana Espinel, asesora legal para empresas de energía y servicios públicos, explican cómo Colombia logró la transformación energética.

Recuerdan que fueron los apagones durante 343 días (ocurridos entre el 2 de marzo de 1992 y el 7 de febrero de 1993) los que motivaron al Congreso a aprobar dos leyes fundamentales: la 142 y la 143. Estas normativas permitieron estructurar un nuevo sistema eléctrico en 1994, cambiando significativamente la matriz del sector.

El modelo no fue completamente privado, como el que tuvo ese país en sus inicios y que fracasó, ni completamente público. En su lugar, adoptaron un enfoque público-privado, con complementariedad entre los distintos actores. Este modelo ha sido reconocido en la región y el mundo.

¿Qué hizo Colombia para que este sistema funcione y para que públicos y privados coexistan, sirviendo hoy a una población de 53 millones de personas?

Carlos Zarruk destaca que la clave fue la creación de una regulación y legislación sólidas, las cuales garantizaron mecanismos de seguridad y confiabilidad en el sistema.

“Es un sector muy complejo, donde las decisiones deben basarse en criterios técnicos, porque se requieren grandes inversiones. Aunque las consideraciones sociales y políticas son importantes, lo técnico debe prevalecer en las inversiones, los costos y los precios para garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas. Eso es lo que ha ocurrido en Colombia”, explica.

El sistema colombiano, con una robusta interacción entre actores públicos y privados, incluye actualmente a 240 empresas entre generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores de energía. Este modelo cubre al 97,5 % de la población, dividida en seis estratos económicos. Los estratos 1, 2 y 3 (los de menor capacidad adquisitiva) reciben subsidios cruzados financiados en parte por los estratos 5 y 6. El estrato 4 se considera neutral.

El engranaje del sistema es complejo. Según Zarruk, “si las decisiones se tomaran con criterios políticos, el riesgo de quiebra de las empresas sería alto, lo que podría generar crisis económicas graves a mediano plazo”.

Adriana Espinel añade que Colombia mantiene un estado de competencia de mercado basado en la oferta y la demanda, lo cual garantiza seguridad, eficiencia, cobertura y universalidad. “El Estado protege a los usuarios, asegurando sus derechos y prerrogativas, de modo que la energía llegue a toda la población. Esto se sustenta en una política pública a largo plazo, bien estructurada, que no depende del gobierno de turno. Para que funcione, es esencial tener reglas claras y específicas para cada actor”, enfatiza.

Sin embargo, el sistema no es perfecto. El Gobierno de Gustavo Petro ha solicitado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas realizar ajustes en las tarifas para reducir los precios. Además, todavía queda un 2,5 % de la población sin acceso al servicio, y los costos de la energía siguen altos.

Espinel señala que es necesario reducir el alto costo de la energía (en revisión), ofrecer más incentivos para fuentes renovables como la solar y la eólica, y extender la cobertura a las zonas aún desconectadas. Por ello, recomienda que Ecuador analice profundamente las experiencias internacionales y adapte los mejores modelos a su realidad. “Cada país tiene una matriz eléctrica, necesidades y particularidades propias. Copiar modelos sin adaptarlos puede ser contraproducente”, advierte.

Zarruk también sugiere que Ecuador examine la experiencia colombiana, especialmente ahora que su país vive una transición hacia las energías renovables.

Otros modelos europeos, escandinavos y latinoamericanos también podrían servir de referencia para reemplazar el actual sistema eléctrico ecuatoriano, completamente público pero considerado ineficiente y que por primera vez permitirá, desde este 2025, la generación privada de energía hasta 100 megavatios. Las reglas de cómo se hará el proceso todavía no están muy claras. Habrá que esperar para saber si hay interés en los inversionistas privados.

Por esto, el 2025 será decisivo para los actores actuales y los que podrían sumarse; por un lado, por las condiciones existentes en el sistema eléctrico nacional, y por otro, por el nuevo marco jurídico aprobado por la Asamblea Nacional.

La ley para la generación privada

En Ecuador, con la promulgación de la Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa para la Generación de Energía y su respectivo reglamento, las empresas privadas podrán producir hasta 100 megavatios de energía a partir de este año.

La normativa rige, pero todavía no hay ninguna iniciativa privada que haya ofrecido la ejecución de un proyecto que se ajuste al nuevo marco legal vigente.

Tampoco hay claridad en la población sobre cómo funcionará el mecanismo que permita, cuando exista la oferta de energía, el ingreso de los megavatios al sistema nacional interconectado. Hay expectativas por lo que se podrá hacer hasta el estiaje de este 2025.

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