Sistema informático judicial: 15 años de vulneraciones
La Contraloría ha detectado fallas en la integridad del SATJE desde 2009
Ya ni siquiera es un secreto a voces. Los testigos de los casos Metástasis, Purga, Plaga e Independencia Judicial han confirmado la vulneración continua, a lo largo de los años, del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE).
El exjuez de Paján, Simón García Tello, fue el último en revelar cómo escondía las causas del sistema para que no detectaran que liberaba a criminales a cambio de dinero. Afirmó que en septiembre de 2022 su secretario escondió la providencia con la que otorgaba una medida cautelar y una boleta de excarcelación a una presa. Su secretario ocultó los correos electrónicos de notificación. Por estos hechos, ambos son investigados por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.
Como noticia no es nueva. De hecho, en 2021 EXPRESO ya reveló cinco modalidades de manipular el sistema informático de causas. Sin embargo, la vulneración al SATJE es un problema más antiguo.
En 2012, la Contraloría General ya hizo un examen especial, DA1-0014-2012 al componente informático del sistema de causas de la Judicatura, desde 2009 a 2011 y ya encontró problemas similares. En 2023, a través del informe DNA1-0043-2023, la Contraloría volvió a examinar la operatividad del SATJE desde 2017 a 2021.
Manipulación en el ingresos al sistema de sorteo de las causas
Entre las conclusiones encontró: que hubo usuarios externos que manipularon el sorteo de causas; que a través del sistema de Flagrancia -exclusivo para delitos e infracciones penales- se cargaron otros trámites; que no hubo control para el ingreso de las demandas constitucionales como habeas corpus o acciones de protección; que no había control sobre las claves de los usuarios; que el algoritmo del sorteo de causas era predecible y no aleatorio: que equipos no autorizados que se conectaban a la plataforma; que los expedientes que se ingresaban fuera del horario de trabajo y de forma manual, etc.
Lo que revela la Contraloría es que desde 2009, es decir, desde hace 15 años se detectan vulneraciones a un plataforma en donde están todos los juicios: penales, civiles, laborales, contenciosos administrativos, de familia, constitucionales, etc.
Mayra Salazar, testigo en Purga y Metástasis, explicó cómo, junto con una funcionaria, ingresaron causas desde 2021 del exlegislador social cristiano, Pablo Muentes, supuestamente sin sorteo, a las salas de los jueces de la Corte del Guayas que eran cercanos a él.
En Plaga, el testigo Alex Palacios Shinin, quien fuera hombre de confianza de Wilman Terán, también habló de la vulneración del sistema para el Concurso del 2023 para renovar la Corte Nacional.
Con la Judicatura de María del Carmen Maldonado se dieron unos primeros pasos: denunciar a funcionarios, pero estos problemas se mantuvieron en las administraciones de Fausto Murillo y Wilman Terán.
Con Álvaro Román, a inicios de 2024, se dio otro paso: la contratación de 20 funcionarios para el área de Tecnología de la Información y varios expertos en seguridad informática. Una contratación que no se había hecho desde 2018, cuando la Dirección General de la Judicatura impulsó un plan de desvinculación laboral masivo.
¿Es suficiente? Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura, durante su presentación en el Consejo de Participación Ciudadana, organismo que lo escogió, habló de un “plan de desarrollo tecnológico y mejora continua”. Tiene hasta enero de 2025 para implementarlo y dar resultados.
Causas. El caso Yunda, en 2021, fue una acción de protección sobre el cargo del alcalde de Quito que se ingresó falsamente como “pago de honorarios”.
ElSistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), en la misma senda
Los problemas detectados en el sistema SATJE no son exclusivos de esta plataforma. La Contraloría General, a través de los exámenes especiales DNA1-0017-2022, DNA1-0061-2022 y DNA1-0126-2023, ha señalado otras vulneraciones al Sistema Informático Notarial. Entonces se implementó el proyecto de Plataforma Electrónica Segura Notarial con el que se desactivó a varios usuarios que seguían activos a pesar de ya no estar laborando en las notarías, por ejemplo. En 2023, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) también fue motivo de una “mejora” ordenada por la Contraloría. Por ejemplo, la plataforma no registraba la IP (la dirección única que identifica a un dispositivo en Internet) desde donde los usuarios hacían las consultas, pues no había un registro de estos.
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