El sistema de justicia sigue fallando en los casos graves
Alias Morado fue liberado pese a ser investigado en un caso por un atentado a varias personas. Los jueces responsabilizaron a la Fiscalía.
Darío Arturo Chinchay San Lucas, alias Morado, el antisocial confeso que es la pieza clave para descubrir todo lo relacionado al atentado en la calle 8 de Cristo del Consuelo, tiene un prontuario desde 2016 por varios delitos. Uno de los más reciente volvió a generar alarma por la forma en la que actuó el sistema judicial del país en el caso de delincuentes de gran peligro.
El 20 de abril fue detenido junto a otro hombre por tentativa de asesinato a siete personas en el distrito Portete y se le dictó prisión preventiva.
Pero gracias a un recurso de apelación recuperó su libertad casi cuatro meses después y días antes del atentado en el Cristo del Consuelo que dejó cinco muertos, una veintena de heridos y decenas de casas afectadas por la explosión.
¿Cómo? Fácil. El fiscal Alfredo Chonillo a cargo de la instrucción fiscal dejó en manos de los jueces Víctor Vaca González, Juan Paredes Fernández y Beatriz Cruz Amores, el cambio de medida cautelar. No realizó oposición al pedido de la defensa de Morado que buscó medidas sustitutivas.
Por esa razón, los jueces se desmarcaron y responsabilizaron a la Fiscalía de no realizar una “investigación eficaz, eficiente que dé como resultado la identificación clara y concreta de quiénes serían los autores del delito de este proceso penal” y por tal situación en el caso que se lo investiga el auto de prisión preventiva no tiene la motivación debida.
El 8 de agosto -seis días antes del atentado en Cristo del Consuelo- se ofició al Servicio de Rehabilitación Social “la inmediata excarcelación” de Chinchay y que las medidas cautelares sustitutivas a cumplir serían las de prohibición de salida del país y presentación cada 10 días ante el fiscal que lleva el expediente, es decir, el fiscal Chonillo.
Para el penalista Paúl Ocaña, la decisión de Fiscalía de no presentar oposición al pedido para sustituir la prisión preventiva con medidas alternativas es válida, pero al tratarse de un hecho de alarma social -intento de asesinato a siete personas- se tuvo que sustentar la importancia de mantener tras las rejas al involucrado.
“A Fiscalía le correspondía pelear sus argumentos de la formulación de cargos para que se mantenga la prisión preventiva”, explicó Ocaña.
Este Diario buscó dialogar con el fiscal Chonillo, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.
Pero las cuestionadas resoluciones judiciales no asombran. En abril de este año a Junior Roldán, líder de Los Choneros, quien enfrenta una sentencia por asesinato, se le sustituyó la prisión por arresto domiciliario luego de que el juez de Garantías Penitenciarias, Pedro Moreira, concediera un habeas corpus por supuestos problemas de salud en el PPL. Otra novedad en el caso de alias Morado recae en el tipo penal por el que es procesado. Pese a que cinco personas fueron asesinadas en el atentado de la calle 8, según la información de Fiscalía General del Estado, se lo procesa con base en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir, por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos; el mismo que se sentencia con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
