Sobredosis de medidas para la inseguridad y sin dar con la mejoría

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Lyonel Calderón, comparó el periodo de tiempo entre el 1 de enero y el 11 de agosto de 2024 con el año anterior y expuso que “hay una reducción del 18 % en los niveles de violencia en el país; 9 de cada 10 de estos eventos están vinculados a la violencia criminal”.

En rueda de prensa informó parcialmente sobre una aparente reducción de muertes violentas en Durán (provincia de Guayas) y en Manta (provincia de Manabí), pero no detalló las cifras correspondientes. Atribuyó los resultados a las intervenciones ejecutadas.

La medida más reciente es el toque de queda impuesto a 19 cantones y una parroquia de Guayaquil tras el tiroteo en el puente de la Unidad Nacional, que une los cantones Guayaquil y Samborondón.

Para el experto en seguridad Daniel Pontón, debe existir una diferenciación entre las decisiones políticas que apuntan al marketing de una imagen de seguridad o de campaña, y una estrategia de seguridad producto de una planificación coherente.

“No sale del esquema de la militarización... Hemos vivido ‘de paracetamol en paracetamol’. Algunas de las medidas tienen su dosis de demagogia. Lo más rescatable es la tranquilidad en las cárceles, pero no es lo normal que un país tenga a sus militares en las cárceles. Se ayudan con la información restringida”.

Pontón alerta que no se puede avanzar con este ritmo de trabajo gubernamental, porque los grupos criminales mutan la violencia y no detienen sus ataques. Y que cuando el Estado responde, siempre llega tarde. No se anticipa a prevenir crímenes.

De esta forma, se establece una especie de contradicción en el discurso de paz y seguridad, pues se tiene una respuesta reactiva. Por ejemplo, cuando se trasladó el comando de operaciones militares y policiales a Manta, hubo primero una masacre en Puerto López, Manta, en pleno feriado de Semana Santa.

“Lo que hay es una multiplicidad de acciones dispersas que intentan proveer la noción de que se producen respuestas a las demandas que surgen, pero sin la mirada y planificación estructural de ir al punto A y llegar al punto B”, enfatizó Diego Pérez, catedrático y experto en seguridad pública y de Estado.

El informe de las autoridades en Durán 

Agrega que las medidas adoptadas están pensadas para “calmar” la conmoción que se genera en la población por algún hecho determinado o violento que se registra en el país.

Por ello, María Paula Romo, exministra de Gobierno,    sostiene que debe ser indispensable que el régimen “se tome en serio la crisis de seguridad que vive el país”. Enfatiza que en cuatro años se ha pasado de seis a 46 asesinatos por cada cien mil habitantes. “Esto no se resuelve con titulares y videos para redes sociales”, ponderó la exfuncionaria.

“Declaró la guerra, literalmente. El país lo respaldó, incluso autorizando el incremento de impuestos. No hay resultados que se compadezcan con esta declaratoria ni con ese incremento. Ni siquiera hay información suficiente. Anuncian más de 30.000 detenciones, ¿cuántas personas han sido procesadas o sentenciadas?”.

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