Sobretiempos en la justicia

Iba a ser una jornada larga. Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, estaba dispuesta a contarlo todo.

Eso incluía detallar quiénes estaban presentes durante el proceso de entrega de dinero o cómo era el manejo de la justicia desde una oficina ubicada en el edificio Concorde, durante el correísmo.

Lo anunció su defensor Luis Muñoz, quien había ido preparado para pasar largas horas en la Corte. Era la primera vez que Terán se presentaba públicamente en una audiencia en la que se recibiría su testimonio anticipado. Pero la diligencia no pasó de lectura de escritos.

Harrison Salcedo, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, fue el autor de uno. 15 minutos antes de la audiencia pidió a la jueza Daniella Camacho que difiera la diligencia.

Presentó un certificado por una intervención quirúrgica que le dejaba fuera de los tribunales por 30 días. La fiscal general Diana Salazar se opuso. Hizo caer en cuenta a la jueza que la operación fue el 23 y la solicitud se presenta minutos antes. Édgar Molina, abogado de Martínez, hizo notar que no solo Salcedo estaba ausente. Al menos seis abogados más no acudieron. La jueza tomó lista y constató las faltas.

Llamó la atención a la secretaria por no comunicar la novedad y revisó el calendario de audiencias. Su decisión fue que se trabajarían horas extras. Es que en materia penal todos los días y horas son hábiles. Así las cosas, el testimonio se recibirá el domingo, a las 10:00.

Si Salcedo no acude o envía otro abogado, estará lista la Defensoría. Por lo pronto se informará a la Judicatura su ‘conducta desleal’. Salcedo fue visto el lunes en la cárcel de Cotopaxi. Él justificó. Por hacer ese esfuerzo para cumplir con sus clientes “se agravó mi condición de recuperación, por eso es que ahorita estoy con reposo médico absoluto”. Añadió que “después de ese esfuerzo estoy incluso expulsando sangre por los intestinos”.

La decisión de la jueza tuvo apoyos y reparos. Fausto Jarrín, defensor de Correa, consideró acertada la resolución. A Muñoz, le pareció que afectaba a su defendida quien entre 2012 y 2016 llevó un registro minucioso de la información de Martínez sobre la estructura de aportes ilegales de contratistas del Estado a PAIS.

Todo eso quedó registrado en más de 63.000 hojas de Excel en el archivo Verde Final que halló la Fiscalía. Muñoz dijo que su cliente es inocente. Y que, como empleada pública cumplía su trabajo y “no tenía por qué analizar si en la Presidencia de la República se recogían dineros indebidos”, advirtió.

Pero anunció que ella tocará los puntos más importantes. Uno de ellos se refiere a la verdad de lo que conoce sobre los mails que, por su labor, guardaba.

Versiones

Propaganda

Urbana Films realizó un trabajo para la entonces candidata a la Alcaldía de Guayaquil. Fue contactada por la empresa Creacional relacionada con Vinicio Alvarado. El pago por la propaganda autorizada por el Consejo Nacional Electoral fue pagado por Sk Engineering, dijo en su versión Luis Aleaga.

Jingle y canción

Pablo Aguinaga fue otro de los convocados a dar versión en el caso ‘Sobornos 2012-2016’. Él le dijo a la Fiscalía que en el periodo investigado trabajaba para la agencia Uma Creativa y que realizó un jingle y una canción para Alianza PAIS. Las dos facturas para el pago del trabajo fue enviada a la empresa Metco, indicó.

Cuadernos

En la audiencia de testimonio anticipado de Laura Terán que no se cumplió estuvo presente el exasambleísta Christian Viteri. Él aseguró que uno de los cuadernos atribuidos a Pamela Martínez en el que se menciona su nombre habría sido escrito entre el 20 y 25 de mayo en la casa de acogida en la que está detenida.

Procuraduría

Correa y sus aliados, acusados

El expresidente suma un nuevo proceso. La Procuraduría presentó una acusación particular dentro del caso ‘Sobornos 2012-2016’. A más de Correa, la acción involucra a sus coidearios y a empresarios privados.

El procurador general, Íñigo Salvador, revisó el expediente que contiene más de 500 cuerpos antes de presentar la acción ante la jueza del caso, Daniella Camacho. El ente recalca que los sobornos se habrían utilizado en “prestación de servicios, mítines políticos, préstamos personales, traslados, alimentación, cumpleaños del expresidente, entre otros”. El delito identificado es cohecho.