La sociedad civil, huérfana de Estado, se niega a someterse

Un oscuro episodio que no debe paralizarnos. El asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio, a criterio de los representantes de diversos gremios de la sociedad civil, es un atentado en contra de la democracia que, en lugar de amilanar a la ciudadanía, debe empoderarla a continuar su lucha por un mejor país, más aún ante la ineficacia de las instituciones.

El empresariado, los medios de comunicación y demás gremios de la sociedad civil organizada sostienen, en conjunto, que la lucha desde sus trincheras por un mejor país se ha vuelto más importante y que, aunque ya lo venían haciendo, las circunstancias adversas que vive el Ecuador los compromete a redoblar sus esfuerzos.

• Sociedad civil

Buena parte del fortalecimiento de ese esfuerzo, según Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, debe asumirla la gente de a pie. “Permanentemente hemos señalado que la lucha anticorrupción le corresponde a la sociedad civil, porque las diversas instituciones del Estado se protegen entre sí”, sostiene y recuerda que precisamente ese es el origen de la organización que representa.

En ese sentido, Rodas insta a no amilanarse y, pese a la indignación, redoblar los esfuerzos desde la sociedad civil para cumplir un rol clave. “Ante la indefensión, la ciudadanía tiene un papel fundamental de denuncia, de acción permanente y de presión sobre las instituciones del Estado, que nos han demostrado su incapacidad, incluso alrededor del crimen de Fernando Villavicencio”, dice.

Asimismo, sostiene que las organizaciones de la sociedad civil son los principales actores que deben estimular la participación de la ciudadanía, sobre todo ante la falta de acción de las instituciones estatales. “La contraloría social y el periodismo de investigación son fundamentales ante el drama que vive el país y la ineficacia de las entidades y sus autoridades”.

Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, recuerda que las voces de representantes de organizaciones civiles, gremios y empresas no han sido escuchadas por entidades del Estado, al explicarles proyectos para mejorar la convivencia en los barrios.

Navarrete indica que los planes presentados tienen el objetivo de generar comunidades seguras, iniciando con el rescate de las escuelas y colegios, sus integrantes y su entorno.

“Creemos que son las unidades educativas los espacios por donde, de forma articulada pero también diversa, deberían recuperarse los territorios, inicialmente con la adecuación de esos espacios y el acompañamiento de esos equipos docentes, que están en estado de angustia y zozobra por las bandas”.

Las organizaciones privadas y civiles sí están comprometidas con estos esfuerzos, dice. Y agrega que la exigencia ciudadana a las entidades del Estado no debe detenerse.

“Deberíamos pensar en que las instituciones cumplan con su rol. Tenemos un ordenamiento legal que tiene que funcionar en esto. La exigencia ciudadana tiene que ir a esa estructura que hemos consensuado tener para que administre nuestra cotidianidad”, reflexiona Navarrete.

• Profesionales

La violencia no se cura con más violencia, manifiesta Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Bajo esa premisa, el gremio que dirige presentó una acción de inconstitucionalidad contra la medida del Gobierno central que permite el libre porte de armas en el país.

El dirigente gremial indica que se han presentado diversos planes pensando en la seguridad ciudadana, como brindar asesoría de abogados para desarrollar reformas a leyes.

También han ofrecido realizar capacitaciones sobre temas legales a personal de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y agentes de tránsito.

“Si no ponemos límites a la violencia, el país se nos va a ir de las manos. Más bien (debemos) invitar a todas las partes que integramos la sociedad a construir ideas que nos lleven a establecer la paz en nuestro país”, expresa Ocaña.

• Empresariado

Que las empresas se han comprometido con la seguridad de sus trabajadores, asevera María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) de Quito, frente al panorama de violencia en el país.

“Para las empresas este año, el incremento de asignación presupuestaria para seguridad privada en algunas llega al 35 %, cuando nosotros vemos que el Estado ecuatoriano en el presupuesto de seguridad apenas ha incrementado en 0,60, es decir ni 1 %”, manifiesta.

Jervis explica que, en ese contexto, la ciudadanía ya está asumiendo “un costo que debería solventar el Estado”.

Agrega que, a pesar del miedo, el mensaje que ofrece desde el sector industrial y productivo es no detener sus actividades. “No paramos porque nosotros somos los generadores de empleo, de ese empleo de calidad, seguro, digno, que cuida a sus trabajadores y, por ende, a las familias ecuatorianas”.

• Medios de comunicación

En esa tarea de redoblar esfuerzos, a criterio de Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), los medios de comunicación toman una relevancia clave de denuncia y fiscalización al poder público. “Ese es el rol que la democracia requiere, nuestro compromiso es no callarnos (...)”, sostiene y hace hincapié en el trabajo articulado que debe existir entre la ciudadanía y las acciones del poder público.

Aunque reconoce que ese esfuerzo ha convertido a los medios de comunicación en objeto de ataques (principalmente políticos), también destaca que es una labor necesaria para dar respuesta a los ciudadanos sobre los entretelones del poder e, incluso, el mal manejo del Estado.

A esta misión, afirma Rocha, se suma un reto que, aunque no es nuevo, cada vez es más necesario para los medios de comunicación. “Tenemos la tarea de luchar contra la desinformación y la manipulación de la información”, plantea. Pide no sucumbir a la inmediatez y preservar un trabajo profesional y de utilidad para las decisiones del ciudadano.

Con Rocha concuerda Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER). Insta a los comunicadores a ser responsables con los datos que se publican. “Verifiquemos la información, trabajemos con buenos contenidos. Eso se llama profesionalismo y credibilidad”, manifiesta.

Y a los ciudadanos, el líder gremial les pide ser sensatos al momento de compartir información replicada en redes sociales.

“Acudan a los medios oficiales y a los medios tradicionales, porque sus comunicadores son veraces y están a la vista. Las redes sociales son anónimas y están llenas de irresponsabilidades”, expresa Chica.

Al proponer soluciones ante la ola de violencia que sacude al Ecuador, varios actores sociales antes citados concuerdan en un eje: la unidad. Que las organizaciones depongan intereses políticos y económicos para salir de la oscuridad en la que se encuentra la nación estos días.

Mientras tanto, la sociedad civil seguirá tomando las acciones necesarias para cambiar este panorama, aunque el Gobierno permanezca ausente.