La sociedad civil, el puerto seguro para el arranque
Los apoyos que podría alcanzar el Gobierno de la Asamblea aún son inciertos. Las organizaciones sociales se perfilan como el puntal de la gestión
Llega mediado por ventajas y desventajas. Para lograr la gobernabilidad el presidente Guillermo Lasso deberá echar manos de algunos factores que coyuntural e históricamente le favorecen, pero también intentar revertir otros que podrían dificultar los primeros días de su gestión.
La lista de las cosas en contra, al menos en lo político, parece superar a las características positivas que tendría en frente la administración Lasso hasta el 2025. Un análisis realizado por el Grupo Faro revela algunos retos y ventajas que deberá tener en cuenta para gobernar.
Lo primero y más evidente es la desventaja numérica (12 asambleístas de 137) que su movimiento, CREO, tiene en la Asamblea Nacional, lo que le ha obligado a establecer una unión, todavía no consolidada, con Pachakutik, la Izquierda Democrática y un grupo de legisladores independientes.
La académica y analista política Catalina Barreiro ve la situación del Ejecutivo frente al Legislativo como un punto rojo complejo de superar, más cuando en cada votación o decisión la frágil alianza de la que es parte el oficialismo “se desgrana”. Incluso, a CREO le ha tocado ceder espacios claves, como la Comisión de Régimen Económico, por falta de cumplimiento de los acuerdos.
Los aliados del Gobierno se van a gestar con base en las acciones de los primeros 100 días.
Entonces, la Asamblea no es necesariamente un soporte seguro para sacar adelante las propuestas de la nueva administración. ¿Lo serán los gobiernos locales? De acuerdo con este informe, podrían serlo solo en parte y eso dependerá de muchos factores.
Faro califica como “medio” el apoyo que tiene el Gobierno en las instancias seccionales, partiendo del hecho de que CREO tiene 34 alcaldías a nivel nacional (de 221) y apenas una prefectura. La cifra mejora en un 37 % si se toman en cuenta las alianzas locales.
Sin embargo, la activista y analista Anunziatta Valdez le dijo ayer a EXPRESO que ese apoyo está atado a factores tales como el pago de lo que el Gobierno central les debe a los Gobierno locales desde hace varios años, con un agravante: la difícil situación económica que hereda Lasso de los últimos 14 años, lo que no hará tan fácil cumplir la demanda de las administraciones seccionales.
El panorama mejora cuando se analiza la institucionalidad de la organización política que respalda a Guillermo Lasso y la disciplina partidista mostrada por CREO en los dos últimos periodos legislativos. Por un lado, entre 2013 y 2017 este movimiento no registró bajas en su bloque. Y en el periodo pasado (2017-2021) fueron apenas dos, aunque se mantuvieron en esencia dentro de la línea partidista.
La empatía que se pueda dar con la ciudadanía es lo que dará una sostenibilidad al Gobierno.
Además, los legisladores de CREO votaron de forma orgánica en la mayoría de leyes y propuestas que tenían que ver con temas económicos, sociales y políticos. Esto podría marcar una tendencia favorable para la administración de Lasso.
Frente a este panorama, Barreiro es de la idea de que el Gobierno debería empezar a aprovechar algunas manifestaciones de adhesión de grupos sociales, para crear una fuerza que dé respaldo a sus decisiones de inicio.
“De hecho, el rompimiento de la alianza con el PSC generó un hecho curioso: le dio en sectores no políticos un gran apoyo. El presidente Lasso se ha dado cuenta de eso y lo que vemos ahora es que está tratando de reconstruir ese sector que se había mantenido al margen de la política”, opinó Barreiro.
Según la encuestadora Cedatos, hasta unos días antes de la posesión, el 57,1 % de los ecuatorianos mostraban optimismo frente al nuevo Gobierno y el 60,5 % se manifestaron a favor de la forma en que Lasso ha ido organizando y conformando su equipo de trabajo.
Este factor también podría ser tomado en cuenta por el Ejecutivo para profundizar su relación con los ciudadanos y afianzar un apoyo que, en lo político, todavía es muy lejano, señaló Valdez.
Las dos expertas coinciden en señalar que el cumplimiento de la oferta de vacunación a nueve millones de personas en los cien primeros días, marcará un antes y un después en el vínculo Ejecutivo-ciudadanía, incluso impactando en las posiciones que por ahora mantienen ciertos grupos políticos.
