Una solucion viable
A efectos de una solución viable en este momento tan difícil, quisiera hacer llegar una idea que me parece factible.
En mi calidad de exdiputado y de excandidato presidencial, y en función de mis conocimientos y experiencia he sugerido que el Gobierno no abandone la decisión acertada de terminar el subsidio de los combustibles sino que lo aplique de modo gradual, realizando las correcciones de precio de manera mensual. Es decir que la cantidad que se aumenta se divida para 12, con lo cual el impacto puede ser perfectamente absorbido sin causar un severo trastorno en el costo de la vida.
En definitiva esa es la raíz del problema, de suerte que es probable que en la forma de ejecución se encuentre la solución final.
Me sorprende que en el Decreto que deja sin efecto el # 883, se exprese que se deberá aplicar una política de subsidio, cuestión definitivamente inconveniente y que debe ser suprimida de raíz.
En relación a los sucesos que tuvieron lugar en los días inmediatos anteriores, jamás se debe aceptar poner en libertad a los detenidos, porque fueron aprehendidos en circunstancias en que cometían delitos, no por manifestar criterios sobre el Gobierno.
Si recordamos lo acaecido tendremos que convenir en que se produjo lo que se denomina “guerrillas urbanas”, lo que por primera ocasión se muestra en el Ecuador y cuyos operadores deben ser castigados con toda la energía posible, desde luego apegados al texto de la ley penal.
Cabe recordar que en la promoción de mi candidatura presidencial sostuve la tesis de que el país no debía refinar petróleo y, más bien, era factible que fuese por entero la empresa privada la que se hiciera cargo de proveer combustibles e invertir para ello, con base en un precio límite fijado por el Gobierno. Así, el Ecuador puede vender el petróleo crudo que entrega para su transformación y que es de gran calidad API; por eso tiene un precio preferencial en el comercio mundial.
Además, se terminaría con la constante deshonestidad del contrabando de gasolina al Perú y con los trastornos de costos que se debe asumir. Un precio justo podría ser menor, inclusive, y el Estado solo otorgaría un subsidio contingente para el evento de un imprevisto por causa de la naturaleza o de una variación notable en el precio internacional por estímulos momentáneos y de magnitud.
El Estado dejaría de importar combustible, de comprar nafta para la refinación, de reparar cada vez y cuando la refinería de Esmeraldas. La capacidad operativa instalada podría concesionarse, a más de gozar de un impuesto especial, lo que devendría de forma positiva en este asunto que es netamente un problema de producción y de utilidad, y así debe ser tratado.
Es necesario, finalmente, analizar a fondo este tema para terminar de una vez por todas con los problemas que el sistema actual genera.
