La sombra cubre a un carro que usó Andrés Arauz y pone la lupa en el dato oficial
Dos registros del mismo vehículo no coinciden. El carro ha pasado por doce personas. Según expertos, debe ser analizado
Al dudoso pasado del carro que usó el correísmo para la campaña electoral de su candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz, se suman varias interrogantes que surgen de un análisis a la información oficial a la que tuvo acceso este Diario.
La información corresponde a los registros de dos instituciones: la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y al Consejo de la Judicatura (CJ).
En los datos del certificado único vehicular de la ANT, que data del 2 de agosto de 2023, se detalla que el carro, de placas PCL-7282, es un Toyota modelo 4RUNNER del 2015.
En ese documento también consta la historia de dominio del vehículo, es decir, el listado de propietarios. El registro más antiguo corresponde al 6 de junio de 2017 a nombre de Lisseth Quito, ligada a la actividad de compra y venta de carros.
En total hay seis registros de dominio en el documento del organismo rector del tránsito.
Sin embargo, en la información del Consejo de la Judicatura, esa cifra se queda corta, ya que el vehículo registra doce transacciones de compra y venta. Otro detalle importante: en estos datos sí consta como vendedor la empresa MMR Group Inc., firma que estuvo envuelta en un escándalo de corrupción en 2016. Su representante Arturo Emilio Pinzón Domador pagó medio millón de dólares en sobornos a exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, según una sentencia judicial.
Según los registros del CJ, el 18 de abril de 2017, MMR Group Inc. le vendió el carro a Lisseth Quito, por $ 60 mil.
Este Diario contactó a esa persona, quien comentó que efectivamente se dedica a la compra de carros, pero no dio más respuestas.
En el análisis de los datos de la ANT hay otros detalles que también llaman la atención, como el historial de cambios del automotor. Ahí se leen dos registros que tienen la leyenda “Matriculación primera vez vehículos”: el “31 de octubre de 2014”, siete años después, el “29 de septiembre de 2021”.
De hecho hay 28 registros de cambios en el historial del carro blindado. La última modificación ocurrió el 20 de julio de este año, dos días después de que se hiciera viral en Twitter un video de Arauz viajando en dicho automotor por las calles de Chillanes, provincia de Bolívar.
Algún funcionario de un municipio o un usuario registrado como municipio ha realizado un trámite de alteración de la base de datos, porque los municipios manejan todo lo que tiene que ver con matriculación.
Al enlistarle estos hallazgos a Adrián Castro, exdirector de la ANT en el período 2021-2022, él recuerda los problemas que identificó en su paso por esa institución y que denunció unas 33 veces en la Fiscalía: las modificaciones irregulares de los registros de matriculación y licencias de conducir en la base de datos de la ANT, a través del sistema informático Axis.
“Es imposible. La matriculación por primera vez arroja un solo registro”, comenta al exponer una de las inconsistencias.
También señala: “Algún funcionario de un municipio o un usuario registrado como municipio ha realizado un trámite de alteración de la base de datos, porque los municipios manejan todo lo que tiene que ver con matriculación”.
Entre junio del 2017 y marzo del 2022, el historial de dominio del carro 4x4 presenta registros en Guayas, Manabí y Los Ríos.
EXPRESO solicitó entrevistas a la ANT y al CJ, pero siguen pendientes las respuestas.
En los datos del Consejo de la Judicatura también se evidencia una fluctuación marcada de los valores en que se vendió el vehículo en doce transacciones: en 2017, $ 60 mil; en 2018, $ 45 mil; en julio del 2019, $ 65 mil, en noviembre del 2019, $ 20 mil; en febrero del 2022, $ 5 mil; por ejemplo.
Napoleón Santamaría, jurista y experto tributario, sostiene que hay una irregularidad a simple vista: en menos de seis años, el vehículo ha sido vendido en doce ocasiones. Sin embargo, podría tener una explicación.
“A veces se fingen ventas por deudas y, para que no quiten el vehículo, lo venden. Luego, a través de ese comprador, se revende a terceras personas”, señala y añade que esta práctica, incluso, se asocia a defraudación tributaria.
Por otro lado, hace una observación de fondo: “Hay ventas del vehículo por un valor menor al que se compró, son pérdidas que a veces se las hacen pasar como gastos para deducirlo de sus impuestos”. También sucede a la inversa, es decir, ganancias que no son reportadas en el pago de impuestos.
Estas puntualizaciones, según señala Santamaría, deberían ser motivo suficiente para que el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investiguen el vehículo y a las personas que lo han adquirido.
Este es un caso que debe ser investigado por el Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero.
Incluso, según otra experta tributaria, quien prefirió la reserva de su identidad, este caso podría develar el posible delito de lavado de activos.
“Se han utilizado a personas naturales porque no les suelen prestar atención y así perder el rastro del vehículo”, explica la profesional.
Diario EXPRESO intentó contactar a Ketty Burgos, la propietaria del vehículo utilitario desde el 7 de marzo de 2022, según los registros de la ANT, pero no los de la Judicatura. Se envió un correo electrónico a su cuenta institucional, pero no hubo respuesta.
Según la información pública, ella registra varios cargos en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones desde 2015 hasta la fecha: analista de proyectos de infraestructura, analista de proyectos, analista de obra civil, por ejemplo.
En una de sus recientes declaraciones de bienes ante la Contraloría, su patrimonio ascendía a unos $ 327 mil. Entre sus propiedades constan tres casas y dos vehículos.
