Aquiles-Alvarez
Una empresa de Aquiles Álvarez es denunciada por comercialización ilegal de combustible.Cortesía

¿Son de Álvarez las empresas denunciadas por comercio ilegal de combustible?

Una compañía tiene como accionistas a exfuncionarios públicos que fueron directores de control de hidrocarburos

Dos empresas están en la mira de las autoridades de control hidrocarburífero: Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco.

La primera pertenece César Emilio Bravo Ibáñez, exaccionista de Copedesa en 2020, José Cevallos Avellán, exdirector regional de control de Hidrocarburos de Manabí, en 2019, y José Franco Magalles, exdirector regional de control de Hidrocarburos de Imbabura, en 2015.

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La segunda compañía Gasolineras Copedesa Gasgrupco sí está relacionada de forma directa con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. De hecho es una empresa familiar, constituida en 1967, es decir hace 57 años, y que tiene como accionistas a los hermanos Antonio Álvarez Henríquez, Aquiles Álvarez Henríquez y Xavier Álvarez Henríquez.

Hay una tercera empresa que se nombra en la denuncia: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., constituida en 2017 y que tiene también pertenece al alcalde de Guayaquil y sus hermanos Xavier, Antonio Álvarez Henríquez, y el Grupo ALVA3 S.A, que es otra compañía de los tres hermanos.

Los primeros indicios que hay, según el gobierno

De acuerdo con la denuncia de Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, los volúmenes despachados por Petroecuador y la facturación electrónica de "varias estaciones de servicio" no guardan congruencia. Hay una diferencia de 745.718 galones adicionales de diésel que han sido vendidos por Fuelcorp S.A. y cuya procedencia no está clara. Pero se sabe que la empresa de Aquiles Álvarez le vendió a Fuelcorp S.A. 2.183.546 galones de diésel, sin autorización. También la firma Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. le vendió combustible a Fuelcorp S.A.. pero no se ha revelado la cantidad.

Por estos motivos, Erreyes pidió a la Fiscalía investigar un posible comercio ilegal de combustibles.

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