Ecuador: ¿Son un lujo los vehículos municipales?

Suertes distintas tienen los concejales de las dos ciudades más pobladas del Ecuador. Así, la edil de Guayaquil Ana Chóez se compró un Kia Picanto, que paga en cuotas, para sus recorridos semanales a zonas como la Cooperativa La Germania, que visitó el miércoles. Mientras, en Quito, cada servidor con el mismo cargo de elección popular dispone de vehículo y chofer.

Los concejales son funcionarios públicos elegidos cada cuatro años. Ganan más de 2.000 dólares al mes. Deben legislar, fiscalizar e intervenir en comisiones o delegaciones.

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En Quito, el martes 13, se entregaron vehículos tipo SUV, marca DFSK, modelo Glory, a los conductores de los concejales; aunque algunos afirmaron que se quedarían con los viejos. Cada uno costó 17.600 dólares.

También Pabel Muñoz cambió su anterior automotor por una Chevrolet Trailblazer, de 5.8 cc, que cuesta 58.891 dólares. Al respecto, consultado por EXPRESO, el alcalde precisó: “No es blindado. Fíjese, que dos días después del asesinato del alcalde de Manta, la Policía me dijo dos cosas: que acepte su protección y que con un carro de 1.600 cc no podrían actuar”.

“¿Cuál es el costo promedio de los blindados de otras autoridades? Son 120.000 a 150.000 dólares”, anotó. El martes, a las 22:00, su equipo de seguridad trató de impedir que el fotógrafo de este medio registre el ingreso del alcalde al carro, luego de una entrega de obras en Tanda, en donde fue entrevistado.

¿Se justifican las compras de blindados?

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) cuenta 17 atentados (cuatro alcaldes asesinados), de junio 2022 a mayo de este año.

Hace algo más de un año, el anterior gobierno eliminó la prohibición de que alcaldías y prefecturas adquieran vehículos blindados a través del catálogo de compras públicas. Alcaldes como el de Cuenca, Ibarra y Manta tienen carros blindados, comprados con dinero público.

Así también el de Durán, quien adquirió dos blindados por 268.050 dólares, según la web del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Y el del Tena, un 4x4 por 65.563 dólares, que reemplaza a uno del 2018.

El alcalde de Cuenca, Christian Zamora, adquirió un blindado Chevrolet Tahoe por 172.387 dólares. El concejal Xavier Bermúdez ha sido de los más críticos por la compra, porque dice que hubo un direccionamiento a una marca. Además, cree que el pago por combustible será muy alto, con un motor de 5.300 cc. Y que se debería usar el recurso en obras de asfaltado, alcantarillado y en sistemas de seguridad.

Sobre eso, desde el Municipio se indicó que al cambiarlo por el Toyota del 2006 gastarán incluso menos. “Como todo carro nuevo es más eficiente, antes era un galón por cada 20 kilómetros, hoy de 30 a 35 km”.

Bermúdez contó que en Cuenca cada concejal dispone de un vehículo y un chofer. Él tiene asignado un Grand Vitara del 2000, otros compañeros cuentan con camionetas. “No creamos normas desde el escritorio, hay que ir a los barrios”, dijo defendiendo la asignación.

Desde Ibarra, la concejal María José Monge contó que no tienen vehículos, pero que pueden solicitarlos, con tiempo, del patio municipal. En su caso, preside el concejo cantonal de salud, por lo que va a recorridos con brigadas de psicólogos, nutricionistas y médicos en una camioneta que adquirieron hace dos meses. De forma unánime, subrayó, el Concejo aprobó la compra de un blindado para el alcalde Álvaro Castillo, por 149.990. “El otro era un Toyota, que cumplió doce años”.

En Manta, tras el asesinato del alcalde, se compró un Toyota blindado, por $ 136.600.

¿Qué pasa en Guayas?

En Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador, con 2,7 millones de habitantes, los concejales no tienen oficina, solo un cubículo. Ana Chóez, del PSC, dice que su silla incluso está rota. “Debemos dar ejemplo. No creo en la parafernalia del poder, en los ostentosos y diferentes a los ciudadanos”, reflexiona. Al llegar al Concejo preguntó si le podrían prestar un carro para sus recorridos y le dijeron que era complicado. Luego de unos meses compró a crédito un Kia Picanto.

Chóez acude a los barrios con dos amigas; una toma fotos, otra vigila que no pase nada extraño. Los fines de semana va con un amigo. Le gustaría que se haga un seguimiento del uso de carros municipales, ya que directores sí tienen carro a su disposición. “Yo crecí en el Guasmo Sur, sé cuál es la realidad. No vengo de la televisión o la farándula, soy politóloga, con maestrías en administración y política pública. Para mí es importante ir a los barrios”.

EXPRESO confirmó con el departamento de Comunicación de la Alcaldía que los concejales no acceden a vehículos municipales. También contestaron que el alcalde Aquiles Álvarez se mueve con su propio automotor.

Ni el alcalde de Playas ni uno de los concejales contestaron llamadas y mensajes. Gabriel Balladares ha recibido amenazas de muerte, según ha dicho.

En Samborondón, según Elena Scheelje, los concejales no cuentan con transporte municipal; lo pueden pedir esporádicamente. Ella se moviliza en su vehículo particular y costea el combustible. “Sí hay violencia. Han fallecido concejales alternos. Pero no tenemos recursos para invertir en ese rubro; estamos arriesgando nuestras vidas como servidores públicos. También el alcalde maneja su carro particular y tiene seguridad privada, según conozco”.

¿Y en Esmeraldas?

El alcalde Vicko Villacís se transporta en un Chevrolet Tahoe blindado propio. El Municipio solo costea el combustible. “¿Cómo voy a comprar un carro para mi uso personal en lugar de adquirir una pala mecánica?”, respondió.

“Esmeraldas está en un proceso de transformación. Nuestro eslogan es ‘Esmeraldas cómo te quiero’. El Gobierno nos debe 5 millones de dólares. Tenemos la Refinería, producimos para todo el país y el presupuesto es de 18 millones de dólares anuales; está mal calculado. Machala tiene similares condiciones y le dan 96 millones. A Quito y a Guayaquil, más de mil millones”.

Los concejales, sostiene Villacís, quieren sacar adelante a Esmeraldas. Usan sus propios vehículos y cuando deben llevar equipos, como palas, a un poblado, usan camionetas.

“No critico decisiones tomadas en otras ciudades, pero acá, con 300.000 habitantes, aún debo pagar por recolectores de basura comprados en la administración pasada”.

Polémica por compra sigue en Quito

A 300 kilómetros de distancia, en el Distrito Metropolitano de Quito, la polémica por la renovación de los vehículos para los 21 concejales se mantiene. “Hay 65 parroquias, 33 de ellas rurales. Tenemos que llegar casi hasta Cayambe, de Píntag a Nanegalito”, justifica el alcalde Pabel Muñoz.

Además, según Muñoz, llegó a la Alcaldía con “26 carros destruidos”. Por un carro de los concejales, en lo que va del 2024 se han pagado 18.000 dólares en mantenimiento. En 12 meses estará más que justificada la compra de un automotor”.

Al respecto, el exalcalde Paco Moncayo anota que en medio de la polémica por la renovación de la flota de carros para el Concejo Metropolitano, dicen: “antes los concejales no cobraban”. Claro, increpa, eran terratenientes, grandes empresarios, entonces no requerían un salario para cumplir con sus funciones. “La democracia implica que lleguen personas de escasos recursos. En mi gestión hubo un edil que al terminar su período volvió a ser taxista”.

“Que tengan carro y comodidades, pero que trabajen en la ciudad, me angustia el desorden en el Centro Histórico, yo lo dejé hecho una joya; además, veo casas por todos lados, no hay control”, opinó Moncayo.

En Latacunga, no hay carros asignados

En Latacunga, señala el concejal Marco Pila, no cuentan con vehículos asignados de forma personal. Pueden usar el parque automotor municipal, previo a un pedido. “Creo que hay que optimizar los recursos públicos, pero también que las realidades son distintas en otros cantones como Saquisilí, Ambato y Cuenca. Mucho más en ciudades más grandes del país”.

Pila cuenta que en el Municipio de Latacunga todos los concejales pueden solicitar los vehículos para sus desplazamientos para actividades en barrios e invitaciones en comunidades, con unas 24 horas de anticipación. Él lo hace, usualmente, una vez por semana, entre las 08:00 y 17:00. Los demás días se mueve con su propio carro. 

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“Quito tiene casi tres millones de habitantes. En Latacunga hay solamente 77.200 habitantes, tampoco el área es tan extensa. Por eso no podría comparar las necesidades de otro cantón”, insistió. Y comentó que el tema de la movilización del Concejo Municipal le compete a Talento Humano y al área administrativa. Pero él considera que ellos cuentan con el transporte adecuado para desarrollar su función.

El concejal Marco Pila vive a 20 kilómetros del Palacio Municipal de Latacunga, así que muchas veces se moviliza en transporte público o camina. “Latacunga no es una ciudad muy grande. El Parque Vicente León es el centro económico y financiero. En tres cuadras se desarrollan las actividades”.

Según el concejal Pila, el alcalde Fabricio Tinajero también utiliza carros del Municipio para transportarse, con una planificación. No tiene un auto blindado”.

“En Loja no tenemos privilegios”: Pablo Carrión

“No creo que se justifique utilizar recursos del cantón para una actividad particular, que es parte de nuestro trabajo como concejales. Todos los días tenemos reuniones en barrios o invitaciones académicas”, comenta Pablo Carrión, concejal de Loja. Según afirma: “Nunca ha existido el privilegio de que nos brinden transportación. Tampoco tenemos altos índices de inseguridad que lo justifiquen”.

Según Pablo Carrión, el alcalde Franco Quezada usa el mismo vehículo que sus antecesores, una “modesta camioneta, no es de alta gama”, como los directores departamentales del Municipio.

En Loja, el sueldo de un concejal es de 2.070 dólares mensuales. Los ediles se apoyan cuando tienen que acudir a parroquias rurales como Quinara. Hace dos viernes, tres compañeros pusieron a disposición sus vehículos. “Pagamos la gasolina y alguna golosina para el viaje”. Lo hacen una vez al mes.

“El concejal de escritorio está muerto. Debemos salir a las comunidades para hablar de las ordenanzas a los involucrados o afectados; también para fiscalizar. No se puede trabajar vía satélite, cómo sabríamos si se está administrando adecuadamente un mercado si no conversamos con los vendedores”, señala Carrión, médico de profesión. Aún, dice, hay algunos problemas por solucionar, como el control y las opciones para los trabajadores autónomos. Así como la falta de agua en algunas zonas, pese al Plan Maestro de Agua.

“Uso mi vehículo y pago por el combustible”

“Nosotros los concejales de Jipijapa (al sur de Manabí) nos movilizamos de manera particular, yo conduzco mi vehículo y cubro el pago del combustible para los recorridos, que son parte de mi gestión. A ninguno de nosotros le han asignado un auto ni un conductor”, cuenta Wilmer González.

Para el concejal de Jipijapa, población con 45.000 habitantes, parte de su trabajo implica desplazarse a las comunidades, en muchas ocasiones lejanas.

“Nosotros no disponemos tampoco de asesores ni de secretarias, ni de nada. Así que debemos planificar solos las visitas. La concejalía no es un trabajo de oficina. Fuimos elegidos como fiscalizadores y legisladores de la comunidad. Así que debemos tener tiempo para atender todos sus requerimientos”, anota.

La semana pasada, contó el concejal, visitó la parroquia Pedro Pablo Gómez. “Nosotros los concejales no solo trabajamos de lunes a viernes, la mayoría de veces la gente nos pide acudir a reuniones los domingos”.

Según comenta, de forma constante le piden que les ayude a gestionar obras de vialidad, sistemas de agua para consumo, problemas de alcantarillado y falta de energía eléctrica. “Incluso, los oriento, les indico qué trámites pueden hacer”.

A González le parece correcto que la alcaldesa cuente con movilización. Pero le gustaría que se vigilen los recursos que se entregan a los servidores administrativos: no solo vehículos, sino viáticos y hasta pasajes de avión. “Sí deberíamos tener unos cuantos vehículos para desempeñar nuestro trabajo. Algunos compañeros no cuentan con transporte propio”.

ENTREVISTA

“El uso de bienes públicos se debe vigilar”

Edison Mafla, profesor de gestión pública local en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es parte de un programa de fortalecimiento de los GAD.

Los concejales son servidores públicos. ¿Hay que proporcionarles movilización, además del sueldo?

El uso de los bienes públicos debe estar amparado en ordenanzas, que tienen que ir en relación con la normativa nacional vigente. Pero además es importante analizar el costo-beneficio de proporcionarle un vehículo al concejal.

¿Cómo medir eso?

Todo Concejo Municipal tiene que asignarle un rol a cada concejal, existe un plan operativo anual. Esos elementos ayudarán a hacer una evaluación más racional y menos pasional. Podemos comentar que no se lo merecen e incluso decir que determinado concejal, a mi juicio, no trabaja. Pero eso cae en el ámbito de la pasión y lo visceral. Lo que debemos analizar son los productos, los resultados que entregan y si generan programas, etc.

Desde hace un año, los alcaldes y concejales, inclusive candidatos, han sufrido atentados. Hay víctimas. ¿Eso justifica la compra de carros blindados, por ejemplo?

El vehículo podría parecer un bien ostentoso. Pero las autoridades locales enfrentan inseguridad y violencia al estar interactuando con muchos sectores y por las delegaciones a su cargo. Por eso es prudente que tengan un vehículo, si el gobierno local puede costearlo. En algunos casos hace falta que se les brinde resguardo.

Cuando el país encara una crisis económica, ¿se debe priorizar la realización de obras en lugar de la compra de vehículos para el Concejo Municipal?

Los concejos municipales deben tomar esas definiciones, si consideran que brindar beneficios o facilidades a sus integrantes implicará un mejor desempeño en sus funciones sustantivas. Además, los alcaldes o los presidentes de las juntas parroquiales o prefectos tendrían que contar con una estrategia para hacer control político y social al uso de estos bienes. Insisto en evitar las valoraciones subjetivas.

¿En el Cootad existe alguna regulación en torno a la compra de bienes para el uso de los concejales y alcaldes?

La gestión de lo público se rige por una normativa expresa, que va acompañada de una premisa, todo lo que se encuentre escrito tiene que ir entre la legalidad y legitimidad; que tiene que ver con legalidad, gobernanza y condiciones de confianza. Las rentas del gobierno local, el pastel llamado presupuesto, determina que máximo el 30% es para gasto corriente y mínimo el 70%, para inversión.

¿Es decir?

Mínimo el 70% de lo que un GAD recibe como presupuesto del Estado y por autogestión debe destinarlo a inversión: obra, infraestructura, consultorías. Los bienes implican una planificación del gobierno local; los autos tienen un período de vida útil y son parte de una planificación.

Si no se estuvieran usando correctamente los recursos de un GAD, ¿a qué ente le compete vigilarlo?

Los bienes de uso público tienen la vigilancia interna de auditores y administradores del propio gobierno local y además están expuestos a la mirada de agentes de control de lo público, la propia Contraloría, Fiscalía y Procuraduría.

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