Son pobres pero eructan a pavo | Análisis de Roberto Aguilar

En la práctica, son un subsidio más, y no de los menos onerosos para el bolsillo de los contribuyentes. Los contratos colectivos de las empresas estratégicas del sector público le cuestan al país 400 millones de dólares al año. Además, contribuyen a la consolidación de una casta de privilegiados, consagran la desigualdad de los ecuatorianos ante la ley y avalan la ineficiencia. Por si fuera poco, provienen de procesos de sospechosa legalidad o directamente son, en gran medida, ilegales en sí mismos. 

Se escudan en una trama tan espesa de leyes y reglamentos, sentencias constitucionales y antecedentes judiciales leídos a medias y citados a conveniencia por los sindicalistas y sus tinterillos, que se requiere un verdadero especialista para desbrozar esa jungla de intrincados y retorcidos argumentos. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha tenido que echar mano de toda su experiencia de años como litigante en derecho laboral para plantarle cara al monstruo. El resultado es una torre de documentos que presentó el lunes pasado en la Contraloría, con una solicitud de examen especial para los contratos colectivos de CNEL, Celec, CNT y Petroecuador, así como el pedido de determinar responsabilidades administrativas, civiles y (cosa que ella cree que se puede encontrar al menos en los tres primeros casos) penales. Su intención es dejar esos contratos sin efecto. Este puede ser el principio del fin de los sindicatos dorados.

Técnicos de mantenimiento mecánico o asistentes de operaciones que ganan más del doble que el presidente de la República (en marzo pasado, este Diario publicó el caso extremo de un jefe de Tesorería del Celec en Esmeraldas que llegó a recibir 13 veces más que el presidente); pagos adicionales equivalentes a un salario mínimo para cada hijo menor de siete años por concepto de guardería; bonos para compras en comisariatos; bonos de antigüedad que fácilmente pueden duplicar el salario original de los trabajadores; bonos educativos para cada hijo y créditos obligatorios para estudios de tercer nivel que pueden llegar hasta los 15 mil dólares, como ocurre en CNEL; bonificaciones por concepto de transporte, de vacaciones, de gastos funerarios… Y, para que todo sea perfecto, la joya del contrato colectivo nacional, la perla de la legislación laboral correísta, la abstrusa, esotérica, metafísica “remuneración variable”.

La remuneración variable, que la ministra Núñez pretende eliminar del sistema de contratación pública, no es una bonificación cualquiera. Es, casi casi, el alma del negocio. La correísta Ley Orgánica de Empresas Públicas la consagra como uno de los “principios que orientan la administración del talento humano” de esas empresas y dice (la redacción es una joya) que está orientada “a bonificar económicamente el cumplimiento individual, grupal y colectivo de índices de eficiencia y eficacia, establecidos en los reglamentos pertinentes, cuyos incentivos económicos se reconocerán proporcionalmente al cumplimiento de tales índices, mientras estos se conserven o mejoren, mantendrán su variabilidad de acuerdo al cumplimiento de las metas empresariales”. 

No se preocupe el lector si no lo entiende: no quiere decir nada. El despropósito gramatical dinamita cualquier significado. Especialmente aquello de “mantendrán su variabilidad” (¿equivalente a “variarán su mantenimiento” o todo lo contrario?) es un absoluto enigma. En la práctica, este fárrago se traduce en que los suscriptores de un contrato colectivo obtendrán una bonificación por cumplir con su trabajo.

Esa bonificación, según han establecido los contratos, no puede ser menor a la remuneración mensual de quien la recibe. En otras palabras, la legislación correísta inventó el décimo quinto sueldo para los miembros de su sindicato. Y el mismo artículo de la ley establece que tal privilegio “no podrá considerarse como inequidad”. Una belleza: la inequidad deja de serlo por mandato legal. El caso es que, en un país que pierde anualmente 240 millones por ineficiencia y corrupción en el sector eléctrico (según el propio ministerio de Energía), los trabajadores del CNEL cobraron 44 millones por remuneración variable (que se supone premia la eficiencia) entre 2015 y 2020. Richard Gómez, secretario del comité de empresa, se queja: le parece poco.

La Central Unitaria de Trabajadores y su negocio

Hablando de sindicatos, no hay que olvidar que todo esto es un gran negocio para la CUT. Reactivada por Rafael Correa para dividir y neutralizar al FUT, la Central Unitaria de Trabajadores recibe en su seno a los trabajadores sindicalizados del sector público que se benefician de contratos colectivos y les cobra un aporte equivalente al 0,5 por ciento de sus ingresos (los respectivos comités de empresa de cada organismo cobran, además, un aporte fijo de unos 7 dólares). 

Considerando un universo de 27.813 trabajadores pertenecientes a CNEL, Celec, CNT y Petroecuador, el total de dinero recolectado por la CUT da para hacerse rico. En abril pasado, según cifras proporcionadas a este Diario por el Ministerio del Trabajo, alcanzó los 192.680,85 dólares, lo que significa un ingreso anual superior a los 2,3 millones. No es extraño que la CUT le haya declarado la guerra a la ministra Ivonne Núñez y que su presidente, Richard Gómez, que también es secretario del comité de empresa de CNEL, haya decidido resistirse a sus acciones hasta con medidas de protección y demandas constitucionales.

Fraude y corrupción en el cambio de Régimen Laboral

El origen de este problema (aupado por la legislación correísta que hace atractiva la modalidad de los contratos colectivos y por la permisividad y corruptibilidad del sistema judicial) se sitúa en noviembre de 2017, cuando arrancó un proceso fraudulento de cambio de régimen de miles de trabajadores de las cuatro empresas estratégicas del sector público. Personal regido por la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) fue trasladado al régimen del Código de Trabajo con el fin de acceder a los beneficios de los contratos colectivos. En Celec, por ejemplo, 1.080 trabajadores hicieron ese traslado con un costo de 200 millones de dólares para el Estado. Se supone que, para completar este proceso, es necesario un estudio técnico de parte de la empresa y un informe favorable del Ministerio de Trabajo. La Ley Orgánica para las Finanzas Públicas obliga, además, a contar con un informe vinculante del ministerio rector de la economía. 

Ninguno de esos requisitos se cumplió en este y otros casos. Para esquivarlos, los sindicatos recurrieron al más socorrido de los procedimientos consagrados por el sistema de corrupción judicial ecuatoriana: solicitaron acciones de protección. Y por supuesto que encontraron jueces que se las concedieran.

Un juez del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, autorizó el traslado de más de 1.500 trabajadores de CNT, del régimen de la Losep al del Código de Trabajo, con un costo de 100 millones de dólares para el Estado. Otro, de Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, hizo lo propio con un número parecido de trabajadores de CNEL. La reversión de estos procesos acarrea una compleja batalla legal en la cual la ministra Núñez ha tenido que litigar personalmente y que todavía no ha concluido. El hecho de que la Ley de Empresas Públicas carezca de reglamento (una ventajosa omisión que la ministra dice estar a punto de corregir) complica las cosas. Se espera que el examen especial de Contraloría sea la pieza maestra que contribuya a la eliminación de estos contratos colectivos.

Mientras tanto, los sindicatos continúan burlándose de la ley. Aunque la Losep establece con claridad que los contratos colectivos pueden tutelar exclusivamente a los obreros, de ningún modo a funcionarios y demás personal administrativo, esto no se cumple en ningún caso. Simplemente, los funcionarios se hacen pasar por obreros. “Esas empresas parecen fábricas”, bromea Ivonne Núñez. En CNEL, por ejemplo, solo 191 de sus 6.322 empleados (el 3 por ciento apenas) no están sujetos al régimen del Código de Trabajo. Los beneficios de los 6.131 restantes le cuestan al contribuyente la bicoca de 73 millones de dólares al año, incluyendo tres subsidios: comisariato, antigüedad (que duplica los ingresos de los suscriptores del contrato) y cargas familiares. Una auténtica aristocracia en el seno del proletariado.