¿Cuáles son los retos en seguridad para el 2025?

En Ecuador se han registrado 6.547 homicidios intencionales entre enero y mediados de diciembre de 2024, 1.291 casos menos que el mismo período del año anterior. Cifras que son destacadas por el actual régimen que busca ser elegido en febrero próximo.

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Sin embargo, expertos recomiendan que, para garantizar la seguridad de forma integral en Ecuador, es necesario tomar en cuenta al menos cinco aspectos para una verdadera reducción de la violencia criminal.

El experto en seguridad pública y defensa del Estado, Diego Pérez, enfatiza que es necesario que el siguiente mandatario muestre un plan de seguridad que permita observar resultados a largo plazo. La idea es que la comunidad en general, que está integrada por diferentes sectores, pueda llevar un registro del cumplimiento de los objetivos.

“Un plan que garantice una hoja de ruta que permita cumplir los pasos ordenadamente. Algo que no hable de la perspectiva de los próximos seis meses, ni de los siguientes 4 años; sino como objetivos nacionales permanentes para que los gobernantes del futuro puedan trabajar desde lo construido”.

Para ese punto, es fundamental que existan acuerdos políticos serios que plasmen el compromiso de salvar la reputación del país de forma honesta y mancomunada. “Esto va más allá de un simple acuerdo político por un período de gobierno. Es un mapa amplio que garantice la participación y su respaldo a un verdadero plan de seguridad”, acotó.

Luego de ello, viene lo que denominaron redemocratización “en el eje Estado - sociedad en el ámbito de la seguridad” porque en 2024 se ha blindado con hermetismo la política pública de seguridad y consideran que los pobres resultados no avalan este tipo de posturas adoptadas con la declaratoria de la guerra interna.

Para esa acción se necesita una depuración no solo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional sino de las instituciones relacionadas con la seguridad, tales como el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) entre otros.

Julio Ballesteros, ex viceministro del extinto ministerio de Justicia, pondera que no se debe dejar de lado el problema penitenciario. “Hay que poner orden, separar por tipo de delito y peligrosidad, sino no sirven de nada los traslados que hacen. La forma de llegar a ello es con un censo, organizarlo y ejecutarlo, porque el que se hizo está incompleto, demorará y podrá ser hasta doloroso, pero si no se empieza nunca cambiará”.

¿Qué se necesita para concretar los desafíos en seguridad?

Todos concuerdan en que las acciones antes mencionadas son desafíos que solo pueden ser enfrentados si se garantiza una inversión y recursos para cumplir con estándares internacionales.

Pero Santiago Acurio, experto en seguridad digital y ciberdelitos, expone que dicha inversión debe estar acompañada de la dotación de tecnología y capacitación no solo de las fuerzas del orden sino de fiscales, jueces y más actores que deben cumplir acciones contra crímenes.

“Por lo menos en la función judicial no hay jueces preparados en ciberdelitos, en la fiscalía hay uno de la unidad que se abrió y se desintegró, no sé qué pasó ahí. Y eso da pie a que exista corrupción no solo por las vulnerabilidades del sistema, sino porque al tener archivos manipulables, pueden ser usados de forma incorrecta”.

Agregó que se debe desechar la idea de que los crímenes informáticos solo deben ser manejados en los ministerios de Defensa o Telecomunicaciones.

“Se trata de un esfuerzo coordinado entre las instituciones para no dar cabida a los espacios corruptos. Es también madurar como sociedad y trabajar en conjunto entre los sectores público y privado; porque a todos nos beneficia mostrarnos seguros y modernos para desarrollarnos como nación”.

Otros desafíos

1. PROGRAMA. No solamente un plan de trabajo, sino un estudio que determine las acciones urgentes en seguridad.
2. ACUERDOS. Lograr la unión de los sectores políticos para trabajar por una sola causa a favor del Ecuador.
3. TRANSPARENCIA. Que los ciudadanos puedan fiscalizar el cumplimiento de lo prometido y conocer el plan de seguridad.
4. DEPURACIÓN. Separar y sancionar a los malos elementos de todas las instituciones relacionadas a la materia.
5. INVERSIÓN. Buscar el financiamiento en caso de no contar con los recursos para la ejecución del plan.
6. CONCILIACIÓN. El Estado debe reconocer su error y acercarse a la ciudadanía reparando los daños.

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